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Julián Rodríguez, responsable del espacio Zona Franca, en los medios del Grupo El Progreso.

Epitafio para unas cajas

La prisión para Gayoso y compañía entierra una época que pasó del clientelismo al saqueo

EN LA etapa final del fraguismo se acuñó un término que servía de cajón en el que todo cabía. Era el denominador común para una forma de entender la política. El clientelismo. Alcaldes, conselleiros, presidentes de diputaciones, concejales... Sin distinguir colores, todo cargo público que se eternizase en el puesto estaba bajo sospecha. Supuestas redes que servían para sostener gobiernos a cambio de mil y un cambalaches. Dos figuras sobresalían entonces en esa escuela. Lo hacían desde dos diputaciones. Eran José Luis Baltar Pumar, en Ourense, y el difunto Francisco Cacharro Pardo, en Lugo. Las hojas del calendario no parecían pasar para ellos. Pues bien, cuando Cacharro accedió al cargo, en 1983, ya llevaba dos años al frente de la dirección general de Caixa Galicia José Luis Méndez. Y en el momento en que Baltar tomó posesión en Ourense, en 1990, Julio Fernández Gayoso cumplía nada menos que sus bodas de plata como director general de Caixavigo, más tarde Caixanova. En los años noventa era una osadía hablar del clientelismo financiero -porque también lo había- que Méndez y Gayoso encarnaban, esa otra forma de poder, mucho más explícita pero silenciosa y aparentemente amable, que se ejercía desde las cajas de ahorros y sus respectivas fundaciones. Años y años de complicidades de todo tipo, más allá del maridaje que se estableció entre la política y las finanzas gallegas, ayudan a enteder el fiasco de las cajas, que llega a su cenit con la detención e ingreso en prisión de un octogenario ex presidente y sus secuaces, tres ex directivos que hicieron y deshicieron a su antojo en Novagalicia.

Plata o plomo fue lo que ofreció la Audiencia Nacional para que los cuatro directivos de las indemnizaciones millonarias cumplieran su pena, de dos años de prisión, sin tener que pisar la trena. La plata era la devolución de las indemnizaciones que se llevaron, o embargos y avales por el equivalente. El plomo, si no se reintegraban los diez millones, de los catorce que se reclamaban inicialmente, eran los fríos barrotes de A Lama y Soto del Real. La historia de la banca en Galicia se reescribe a golpe de autos judiciales. Y la perplejidad inicial ante las detenciones, por sus escasos precedentes en el sistema financiero, destapa otra caja, la de las conjeturas. Que si una medida sin duda ejemplarizante después de tanto exceso por parte de los banqueros durante la crisis. Que si todo un aviso para lo que está por llegar para los Rodrigo Rato, Miguel Blesa y Narcís Serra de turno. Que si directamente un atropello procesal antológico... Quizá todo sea mucho más sencillo, siendo sensatas algunas valoraciones.

Si uno se detiene en la sentencia del Tribunal Supremo, tras los recursos presentados al fallo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que los sentó en el banquillo, puede reparar de inmediato en que se trata de toda una enmienda a la totalidad. Aquello de que las penas eran "desproporcionadas por exiguas" resulta demoledor para quien se considere presidente de un tribunal, en este caso Alfonso Guevara. Todavía más que le obliguen a recalcular las indemnizaciones, por clamorosos fallos de sumas y restas. Ha sido el controvertido magistrado quien ahora firma el ingreso en prisión para Fernández Gayoso, José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y el abogado Ricardo Pradas.

Conviene diferenciar los nombres propios en esta historia de pillaje con mayúsculas. Fernández Gayoso, como cooperador necesario, y dos de sus fieles, Rodríguez Estrada y Pradas, cumplen condena por su responsabilidad civil solidaria con los otros dos. Ellos no tienen que devolver un euro. Gregorio Gorriarán, el que fuera hombre clave en el ladrillo de Caixanova primero y Novagalicia después, cuenta con bienes embargados por cuatro millones, según el auto, que es el importe exacto que debía reintegrar al FROB. Es el único del grupo que gestiona empresas, en este caso promotoras. Por tanto, solo queda José Luis Pego, el que fuera director general de Caixanova y de NCG, obligado a devolver nada menos que 6,4 millones de euros. Sobre él recae ahora toda la presión, por mucha inocencia y estrecheces económicas que pueda esgrimir, como hace. ¿Dónde está el dinero?

