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Julián Rodríguez, responsable del espacio Zona Franca, en los medios del Grupo El Progreso.

Mafo y la cruz de las cajas

La imputación del exgobernador del Banco de España supone un juicio a todo el sistema

CUANDO UNA empresa decide salir a Bolsa, en lo que se entiende como una Oferta Pública de Venta, el folleto de admisión a cotización no es tal. Todo menos un breve prospecto. Se trata de una auténtica (en teoría) y pormenorizada radiografía de la compañía: permite conocer con detalle a sus accionistas y las vinculaciones que tienen, sus fuentes de ingresos y beneficios, sus proyectos de crecimiento, la estructura de su deuda... En síntesis, es un enciclopédico certificado de fe de vida que posibilita al mercado, al futuro accionista, conocer realmente en lo que va a invertir. Todo esto es un decir, casi una definición de manual que no va más allá de eso. Lo demuestra la salida a Bolsa de Bankia. Para ello ha hecho falta que medie la justicia, en concreto la Audiencia Nacional, y un auto de imputación de nada menos que quien fue todopoderoso gobernador del Banco de España entoces, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, Mafo, al que se une Julio Segura, entonces al frente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ambos, al margen de otros imputados, encarnaban dos ejes del sistema hasta entonces con poder incontestable: la supervisión bancaria y la autoridad bursátil. Nada menos.

Repasar ahora el reciente auto de imputación de ambos, nombrados por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y cuando Elena Salgado estaba el frente del Ministerio de Economía, representa toda una enmienda a la totalidad de la gestión pública de la crisis de las cajas de ahorro. La vía penal se abre paso a golpe de correos electrónicos, los elaborados por los inspectores y enviados a sus superiores, que advertían de la inviabilidad de la salida de Bolsa de Bankia, "una máquina de perder dinero", como la definían por escrito. "La salida a Bolsa no funcionará, y creará un quebranto para el contribuyente", escribían los inspectores, que apostaban por su venta por un euro a un tercero, preferiblemente extranjero, que asumiese su multimillonario pasivo.

Mafo, que hasta ahora ha guardado un sepulcral silencio solo roto a través de un decepcionante libro titulado Economistas, políticos y otro animales, prefirió la omisión a la acción. Mirar para otro lado, dice el auto. Patadón y balón hacia delante, a la espera de que la crisis del ladrillo, detonante primero de la financiera, escampase y sonase el pitido final del complicado partido.

El juicio al sistema que abre la imputación de Fernández Ordoñez es una etapa más en un camino lleno de incógnitas, que tiene en la crisis de la cajas gallegas uno de sus grandes interrogantes. ¿Por qué Mafo no pisó la comisión de investigación creada en el Parlamento gallego? ¿Qué hubiera sido de Caixa Galicia en una integración por la que apostaba el entonces gobernador, en una suerte de fusión fría, con Caja Madrid y Bancaja, en lo que luego sería Bankia? ¿A qué respondía esa confianza plena en Fernández Gayoso y su equipo, desde Caixanova, para liderar una fusión que aceptó a regañadientes y que era, ciertamente, contra natura? ¿Por qué no habló con Núñez Feijóo y tampoco contestó a sus misivas? ¿Por qué el Frob, hijo menor del Banco de España, envía ahora a la Fiscalía Anticorrupción operaciones supuestamente irregulares que el propio instituto emisor ignoró?

Quizá, el único acierto de Fernández Ordoñez en la crisis de las cajas gallegas resida en el oportuno veto a José Luis Méndez para liderar la integración de Caixanova y Caixa Galicia. Sin embargo, uno acabó con un retiro dorado sin dar explicaciones de una temeraria gestión y otro, su enemigo del sur, en A Lama cumpliendo condena.

Todo esto no dejaría de ser solamente un fraude de dimensiones magníficas si no fuera por el rescate bancario, que lo cambia todo. Nacionalizar las pérdidas y los errores, los excesos y las irresponsabilidades... Eso es lo que ha pasado con nuestro sistema financiero. Sin ir más lejos, Julio Segura y su equipo, al frente de la CNMV, fueron quienes validaron masivas emisiones de participaciones preferentes realizadas por las cajas gallegas (y por muchas más) en su loca huida a ninguna parte. Esos folletos de emisión, en este caso, estaban registrados y chequeados por la propia autoridad bursátil, sin que el propio Segura moviera un dedo. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que se volvió a mirar hacia otro lado cuando se trataba de sostener un sistema que hacía aguas ya, y que necesitaba capital de máxima calidad, las preferentes, para sanear sus balances en la antesala de la crisis.

Las comisiones de investigación, como la activada en el Congreso, deberían cambiar de nombre. Y como en Argentina, Paraguay o Chile, pasar a denominarse comisiones de la verdad. Porque las víctimas de esos crímenes solo quieren eso. La verdad.

Mafo y la cruz de las cajas
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