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Julián Rodríguez, responsable del espacio Zona Franca, en los medios del Grupo El Progreso.

La cruz del Banco Popular

El juez de la Audiencia Nacional investiga la crisis desde 2012, año de la absorción del Pastor

UN DISCRETO y aparentemente gris director xeral de Política Financieira de la Xunta dio la primera pista el pasado verano en el Parlamento, aunque sus explicaciones pasaron en ese momento desapercibidas para el común de los diputados de la comisión de economía, enfrascados como estaban en buscar las razones de la absorción del Banco Popular por el santander, sin atender al origen de los problemas de la entidad. David Cabañó Fernández, que así se llama el prudente director xeral, situó en el año 2012 el inicio de los problemas del Popular. 

Hay "dudas que deben ser clarificadas en cuanto a la situación de la entidad", pues "era conocida su necesidad de capital", que fue "detectada en 2012", aseguró cabañó en su comparecencia, "por lo que cabe preguntarse por qué no se actuó antes», inquirió el alto cargo de la Xunta. Esa misma pregunta, aunque con consecuencias decididamente más determinantes, se la acaba de hacer también el juez Fernando Andreu desde la Audiencia Nacional. Y vuelve exactamente sobre el mismo año en un auto en el que encarga a dos peritos del Banco de España la investigación sobre determinadas operaciones realizadas por la cúpula del Popular, como las últimas ampliaciones de capital maquinadas a la desesperada.

¿Y qué es lo que quiere saber el magistrado remontándose tantos años atrás cuando la deriva del banco (y la ampliación de capital más controvertida) se consumó en 2016? Pues, entre otras cuestiones, reclama a los peritos que informen detalladamente de los "resultados del Banco Popular en los ejercicios de evaluación de la solvencia del sector bancario desde el año 2012". ¿Por qué la misma fecha en ambos casos? el alto cargo gallego y el juez de la Audiencia Nacional coinciden y apuntan en una misma dirección: el año de la compra del Banco Pastor por el Popular. 

Fue en octubre de 2011 cuando se anunció la integración, que no se consumó hasta el primer trimestre del 2012 mediante una oferta pública de aquisición. Ambas entidades comenzaron a operar como un solo banco a partir de junio de ese año, tras las pertinentes juntas generales extraordinarias que validaron la operación. Blanco y en botella.¿Fue una buena operación la absorción del Pastor por el Popular, como se vendió en su momento, o un rescate en toda regla disfrazado de compra? ¿Fue una integración aparentemente limpia y sin intervención pública más allá de las advertencias extraoficiales, a la vieja usanza, vamos? ¿Era imprescindible mantener indemne a la banca, y hacerlo a toda costa, cuando solo habían caído hasta entonces las cajas de ahorro? Ahora comenzamos a tener las respuestas, y emanan también de la Audiencia Nacional. Pronto conoceremos los detalles, cuando vean la luz los informes de los peritos del Banco de España. 

Muy poco se ha reparado hasta ahora en el impacto que tuvo la absorción del Pastor en el balance del Popular. Las inquietudes, sobre todo en Galicia, pasaron desde el minuto uno por las duplicidades de red, la reducción de plantilla, los costes de esa integración y el mantenimiento de la marca. Nada más. Las consecuencias, en síntesis. ¿Estaba herido de muerte el Pastor? ¿Llegó sobre la bocina a la absorción? 

El Banco de España, con la bendición del juez Andreu, dará oficialidad a una crisis bancaria que, como en el caso de las cajas, se larvó en Galicia en silencio, con tibias explicaciones y un constante mirar hacia otro lado. Lo cierto es que el Popular pagó por el Pastor unos 1.362 millones de euros. Lo hizo en acciones, pero con una prima (es decir, un sobreprecio) del 30% frente a la cotización del banco. Los riesgos del peso del ladrillo en el balance de la entidad gallega despertaron las dudas de los analistas desde el principio. en cuestión de un año, Ángel Ron y su equipo reconocían ante la comisión Nacional del mercado de Valores (CNMV) que el valor neto del Pastor era negativo en casi 500 millones. La limpieza del balance había ascendido a 3.343 millones, cuyo grueso se repartió entre la cartera de crédito (2.683 millones) y los activos inmobiliarios (853 millones). 

