martes. 20.08.2019 |
El tiempo
martes. 20.08.2019
El tiempo

Julián Rodríguez, responsable del espacio Zona Franca, en los medios del Grupo El Progreso.

La amnesia de las cajas

Nada se sabe de la comisión que investiga las dos cajas al cumplirse seis años de su creación
comisión de investigación para analizar y evaluar la evolución económico-financiera de las antiguas cajas de ahorros
comisión de investigación para analizar y evaluar la evolución económico-financiera de las antiguas cajas de ahorros

UN manto de amnesia colectiva envuelve todo lo que rodea la mayor quiebra de la historia empresarial y financiera de Galicia. Con alguna que otra excepción: los trabajadores prejubilados y despedidos, los clientes engañados por la comercialización masiva de participaciones preferentes o las empresas atrapadas en una espiral de refinanciaciones que acabó son su viabilidad. Así se escribe la historia, cuando se cumplen exactamente seis años desde la creación de la comisión parlamentaria impulsada para investigar la quiebra de las dos cajas gallegas, Caixa Galicia y Caixanova.

Tras un cierre en falso que coincidió con la última cita electoral en Galicia, la comisión se reactivó en enero de 2017. Todo eran buenas palabras y decisión. Los trabajos en O Hórreo se retomaban tres años después de concluir las labores previas a la redacción definitiva de las conclusiones sobre lo que sucedió con aquella malograda fusión de ambas entidades. Habían sido decenas los comparecientes que pasaron por la comisión en el verano de su arranque, junio de 2013, con tantas versiones diferentes para describir un mismo hecho, la quiebra, como recursos puede tener el guionista de una serie de ficción para el capítulo final de una trepidante temporada.

Solo faltaba el crítico broche final, las conclusiones, con alguna nueva petición de comparecencia por parte de la oposición que fue rechazada de plano. Por tanto, era la hora del negro sobre blanco. Y ahí seguimos algo más de dos años después de aquella reapertura de la comisión de investigación, como si de un caso nunca aclarado se tratase que vuelve a la mesa del inspector de policía por alguna nueva pista. ¿Había pruebas añadidas para retomar todo aquello, cuando la fusión se remonta al otoño de 2010, que se dice pronto? Lo cierto es que a la vista de lo sucedido, no hacían falta, pero curiosamente la comisión se reabrió solo una semana después de que ingresasen en prisión cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia, la caja fusionada, y un abogado asesor, condenados por apropiación indebida por el cobro de indemnizaciones millonarias. Más que una prueba de cargo, era el relato paralelo de lo sucedido, pero por la vía penal. Y dejó en evidencia muchas teorías que pasaron por aquella comisión de investigación.

Otro elemento ha sido de vital importancia en estos años, y fue el arranque y cierre de otra comisión de investigación, activada en el Congreso para conocer el alcance de la crisis financiera y el programa de asistencia y rescate bancario. Durante el año pasado, esta vez en Madrid, los gallegos volvimos a tener la oportunidad de escuchar en streaming a un Julio Fernández Gayoso (Caixanova) que llegó a pedir perdón por mucho de lo sucedido y a un José Luis Méndez (Caixa Galicia), en este caso por escrito, que en nada se retractó de su controvertida y hasta suicida gestión, a la vista del resultado.

El debate político, si lo ha habido en este tiempo, ha pivotado sobre la nueva versión de otro de los protagonistas que avalaron la fusión por escrito, en este caso la auditora KPMG, previo pago de un millón de euros por sus trabajos. Lo que en su día se vendió como una due diligence, que viene a ser una auditoría de compra, fue un informe de parte encargado por la Xunta para cargarse de razones para avalar la fusión.

Las conclusiones de ese polémico informe no tienen desperdicio visto lo sucedido desde enero de 2010, que fue cuando se presentó. KPMG aseguraba, por ejemplo, que la reestructuración de la fusión estaría amortizada en 2013, que llegaría a ser la quinta mayor caja de España por activos, que la fusión era solvente y que estaba avalada técnicamente. Nada se cumplió. ¿Tenía la culpa KPMG? Pues responsabilizarle de lo sucedido es como disparar al pianista. Otras dos auditoras, PWC y Deloitte, que eran las de cabecera de las cajas, aseguraban en el proyecto Breogán, que llegó a los consejos de administración en junio de ese año, que "la nueva caja se orientaría a crear un grupo financiero competitivo, sólido y eficiente, que preserve los activos diferenciales de cada caja", aunque con fuertes desinversiones, cierres de oficinas y prejubilaciones. Nada se ha cumplido, porque las cajas han desaparecido y con ellas las peores prácticas que se recuerdan en los manuales de los banqueros prudentes.

