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Julián Rodríguez, responsable del espacio Zona Franca, en los medios del Grupo El Progreso.

El raquitismo municipal

SON CONTADAS, contadísimas, las propuestas económicas de alcance que incorporan los cabeza de lista a sus programas para estas municipales. Eso sí, no hay alcaldable que no apueste por crear o consolidar viveros de empresas, activar o potenciar planes de empleo e inserción laboral, o moderar la carga fiscal de sus parroquianos con bonificaciones a impuestos como el Ibi... La financiación de las arcas municipales, uno de los graves problemas que por su estructura de población afronta Galicia y sus concellos, no toca ahora, perecen barruntar entre mitin y mitin. Ya habrá tiempo de poner orden en las cuentas o patalear para arañar más transferencias.

Y algo de eso debe haber cuando la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) habla de problemas de financiación, que no financieros, para resumir la situación del común de las arcas municipales. Territorio, demografía y economía se dan la mano en esta historia y son los mimbres que arman una radiografía municipal cuyos problemas tarde o temprano agobiarán a los alcaldes que salgan de las urnas el próximo 24-M. Ese retrato tipo del ayuntamiento gallego habla de 3.000 habitantes más de población por concello frente a la media estatal, pero una gran dispersión (96 entidades singulares por ayuntamiento, frente a ocho de la medida española) y una proporción de habitantes mayores de 65 años del 23,5% en los municipios gallegos, frente al 18% de España. Todo ello invita a concluir que prestar servicios tiene un coste añadido en esta comunidad, a lo que hay que sumar un declive demográfico (en este caso, el envejecimiento) que a la postre redunda en menores ingresos y más gastos. El PIB per cápita de ese municipio tipo en Galicia está sensiblemente por debajo de la media española, al igual que la renta disponible. Nada parece ayudar.

Los graves problemas de financiación de las corporaciones se olvidan en período electoral

Sobre este tapete se dibujan unas arcas municipales que, se mire por donde se mire, ingresan menos y gastan también menos que la media española. Como el raquitismo, ese trastorno causado por un déficit de vitaminas, calcio y fósforo que afectó a tantos niños en los años del hambre y la posguerra en este país, los ayuntamientos gallegos ingresan menos, ya sea por impuestos locales o por tasas, y también reciben menos transferencias. El gasto en servicios públicos básicos está por debajo de la media española. Son datos de la propia Fegamp, correspondientes a 2013, que saca pecho cuando toca hablar de la situación financiera de esos municipos y su estabilidad presupuestaria. En Galicia, la deuda viva de nuestros municipos, ya sea con entidades financieras u otras administraciones, es tres veces inferior a la media española.

La realidad demuestra que la inmensa mayoría de los 314 municipos gallegos sufre una menor participación en los ingresos del Estado, al no reconocerse en el reparto seculares factores diferenciales que inciden en la prestación de servicios, y que las transferencias del fondo de cooperación local gallego no logan amortiguar. Una población menguante, envejecida, dependiente y desigual en el territorio representa, a juicio del catedrático Xaquín Álvarez Corbacho, el rasgo diferencial que, desde el punto de vista demográfico, condiciona el futuro del municipalismo gallego. Su último libro, ‘Educación democrática ou barbarie’ (Laiovento), abunda en todo esto y también explica los cambios en estos años de crisis.

Los concellos de menos de 5.000 habitantes suman el 64% de todos los municipos gallegos y ocupan un 66% de la superficie total, pero a duras penas logran retener al 16% de la población

La estructura de la financiación de los municipos pequeños, frente a los grandes, también dice mucho de una dependencia de facto vía transferencias y subvenciones, frente a la recaudación de impuestos locales. Vayamos por partes. Los concellos de menos de 5.000 habitantes suman el 64% de todos los municipos gallegos y ocupan un 66% de la superficie total, pero a duras penas logran retener al 16% de la población. En esos municipos, los tributos propios no llegan al 27% del total de lo ingresado cada año, frente a un 70% que suman transferencias y subvenciones. La crisis no ha hecho más que incrementar esa desproporción.