Por mucho que ahora reconstruyamos la historia de las cajas gallegas, que un día fue de éxito como palanca y pulmón financiero, el peor de los finales condena toda una gestión que hunde sus raíces en los primeros años de la democracia, y que representa ya el peor de los ejemplos. Galicia pasó en décadas del silencioso clientelismo financiero, en los años buenos, al saqueo puro y duro, cuando peor dadas venían. Y todo lleva la firma de los mismos autores.

¿No habrá paz para todos los exdirectivos?
Todas la miradas apuntan ahora en la misma dirección. Y no es precisamente el sur de Galicia. ¿Fueron solamente los exdirectivos en prisión los causantes de la quiebra de las cajas? ¿Por qué todos procedían de Caixanova? ¿Pagarán algún días todos los responsables de un fiasco que ha costado más de 9.000 millones? La ecuación tarda demasiado en despejarse. Lo hace en la Fiscalía Anticorrupción, donde siguen en fase de diligencias de investigación los quebrantos denunciados por el FROB sobre determinadas operaciones irregulares. Ese es el vértice de otro abismo judicial que no acaba de asomar y por el que comenzarán a precipitarse los demás. Porque mientras no haya una querella o un escrito de acusación y un juez abra la fase de instrucción, la prescripción corre para los presuntos delitos que se puedan derivar de las denuncias del FROB. Y ahí sí entramos de lleno en la gestión, temeraria hasta lo obsceno, en los últimos años de Caixanova y Caixa Galicia. Y ahí emergerá otro nombre: José Luis Méndez, a quien el Banco de España vetó cuando en 2010 se formalizó con fórceps la fusión.

Ninguna de las trece operaciones irregulares denunciadas entre 2014 y 2015 por el Estado, por importe 980 millones, se ha transformado en querella. Por tanto, sigue corriendo el tiempo para que esos supuestos delitos prescriban. Las operaciones, todas relacionadas con el ladrillo y las refinanciaciones, se realizaron entre 2005 y 2008, años del desenfreno previos a la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, con lo que superan los cinco para la prescripción de delitos societarios o contra el patrimonio. Difícil, pues, que no haya paz para los culpables.

Un candidato que garantiza diálogo al frente de la patronal
Si algo tiene Antón Arias Díaz-Eimil es un carácter dialogante, abierto y cercano. Sabe escuchar, otra cosa es que le quieran oír en este diálogo de sordos en el que se han convertido las negociaciones para lograr que la patronal gallega tenga un presidente. Antón Arias es el candidato de Antonio Fontenla y de los empresarios coruñeses, con los recelos que eso genera en el sur. Cuenta, es de suponer, con los mismos apoyos que tiene el presidente de los empresarios herculinos. Y es, por qué no decirlo, un candidato de última hora, cuya opción se presenta sobre la bocina. Pero todo ello no le resta un ápice de opciones, siendo el único que ha dado el paso hasta ahora. Antón Arias es un hombre curtido en la empresa familiar, mucho más centrado políticamente que otros, y en su hatillo acumula cargos como el de presidente de los constructores gallegos. Lo tendrá difícil, sin duda, pero si se trata de sumar es el hombre adecuado.

El sector lácteo pone nuevos deberes, muy claritos, a la ministra
Nueva etapa en la Interprofesional Láctea (Inlac), que aglutina a todo el sector. Al frente está el director general de la asturiana Capsa, José Armando Tellado. Y si algo ha tenido su primer encuentro con Isabel García Tejerina, la ministra del ramo, es la meridiana intención del sector de llamar a las cosas por su nombre. Nada de eufemismos, vamos. Tellado quiere, en primer lugar, que se defina con claridad el concepto de  sostenibilidad dentro del sector. En concreto, empezar por centrarse en la definición y cuantificación de la sostenibilidad y la redefinición del concepto de producto lácteo sostenible. Eso, para empezar a hablar, ya que es la piedra angular nominal sobre la que se levanta el acuerdo firmado el pasado septiembre. O sea que la ministra ya tiene deberes: empezar a llamar a las cosas por su nombre, que no es poco, parece. A partir de ahí, lo que haga falta.

Epitafio para unas cajas
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