La amnesia que envuelve la crisis de las cajas viene en gran medida propiciada por una comisión de investigación a la que le falta dar la puntilla, aunque sea en forma de metáfora, a un auténtico despropósito que tiene responsables. Son nombres propios entre los que destacan los directivos, pero también unos consejos de administración plagados de cargos políticos, y unos reguladores que miraron para otro lado.

Una investidura fallida, mismas urgencias

ES como si el reloj se hubiera detenido en un instante, el de la investidura fallida de Pedro Sánchez. Como si en pleno mes de julio se hubiera pedido un tiempo muerto para los problemas que hace nada, en plena campaña electoral, eran de especial trascendencia para Galicia. Y, sin embargo, todo sigue ahí, engordando una particular lista de urgencias. Con un Gobierno en funciones en vísperas de vacaciones.

Y no son solamente los 700 millones que urge San Caetano a Madrid, de los que unos 530 millones ya están incluidos en las cuentas de la Xunta para este ejercicio, y se corresponden con las entregas a cuenta (330 millones) y la mensualidad del Iva de 2017 (200 millones). Tampoco la amenaza nada velada de prorrogar los presupuestos gallegos en 2020 si en septiembre sigue el bloqueo en Madrid, como plantea ahora Núñez Feijóo. La lista es interminable.

Por ejemplo, la solución para las empresas electrointensivas, con Alcoa con nuevos propietarios, sigue pendiente de un estatuto, que Competencia tumbó y que algún ministro de Industria tendrá que perfilar. O la posición real, y no velada, del nuevo Ejecutivo con respecto a la prórroga de Ence en Pontevedra después del movimiento de la Abogacía del Estado en la antesala de las elecciones. Hasta ahora solo hemos escuchado a la ministra de Transición Ecológica en los reservados. Falta certidumbre.

También está en el aire la posición que debe tomar el Ejecutivo para defender los intereses gallegos ante la nueva PAC, o el callejón sin salida del Brexit para cientos de empresas, con la llegada de Boris Johnson al poder en Reino Unido. Todo en stand by.

Camino de los 10.000 millones de cartera inmobiliaria
Amancio OrtegaA Pontegadea solo le falta salir a Bolsa. Ese fue uno de los proyectos barajados en Arteixo para dar más valor al holding de Amancio Ortega que hoy en día aglutina su participación en Inditex, pero que tiene vida propia a través de una cartera inmobiliaria que apunta al récord. Son exactamente 9.767 millones de euros. Ese es el valor de los activos que Amancio Ortega tiene invertidos en el ladrillo, básicamente en Europa y en Estados Unidos. Los ingresos de Pontegadea Inmobiliaria, los derivados del arrendamiento de esos activos, generaron el año pasado un negocio de unos 405 millones de euros, con un avance superior al 5%. A mucha distancia, la segunda mayor accionista de Inditex, su hija Sandra, imita al padre en cuanto al destino de sus inversiones, con especial atención a EE.UU. Rosp Corunna acaba de crear Ferrado Properties, un holding para aglutinar sus diez filiales inmobiliarias norteamericanas. Todo es ladrillo en Zara.

 

El policía que apunta a eléctricas, lácteas y constructoras
José María Marín QuemadaEL presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia prepara su retirada con muchos frentes abiertos, que siempre tienen a grandes empresas como protagonistas. José María Marín Quemada, que llegó al puesto con fama de neoliberal, es lo más parecido al azote de los lobbies que se recuerda en este país. Porque los expedientes que abre Competencia son en estos momentos la mejor herramienta para conocer cómo pactan los precios y alteran el mercado auténticos cárteles. Sucede en sectores regulados como el eléctrico, con Naturgy, Endesa o Iberdrola en el saco, y también en mercados abiertos, como el lácteo. También con las constructoras y adjudicatarias de obra. El último, el consumidor. Lástima que Competencia solo haya podido recaudar el 25% de las multas impuestas entre 2000 y 2012. El mercado se judicializa.

La amnesia de las cajas