LA crisis del secesionismo catalán y la conformación de bloques frente al conflicto parecen, a simple vista, los ejes centrales de la campaña de las generales del próximo 28 de abril. La corrupción se presenta como un problema muy lejano en el tiempo, con tantas caras nuevas como tenemos, y deja paso a lo sumo a cuestiones como la desigualdad social, el paro e incluso las rebajas de impuestos. Todos estos asuntos son trascendentes para Galicia, como lo es el futuro de las pensiones, las infraestructuras, la financiación autonómica o el declive demográfico. Sin ir más lejos, este fin de semana se oirán voces de toda España en Madrid clamando contra de la despoblación. Sin embargo, nada de esto parece ocupar la agenda gallega estas semanas. En nuestro caso, es la industria el epicentro del debate. La gran preocupación.
La evolución de la economía gallega se puede calificar de vigorosa en 2018. Un crecimiento del 2,8%, tres décimas por encima de la media española, con la creación de 19.000 empleos a tiempo completo. Por barrios, el sector industrial es uno de los motores del crecimiento, con una aportación del 3,8% al PIB, a años luz de la pesca o la agricultura (avance del 0,9%) y muy por encima de los servicios (2,5%), aunque inferior a la contribución de la construcción, que crece un 6,1%. Con estos datos en la mano, la crisis industrial semeja un espejismo, pura ficción. Y en absoluto lo es.
Por acción u omisión, grandes empresas como Alcoa, Ence, Naturgy, Ferroatlántica, Megasa e incluso Citroën han entrado en la campaña electoral. En algunos casos, el nexo de unión es la política energética de Madrid, cuyos bandazos no son algo nuevo, vienen de atrás, pero que sí ha pillado con el pie cambiado al Gobierno de Sánchez. Los tiempos se han cruzado en el calendario electoral, y los anuncios de cierre, por ejemplo de Alcoa en A Coruña y Avilés, fueron el primer aviso, que el Ejecutivo logró contener en diciembre. Ahora, el parche, es decir, el nuevo estatuto para la industria electrointensiva, ha dejado la herida como estaba y ha puesto a los pies de los caballos a los altos cargos del Ministerio de Industria. Fue el propio Núñez Feijóo quien aludió a la inviabilidad de Alcoa en San Cibrao, Ferroatlántica y Megasa con el marco energético actual. No tienen futuro, ha llegado a decir. Desde Alcoa, por ejemplo, no se disimula el cabreo y la reacción es la amenaza sin anestesia, ahora para Aluminio Español. ¿Consecuencia? Movilización social y política. En estas semanas, todos los partidos, desde En Marea a Ciudadanos, pasando por el PP, se han hecho la foto con los trabajadores de Alcoa, como en su día, en 2015, lo hizo un Pedro Sánchez en la oposición, y también la amenaza de cierre estaba sobre la mesa.
La elaboración de urgencia de un estatuto de consumidor electrointensivo es el primer acercamiento que hace un Gobierno para resolver el problema de los costes energéticos de la gran industria. Sin embargo, llega tarde y mal. Durante años, Rajoy capeó el problema con compensaciones a los costes por emisiones de CO2 y con subastas de interrumpibilidad, ayudas millonarias cuya periodicidad anual sembraba incertidumbre y, consecuentemente en el lenguaje de Alcoa, la continuidad de las plantas.
En el caso de Ence, otro claro frente en estas elecciones, la empresa es algo así como el sufridor, el espectador de la refriega, ahora muy activo pasando al ataque. Fue un gobierno en funciones, en 2016, el de Mariano Rajoy, quien aprobó la prórroga de la concesión hasta 2073, y es ahora, un gobierno con un pie en la campaña electoral quien opta por bajar los brazos y desentenderse del problema en la Audiencia Nacional. La Abogacía del Estado, en uno y otro caso, con cambios de postura en estos años, se retrata sola y evidencia lo maleable que es. Las crisis de Ence en Pontevedra son sinónimo de olor a elecciones. Forma parte del decorado cuando hay urnas a la vista.
Por si todo esto no fuera suficiente, con miles de empleos en juego, al nuevo director de la planta de PSA Citroën en Vigo le ha faltado tiempo para pedir que no se toque la reforma laboral. Ignacio Bueno asegura que se "demonizan" mecanismos de la legislación que, "en sí mismos, no son precarios", como la flexibilización. Y nada de la supremacía de los convenios sectoriales sobre los de empresa, dice, como se proponía el Gobierno de Sánchez a la hora de revertir la reforma del PP. No cabe más franqueza.
Y en todo este lío, una voz clama en el desierto. Es Fernando González Laxe, el expresidente, que desde el Foro Económico de Galicia pide una "estrategia de defensa del sector industrial" sin "individualismos políticos", al igual que "siempre" se hizo en el País Vasco. ¿Alguien le escuchará?
Para empezar, los ingresos de los trabajadores por cuenta propia en Galicia han caído notablamente en los últimos diez años, como los de los asalariados, en contraste con el incremento de las prestaciones. Pero en el dónde y en el qué están las claves. Resulta, según el informe de Novo Corti, que la localización del emprendimiento en Galicia se sitúa en las zonas rurales y en el sector primario, agricultura y pesca, "toda una singularidad específica", en su opinión.
"En 2017 el 10,6% de los hogares gallegos tenían ingresos provenientes del trabajo por cuenta propia, y ninguno de los ayuntamientos más importantes de Galicia llegaba a los valores promedios", dice estudio, que apunta a una concentración en áreas próximas a las ciudades, villas intermedias o zonas rurales. Ahora ya sabemos lo que es el emprendimiento en Galicia.