Si reparamos en la estructura de ingresos de las ciudades gallegas, según Álvarez Corbacho, nos encontramos con la situación inversa: un 61% de ingresos procedente de tributos propios, frente al 30% de transferencias. A juicio del catedrático, 65 de cada cien municipios gallegos presentan una situación tributaria de «difícil normalización». Una realidad con la que tendrán que convivir, tarde o temprano, los alcaldes que salgan de las urnas el día 24, por mucho que ahora se esfuercen en rematar obras contrarreloj, hablar de transparencia, anunciar viveros de empresas y planes de empleo y prometer todo lo que se les ocurra. Aquí, el raquitismo municipal resulta endémico.

Las industrias lácteas se quitan la careta

PREFIEREN HABLAR con hechos. Y de qué modo. La patronal de las industrias lácteas, más que una organización al uso un auténtico lobby que suele optar por la intimidad de los reservados frente a la transparencia de los micrófonos, ha dejado clara esta semana su posición con respecto a la crisis que atraviesa el sector tras el reciente fin del sistema de cuotas. La Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) judicializa el proceso. Así de claro. Esta patronal integra a un total de ochenta compañías, que representan el 95% de la producción española. Es decir, hablamos toda la industria. Desde Madrid, sin que hasta la fecha se les hubiera escuchado una palabra más alta que otra para hacer valer su hegemonía sobre cooperativas y productores, la Fenil ha tomado el camino más corto con un recurso contencioso administrativo presentado en la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

El recurso va dirigido contra la línea de flotación de la iniciativa más reciente del Ministerio de Agricultura. Y es que, en su génesis, el planteamiento pasa por tumbar el decreto que regula el reconocimiento de las organizaciones de productores, según recoge hasta el BOE. Blanco y en botella. El real decreto ahora recurrido, que puso en marcha esta figura, la de las organizaciones, data del pasado 27 de febrero, que modifica otro del 28 de septiembre de 2012. La patronal golpea así donde más duele, en el armazón legal para dar más fuerza a los productores lácteos. Se cumple así al pie de la letra lo que denunció Agaca, la asociación de cooperativas, hace unas semanas: la industria no quiere saber nada de las organizaciones de productores. Es lo que hay.

RAMÓN AGUIRRE. Navantia entra en campaña y anuncia cuatro petroleros

EL PASADO domingo, Ferrolterra se echó a la calle una vez más para pedir carga de trabajo para sus astilleros. Ayer, Navantia anunciaba lo que será la firma de un contrato: en otras palabras, divulgaba a modo de píldora anestésica un acuerdo preliminar de ese contrato que se rubricará en junio. Todo un poco justito, parece. Y a una semana del 24-M. Piruetas electorales al margen, y si todo va según lo anunciado, lo cierto es que los astilleros públicos darán un salto de gigante de formalizarse el pacto con Ibaizábal en los términos anunciados. No solo por la construcción de cuatro petroleros que se repartirán entre Ferrol y Cádiz, sino porque el grupo entra de lleno en la construcción civil, tras el levantamiento del veto impuesto por Bruselas. Ahora, que nada quede en agua de borrajas electorales y que Ramón Aguirre, presidente de la Sepi y auténtico patrón del nuevo rumbo de Navantia, cumpla lo anunciado, que no es poco.

FRANCISCO CONDE. La Xunta se pone las pilas ocn el plan de reindustrialización

HABLA DE reinvención industrial. Un término de nuevo cuño para un plan reindustrialización a todas luces, a la vista de la evolución del sector secundario en el último año. Eufemismos aparte, Galicia necesita pautas y, sobre todo, reccursos para apoyar a su industria. Todo voluntad, Francisco Conde, conselleiro de Economía, presenta un programa a dos años que movilizará 120 millones, de los cuales algo más de 65 millones serán de apoyo financiero para inversiones. Apuntalar proyectos solventes es quizá la piedra angular de toda política industrial, lo que más se echaba en falta, en cierta medida por las limitaciones del Igape. Y esa actuación, en el corto plazo, debe situarse antes que otras iniciativas, como la denominada fábrica inteligente, que no es otra cosa que incrementar los procesos de automatización en las industrias. Y Conde lo sabe.

El raquitismo municipal
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