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Julián Rodríguez, responsable del espacio Zona Franca, en los medios del Grupo El Progreso.

El fantasma de las cajas

CON ADJETIVOS no se hace justicia. A veces, sucede justo lo contrario: se quiebran expectativas y la confianza en el sistema, por momentos, puede acabar por fracturarse. La sentencia del Tribunal Supremo que confirma dos años de cárcel para cuatro exdirectivos de las cajas gallegas no llega tarde, pero llega mal. La propia sala tilda de "exigua" y "desproporcionada", y no precisamente por su exceso, la pena de dos años impuesta por la Audiencia Nacional a José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y Julio Fernández Gayoso, el expresidente de Caixanova, en este caso al quedar acreditado que actuó como cooperador necesario de los delitos de administración desleal y apropiación indebida cometidos por el resto.

La historia es de todos conocida. En síntesis, los exdirectivos de Novacaixagalicia se repartieron 22 millones de euros en indemnizaciones por prejubilación y otros conceptos. Esos finiquitos se los concedieron a sí mismos mediante la modificación de sus contratos de alta dirección en 2010, en pleno proceso de fusión entre Caixa Galicia y Caixanova que dio lugar a NCG y, también, cuando se habían reclamado 1.162 millones de euros al FROB para superar la situación de inviabilidad de ambas cajas.

Y el final de la historia de las indemnizaciones millonarias, "inequívocos actos apropiatorios con fines de lucro personal" y no meros excesos o abusos» en el marco de sus competencias, según el Supremo, también es bochornoso. El alto tribunal admite entre líneas estar atado de pies y manos, al no haber presentado recursos contra las penas impuestas por la Audiencia Nacional quienes actuaron en su momento como acusación, la Fiscalía y la asociación Adicae, que pidieron inicialmente tres y cuatro años de prisión, siendo partes recurridas el FROB y la propia NCG, ahora Abanca. Por tanto, y por muy "exiguas" y "desproporcionadas" a la baja que sean las condenas, ahí se quedan, a falta de dirimir quién debe recibir el dinero a devolver: el Estado o Abanca.

Se cierra así en falso otro capítulo, quizá uno de los más despreciables,de la mayor quiebra que se recuerda en Galicia, con un coste de 9.000 millones en ayudas públicas. El Estado solo ha recuperado un 5% de lo que puso sobre la mesa para rescatar a la banca de este país. En el caso de las cajas gallegas ha sido un pelín más, un 7%, lo recuperado por el Estado: Banesco ha pagado hasta ahora 712 millones de los 1.003 firmados con el FROB cuando se llevó la subasta. A cambio, recibió casi 550 millones en cobertura por eventuales pleitos, derivados en gran medida de otros muchos excesos pretéritos que tienen autoría, nombres y apellidos.

Entre esos ilustres están, por supuesto, los exdirectivos de las indemnizaciones millonarias, pero la nómina es muy amplia. ¿Por qué será que los Pego, García de Paredes y Zamorano de turno, entre otros, han puesto tierra de por medio y residen actualmente en Madrid? Un exilio al que se han apuntado también Rodríguez Estrada o Jesús Senra. Sigue por las mismas calles de Vigo, aunque poco se deja ver, un achacoso Julio Fernández Gayoso, el expresidente de la caja fusionada, mientras que vuelve con fuerza José Luis Méndez, que saltó del barco antes de tiempo con otro finiquito millonario (16,5 millones), apartado de una fusión cuando las vías de agua de Caixa Galicia solo eran evidentes para los reguladores.

Hoy Méndez administra su patrimonio con cierta placidez y reparte sus inversiones por Canarias, Valencia y Madrid, tras unos años de silencio. El que llegó a ser considerado "rubio de oro" por los palmeros de rigor peina canas en los reservados y dirige un grupo con activos de casi nueve millones de euros. No oculta sus proyectos, algunos polémicos, como los hoteleros, repartidos entre Tenerife y Mallorca. Sus hijos le acompañan en la nueva singladura, pero saben que los días de trueno volverán.

Y ese momento llegará, quizá esta vez muy tarde, en forma de nuevos escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, a la que llegaron al menos una docena de operaciones irregulares firmadas por los gestores de las malogradas cajas gallegas. Fue el propio Estado, el FROB, quien activó las denuncias, prácticamente todas relacionadas con el ladrillo. Será un juez quien vuelva a determinar el alcance de los excesos, por mucho que desde Galicia otros clamen por una nueva comisión de investigación frente a la que en su momento se cerró en falso en el Parlamento gallego, sin conclusiones, dejando en ridículo todo esfuerzo desde la esfera política por aclarar lo sucedido.

La quiebra de las cajas, el mayor fraude de la historia económica de Galicia, no puede quedar impune. Por mucho que algunos se empeñen en mirar solo hacia adelante.

El fantasma de las cajas
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