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Julián Rodríguez, responsable del espacio Zona Franca, en los medios del Grupo El Progreso.

Los retos de los municipios

Raquitismo fiscal, mancomunidades y transferencias y subvenciones, obligadas revisiones

Día de votación. SEBAS SENANDE
Día de votación. SEBAS SENANDE

A RIESGO de pecar de categóricos, no resulta una conjetura desacertada decir que casi nadie acude a votar en unas elecciones municipales pensando en los números, a no ser que su ayuntamiento esté en quiebra y no pueda ni prestar los servicios más básicos. Todas las miradas apuntan a los candidatos, las personas, y sus partidos, envueltos en las banderas de determinadas formas de hacer política. Por ejemplo, el pasado domingo, en las elecciones municipales, estaba en juego en Galicia un tercio de todo el presupuesto anual de la Xunta. Las cuatro diputaciones gallegas y los 313 concellos suman un presupuesto de 2.760 millones en 2019. En cuatro años serán unos 11.000 millones de recursos públicos a manejar si tenemos en cuenta ese nivel de gasto de este ejercicio.

A la hora de votar, en los números apenas se repara, una ecuación que resulta directamente proporcional a los retos pendientes que tienen los concellos gallegos. Tampoco parece el momento de hacer balance de las grandes lagunas que tiene el municipalismo gallego. Bien es cierto que todo esto va por barrios en una comunidad en la que conviven 313 ayuntamientos, de los cuales un 60% cuenta con menos de 5.000 habitantes. La Galicia dual se constata al observar que las siete grandes ciudades concentran más de un millón de habitantes, de los 2,7 millones censados, población que aumentaría considerablemente de tener en cuenta las áreas de influencia de dichas urbes.

Hecha esta salvedad, en la que repararía cualquier auditor, los problemas de los municipios gallegos semejan siempre aplazados. Un estudio realizado en 2015, con motivo del arranque de la anterior legislatura municipal y provincial, establece un diagnóstico de situación que resulta perfectamente válido cuatro años después, lo que revela lo poco que ha cambiado desde entonces en los concellos gallegos. Todo un síntoma. Los autores, los profesores Concepción Campos Acuña y Alberto Vaquero García, del proyecto Red Localis.

Los firmantes de ese estudio de plena vigencia ahora fijan un decálogo de retos de futuro que llama la atención, sobre todo porque los grandes problemas de los municipios siguen siendo los mismos. En primer lugar, la revisión de la planta local. 

Suprimir un municipio, en cuanto ente administrativo, no supone que desaparezca el núcleo de población que le sirve de base y, por tanto, la necesidad de prestación de servicios. Del mismo modo, la fusión de dos ayuntamientos ineficientes no producirá el nacimiento de uno solvente. Solo este apunte sirve para pasar página sobre las fusiones de concellos, en la agenda la pasada legislatura y, sin duda, hijas de la crisis.

Los autores ponen el acento en otras cuestiones. Por ejemplo, la capacidad fiscal. El modelo tributario de las entidades locales se basa en un sistema implantado en la década de los años cincuenta y sesenta, con algunos retoques, sin que se haya abordado en profundidad su revisión. "Un aplazamiento sistemático convertido en obstáculo insalvable", dicen. En Galicia, hasta la llegada de la crisis y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, dos elementos amortiguaban esta situación: las licencias urbanísticas y los ingresos derivados de la implantación de parques eólicos. Y estas dos palancas se esfumaron casi al mismo tiempo.

Los problemas fiscales de los municipios gallegos vienen derivados de su raquitismo recaudatorio, un término bautizado en su día por el catedrático Xoaquín Álvarez Corbacho. En la mayor parte existe un deseo nada oculto por aplicar tipos bajos en los impuestos obligatorios (IBI, IAE o el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica). A la vez, dice el informe de Red Localis, es patente el escaso interés por utilizar figuras impositivas potestativas, como el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, el de las plusvalías, o el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Esto consagra una fuerte dependencia presupuestaria de las subvenciones, tanto de la Xunta como de las diputaciones, lo que explica buena parte de la inhibición fiscal de los municipios.

Otro dato pone de relieve una situación que raya la dependencia. La mayor parte de los ayuntamientos obtienen entre el 40% y el 60% de sus ingresos a través de subvenciones. Caso aparte el de las mancomunidades. El Consello de Contas, en sus informes, denuncia la inactividad en algunos casos. Y sus fines se ciñen a la recogida de basura, tratamiento de los residuos o prevención y extinción de incendios. Urge ampliar el marco de coooperación entre concellos. Puestos sobre la mesa los retos, nos quedan otros cuatro años para el cambio en la Galicia municipal. ¿Lo veremos? 

Con Alcoa hay de todo, incluso trampas
NO se lo merece ningún trabajador, y mucho menos si está al límite viendo a su empresa en una puja que decidirá su futuro y en la que cabe de todo, incluso embustes y trampas por parte de uno de los actores determinantes en el proceso, el Gobierno, que además desempeña el papel de árbitro.

Las intenciones son casi siempre indemostrables, pero esto va de hechos y palabras. Esta semana los trabajadores de la multinacional, e incluso responsables autonómicos, han visto cómo la palabra dada no vale nada. Fue la del Ministerio de Industria, nada menos. Y, claro, sucedió en plena vorágine electoral. Resulta que en marzo, el director general de Operaciones de Red Eléctrica advirtió públicamente que las plantas de A Coruña y Avilés no podrían presentarse a la inminente subasta de interrumpibilidad, esa que es media vida para las compañías electrointensivas. Al gabinete de Reyes Maroto le falto tiempo para salir al paso de forma categórica. Es una falsedad, zanjaron de inmediato. El final llegó dos días después de las elecciones municipales: las dos plantas no podrán participar en la subasta y ahora intentan explicarlo con mil razones jurídicas.

No solo es grave la situación al no poder presentarse, ya que los compradores de las plantas tenían esas primas en mente para el segundo semestre, cuando deben arrancar sus proyectos y las cubas. El problema es doble: estamos ante un ministerio que adapta la realidad a su medida y, como un chicle, la estira a conveniencia. Alguien debería estar pidiendo la dimisión de Reyes Maroto, aunque la de Industria sea la ministra con menos papeletas para repetir cartera.

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