El Popular diseñó la absorción del Pastor antes del endurecimiento de la normativa sobre provisiones (los decretos Guindos). Y, a posteriori, sin recurrir a ayudas públicas ni colchones, comenzó el saneamiento de una entidad seis veces menor, pero muy malita. en ese momento se activó la primera de las ampliaciones de capital, por 2.500 millones. Luego vendría la más polémica, por las formas y los engaños. Era la huida. 

La del Popular es una crisis que hunde sus raíces en la del Pastor. Ahora solo falta que un juez reconstruya el naufragio.

Autonomías, quitas y deuda perpetua
Pasan los días y el lenguaje se moldea, acomodando la intensidad a la medida del cliente. Lo apunta Núñez Feijóo y lo reitera el ministro Montoro. La solución para la deuda autonómica pasa por su reestructuración. Nada de quitas, vienen a coincidir. sin embargo, hay mucha miga en todo esto. Como una empresa en concurso de acreedores, es decir, incapaz de hacer frente a sus compromisos, una comunidad autónoma con una deuda desbordante podrá optar por varias vías ante el riesgo cierto de impago. En síntesis, es lo que se estila cuando se habla de reestructurar la deuda de una compañía. En el caso de las comunidades autónomas incumplidoras, en un escenario económico inviable, esa reestructuración pasaría, por ejemplo, por prolongar los vencimientos, establecer períodos de carencia o condonar los tipos de interés, el coste de esa deuda. Y casi todos los caminos son legítimos, como en el mundo empresarial. La diferencia reside en que, en el sector privado, es un juez o un administrador designado por éste quien supervisa toda la tesorería. Mientras haya transparencia se podrá hablar de solidaridad, pero en ningún caso es admisible el recurso a la semántica y aludir, como se está haciendo, a la conversión de deuda autonómica en perpetua, que es como reconocer que ese compromiso existe pero admitir a la vez que nunca se va a exigir o ejecutar su devolución.

En Galicia sabemos mucho de solidaridad. Y aquellos que nos la reclaman ahora desde Madrid deberían practicarla para que todas las inversiones pendientes se ejecuten, ya que no en tiempo, sí al menos en forma. Esa es otra deuda a pagar.

Suso Mosquera: Adiós al líder sindical de la moderación y de la coherencia 
Fue algo más que un líder sindical. Suso Mosquera lideró UGT Galicia cuando los sindicatos eran fuertes, y no dudaban en plantar cara con huelgas generales a gobiernos amigos, como el de Felipe González. Aquello marcó un punto de inflexión, pero Mosquera, fallecido esta semana a los 74 años, siguió manteniendo un rumbo de coherencia que al final fue reconocido hasta por sus enemigos, que fueron pocos. Los Susos, con Díaz en CC OO, fueron una pareja estable que, con sus diferencias ideológicas, contribuyeron a construir el sindicalismo en Galicia. en sus tiempos la CIG no tenía ni de lejos la fortaleza actual, y eso permitió a UGT consolidarse como el primer sindicato de Galicia. Suso Mosquera se va, y con él no solamente su coherencia. También su paciencia, cordialidad y moderación, como muchos reconocen ahora. Lo que queda del movimiento sindical en Galicia pierde algo más que un referente.

Alfonso Rueda: Toca la reforma de la Lei do Xogo y otros asuntos pendientes
El vicepresidente de la Xunta tiene deberes encima de la mesa también a medio plazo, más allá de ese fuego que es la huelga indefinida de los funcionarios de Justicia, que no es asunto menor. El Parlamento, a instancias del PP, instará a la Xunta a la redacción de una nueva Lei do Xogo. La actual data de 1985, y con eso se dice todo. Alfonso Rueda tiene una oportunidad para que Galicia actualice la legislación y aborde las apuestas on line, por ejemplo, pero también asuntos pendientes que ahora parecen en el limbo, a pesar del desarrollo legislativo que impulsó su departamento. Es el caso de la apertura de hasta dos casinos satélites, a instalar en Santiago y en Vigo, que se corresponden con los proyectos diseñados por las empresas que explotan los del Atlántico y A Toxa, de comar y cirsa. el reglamento para las aperturas fue aprobado hace tres años. Y nada.

La cruz del Banco Popular
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