LA EXCLUSIVIDAD en el mundo de la moda tiene en A Coruña un singular epicentro. En la misma calle, y prácticamente enfrente de una de las primeras tiendas de Zara que Amancio Ortega abrió al público, en 1975, cualquier cliente puede encontrar ropa y complementos de marcas como Prada, Miu Miu, Gucci, Marc Jacobs, Stella McCartney e incluso Victoria Beckham. Lo que empezó como un elitista establecimiento en 1986, tiene hoy en día cuatro grandes tiendas repartidas por toda la manzana. El grueso de sus clientes no procede de acomodadas familias de la burguesía local. Son, por abrumadora mayoría, diseñadoras, ejecutivas y responsables comerciales de Inditex. Una anomalía que dice mucho de los gustos y el poder adquisitivo de los trabajadores del grupo textil.
No pasan de la treintena las empresas gallegas con más de un millar de empleados. Una de ellas tiene una plantilla de 137.054 trabajadores, y contrató en el último año a 8.741 personas en todo el mundo, cuyas nóminas están centralizadas en Arteixo. Se trata de Inditex, sin duda una anomalía mayúscula para la economía gallega, siempre sobrada de raquitismo empresarial.
El universo Inditex es, visto desde Galicia con cierta perspectiva histórica, el de las anomalías, porque todo es excesivo en sus números. La compañía acaba de presentar sus resultados, y se ha encaramado al primer puesto del podio como empresa con mayor valor en Bolsa. Y, más allá de las ventas y beneficios del 2014 (ingresos de 18.117 millones de euros y resultado neto de 2.501 millones), hay datos que rozan la hipérbole. El grupo, sin apenas deuda bancaria, tiene en caja, disponible, un saldo de 4.000 millones de euros. Por establecer una comparación, de esas odiosas, desde Arteixo, solo con firmar un cheque, Amancio Ortega hubiera podido comprar hasta cuatro Novagalicias en pública subasta.
Entre sus mayores logros está convertirse en la primera multinacional textil desde Galicia
Inditex copia, uno de los secretos de su éxito. Lo hace rápido y cada vez mejor. Y también le copian. Desde su departamento jurídico no solo se afanan en defender patentes y marcas. Y es que han detectado incluso la falsificación de tiendas enteras de Zara, con sus rótulos, escaparates y diseños incluidos. ¿Cómo es posible que el marido de la segunda máxima accionista de la compañía, hija del fundador y mujer más rica de España, trabaje, dentro del departamento de compras, en el área de innovación, probando a diario mejoras técnicas para hacer una percha más práctica o un probador más sencillo? Así es Inditex. Una rareza. Como dice Pablo Isla, su presidente, algo «único» en muchos aspectos.
A todos esos secretos del éxito tan aireados, como un engranaje logístico muy bien engrasado, una capacidad de respuesta ante la demanda casi inmediata y un olfato especial por parte de sus comerciales y diseñadores, hay algunos otros en los que no siempre se repara. Por ejemplo, el equipo directivo y su estabilidad en el tiempo. Una decena de ejecutivos y directores de cadena de Inditex permanecen en los mismos puestos desde antes de la llegada de Pablo Isla, en 2005. Son los intocables de Amancio Ortega, los «pata negra»: Eva Cárdenas (Zara Home), Lorena Alba (Logística), Carmen Sevillano (Oysho), Pablo del Bado (Pull & Bear), Jorge Pérez Marcote (Massimo Dutti) y Jordi Triquell (Stradivarius) siguen en los mismos puestos desde la etapa de Castellano.
El grupo, que también triunfa en la red, con treinta millones de usuarios al mes (triplica las mejores cifras de visitas de El Corte Inglés, por ejemplo), se afana en presentarse como un recto contribuyente al fisco. En la presentación de resultados, Pablo Isla enfatizó que el grupo suma el 2% del total de la recaudación en el Impuesto de Sociedades en España. Entre directos e indirectos, dijo su presidente, Inditex paga en impuestos 1.300 millones. ¿Por qué tanto interés en remarcar esto? Pues muy sencillo: el gigante textil se ha convertido en paradigma de la elusión fiscal mediante sofisticadas estructuras holdings. Cuenta con una veintena de sociedades domiciliadas en plazas internacionales «off shore», de baja o nula tributación, situándose en el septimo puesto entre las empresas del Ibex-35 con más presencia en estos limbos tributarios.
