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Julián Rodríguez, responsable del espacio Zona Franca, en los medios del Grupo El Progreso.

Alcoa se queda a dos velas

Sin política industrial, el Gobierno abraza sin saberlo tesis neoliberales de final imprevisible
Fábrica de Alúmina de Alcoa en San Cibrao. JOSÉ Mª ÁLVEZ
Fábrica de Alúmina de Alcoa en San Cibrao. JOSÉ Mª ÁLVEZ

LA MEJOR POLÍTICA industrial es la que no existe. Antes de convertirse en todopoderoso ministro de Economía con Felipe González, el navarro Carlos Solchaga abrazó el más feroz liberalismo desde el Ministerio de Industria. Fueron años difíciles, entre 1982 y 1985, antesala de la reconversión, y aquella máxima que ha pasado a la historia de un Solchaga recién llegado al poder, como sus compañeros, sentenció a cientos de empresas y condenó a miles de trabajadores. España estaba a las puertas de Europa y el proteccionismo y la intervención pública no iban con aquel joven economista. Han hecho falta varias generaciones para que un Gobierno, también socialista, comience a reparar en que, en verdad, la peor política industrial es la que no existe. Lo hace aturdido y ofuscado.

Al Ejecutivo de Pedro Sánchez le han fallado los tiempos esta vez. Un año y medio perdido entre equilibrios, problemas, negociaciones y elecciones. Meses de oro en los que dos de sus ministras, la titular de Industria, Reyes Maroto, y sobre todo la de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no han logrado o no han querido distinguir entre lo importante y lo urgente.

Los tiempos marcaban que un estatuto para los grandes consumidores de energía (Alcoa, Ferroatlántica, Megasa, Celsa...) iba a reemplazar a un sistema poco transparente, hasta discriminatorio, y poco ajustado a lo que marcan las directrices comunitarias en materia de competencia como eran las subastas de interrumpibilidad. La realidad dice que esta semana hemos asistido a la que probablemente sea la última subasta de este tipo sin que hubiera visto la luz hasta el momento el estatuto fantasma, como acertadamente advierte un resignado Francisco Conde, el conselleiro de Economía. En tierra de nadie se encuentra Alcoa, como tantas otras industrias.

La primera pregunta resulta obvia, pero lo cierto es que nadie parece caer en la cuenta de ello ni acertar con la obligada respuesta. Ni el propio ministerio del ramo, el de Teresa Ribera, quien debería ser el primer interesado en explicarlo. ¿Por qué se subastan ahora 1.000 megavatios de potencia interrumpible cuando en la anterior convocatoria, hace seis meses, fueron 2.340 megavatios? ¿Es una decisión caprichosa? Todo lo contrario. En este languidecer de las subastas de interrumpibilidad, aquellas que establecen rebajas en el precio de la energía en función de la disponibilidad de los grandes consumidores para desengancharse a la red si la demanda así lo requiere, ha opinado Bruselas. Y lo que dice básicamente es que, para no incurrir en ilegales ayudas de Estado, el volumen de los megavatios a subastar debe responder realmente a las necesidades del sistema eléctrico y su sostenibilidad, entendida esta por la efectiva y realista previsión de demanda que establezca el operador del mercado de la distribución, que es Red Eléctrica.

Lo cierto es que, en esta subasta, la gran industria electrointesiva obtiene solo 4,3 millones por la interrumpibilidad cuando hace tres años recibía más de 500 millones. El caso de Alcoa es dramático: sus ingresos por interrumpibilidad caen más del 90%. Hace cuatro años el precio de la electricidad en San Cibrao era de 31,4 euros el megavario a la hora. Los próximos seis meses el coste será prácticamente el doble, según sus previsiones: 58,6 euros. Eso sí, sin contar con la compensación de costes por las emisiones indirectas de CO2, que rebajará finalmente esa factura.

Y en este mar de incertidumbre, Bruselas también dice otra cosa, en la que tampoco nadie parece reparar, y es trascendente de cara al futuro. "El informe final de la investigación sectorial define el régimen de interrumpibilidad español como un sistema que es probablemente un mecanismo de capacidad (...), por lo que no ha sido objeto de una decisión sobre ayudas estatales", aseguraba la Comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, en una respuesta a la exeurodiputada de Ciudadanos, Carolina Punset, hace ahora un año y medio. Salvados sobre la bocina. Bruselas abría la mano con las subastas y, a la vez, indicaba el camino. Las exenciones a los pagos por capacidad están contempladas en ese borrador fantasma que nunca llega.

Sin quererlo, y sin política industrial alguna, el Gobierno de Sánchez adopta por pasiva esa doctrina neoliberal que tan mal le fue a España con Solchaga en los ochenta. Los mercados regulados, como es el eléctrico, deben contar con intervención pública, aunque sea la mínima. Por algo están regulados. Alcoa debería tener tanto futuro en San Cibrao como lo tiene actualmente el aluminio, un metal de futuro, ecológico. A Teresa Ribera nadie se lo ha contado.

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