En el lado del debe, siempre quedará pendiente otro asunto: la aportación del grupo a la economía gallega, también criticada. La Fundación Amancio Ortega, a pesar de los esfuerzos de los últimos años, sus becas y sus obras, todavía está envuelta en cierta opacidad. Lo dice en su último informe la Fundación Compromiso y Transparencia. Así es Inditex, esa rareza empresarial, esa anomalía de la economía gallega, sin cuyo sustrato, el de la propia Galicia, tampoco se podría entender su éxito global.
Monbus, un gigante señalado por la jueza
LA detención de Raúl López no solo ha causado asombro en su entorno más próximo, en el millar largo de trabajadores de Monbus, grupo que preside, y en el mundo del deporte, especialmente el baloncesto. En gran medida, la clase empresarial gallega también asiste con sorpresa al proceso que instruye la titular del juzgado de instrucción número uno de Lugo. Y es que la de Monbus, y la de Raúl López, es hasta ahora la historia de un éxito empresarial hasta conformar el primer grupo de transporte de viajeros de Galicia. Desde Sarria, dondeempezó, López ha logrado conformar un conglomerado empresarial que pivota sobre una treintena de compañías, rentables en su práctica mayoría. Es el caso de Empresa Monforte SA (declara unas ganancias de 3,5 millones), Transportes La Unión (2,3 millones de beneficio), Castromil (1,3 millones), Autobuses Urbanos de Lugo, Gómez de Castro y Aguas de Incio, entre otras de las que operan en Galicia. Los ingresos del grupo se sitúan por encima de los cien millones de euros, consolidándose en el grupo de cabeza de las empresas gallegas. Trasmonbus, también del grupo, opera como un holding, financia al resto de filiales y les da cobertura ante fluctuaciones, por ejemplo, en el precio de los combustibles, uno de sus mayores costes fijos.
En estos años, Raúl López ha construido su grupo con grandes aliados, como es el caso de Abanca, que tiene un 33% del capital de Monbus, heredado de la extinta Caixanova. También la Xunta ha estado presente en el capital de la compañía, a través de Sodiga y Xesgalicia. De ahí que la sorpresa, en el mundo empresarial, sea todavía mayor.
JACOBO GONZÁLEZ-ROBATTO. Solo los bancos decidirán el futuro de Pescanova
LO mejor que puede hacer la banca acreedora es desembarcar de una vez por todas en Pescanova. Al fin y al cabo, es la encargada de llevar las riendas, pese a que desde el consejo de administración y la gestión del día a día se intente modificar el rumbo marcado tras la salida del concurso de acreedores. Sobre todo, con las filiales en suspensión de pagos. Y todo ello, por una razón muy sencilla. Los bancos son los propietarios de la multinacional, con Jacobo González- Robatto al frente, como presidente de un comité de vigilancia que debe velar por una equilibrada transición. ¿Cómo se entiende que el marido de Carolina Masaveu, que declara un 3,7% de la compañía, fuese el encargado de pilotar la última junta general de accionistas? Para bien o para mal, la banca es que la más se juega en todo esto. Y, desde luego, seríamos ingenuos si creyésemos que todo seguiría igual en la multinacional pesquera. Resultados mandan.
JOSÉ MANUEL SORIA. El «hachazo» a las renovables llega a manos del fiscal
NO lo tiene fácil el ministro de Industria, José Manuel Soria, un personaje que convierte en polémica todo lo que toca, sea Navantia, Alcoa o la energía renovable, por citar tres asuntos que tienen especial trascendencia en Galicia. Ahora, el lobby de la energía alternativa, a través de la Fundación Renovables, anuncia que llevará nada menos que a la Fiscalía Anticorrupción el recorte impulsado por el ministro. El sector quiere que se investigue si ha habido prevaricación en el «escandaloso comportamiento» del Ministerio de Industria, ante la «arbitrariedad» y «falta de respaldo técnico» a la hora de fijar los criterios en la orden que estableció el cambio en la modalidad de retribución a las energías renovables y que supuso un recorte de 3.000 millones. Es lo que tiene encargar informes a dedo, supuestamente teledirigidos, e incluso incorporados tras decretar el «hachazo».
