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Julián Rodríguez, responsable del espacio Zona Franca, en los medios del Grupo El Progreso.

Un sector lácteo huérfano

EL SECTOR lácteo gallego transita a su suerte por un proceso de liberalización que, a solo tres meses de su puesta en marcha, nos ha dejado una primera y rotunda certeza: Galicia no estaba ni mucho menos preparada para el fin de las cuotas lácteas. La barra libre ha traído precios que han dejado atrás los veinte céntimos por litro, umbral de riesgo por situarse para el común de las explotaciones muy por debajo de los costes de producción, una variable clave para los ganaderos. La falta de garantías para la recogida por parte de las industrias, bajo un manto de excusas como la baja calidad, viene a ser la chispa que enciende de nuevo el campo gallego.

Las tractoradas están de nuevo ahí, convocadas por sindicatos y organizaciones de productores, como en los noventa, cuando bloquear carreteras era casi la única respuesta válida a los golpes que nos traía cada reforma de la Política Agraria Común (PAC). Y pensar ahora que las cuotas se pusieron en marcha en 1983 por un período transitorio, de tan solo cinco años, para frenar el crecimiento explosivo de la producción en toda Europa.

De nada sirve convocar desde San Caetano a todos los actores si Madrid no asume su papel

Si algo queda claro al echar la vista atrás es otra verdad de esas que duelen: la fecha final de las cuotas se decidió en la reforma de la PAC de 2003, ratificada en 2008 con una pléyade de supuestas medidas de aterrizaje suave de resultados más que visibles ahora en Galicia. Hemos tenido, por tanto, doce años para prepararnos. Pero hay que mirar hacia delante. Y lo cierto, para qué negarlo, es que da un poco de vértigo.

Esta misma semana la Xunta, a través de una consellería, la de Medio Rural, que parece llegar tarde a casi todo, se ha sentado con las industrias. Y su titular, Rosa Quintana, ha arrancado el compromiso verbal de que no quedará un litro de leche sin recoger a los ganaderos. A cambio, las industrias han logrado la intermediación de San Caetano ante Madrid, tras el descarado boicot a que han sido sometidos desde las empresas muchos de los instrumentos articulados por el Ministerio de Agricultura para hacer el viaje del fin de las cuotas más cómodo.

A la conselleira de Medido Rural se le acumulan los deberes estivales (cierre de bateas de mejillón por toxinas, ruptura del diálogo con los madereros y, para rematar, temporada alta de incendios), pero ha tenido tiempo de sentarse también con algunos representantes de las nuevas y desamparadas organizaciones de productores lácteos. ¿El resultado? Pues la convocatoria, más o menos urgente pero sin fecha, de una mesa de diálogo a la que están llamados ganaderos, cooperativas, industria transformadora y gran distribución. Y siendo relevantes los invitados, hay una ausencia de relumbrón, cuyo papel es clave en esta crisis: el Ministerio de Agricultura.

El sector lácteo camina solo, con la industria por un lado y los productores por otro

De nada sirve tocar a rebato desde San Caetano, intentar poner orden y contemporizar a la vez a unos sindicatos que parecen estar ahora más unidos que nunca. Todo ello con el fin último de neutralizar la convocatoria de unas tractoradas en pleno mes de julio que podrían paralizar Galicia. Hace falta peso en Madrid, y llamar a la puerta del despacho de la ministra Isabel García Tejerina, la gran ausente en la crisis láctea y, a la vez, la máxima responsable de la aplicación del denominado «paquete lácteo», ese que nadie parece cumplir, empezando por las industrias transformadoras.

De la ministra de Agricultura, y no de la conselleira de Medio Rural, depende la aplicación de unos supuestos contratos obligatorios y anuales para fijar unos precios de recogida estables en el tiempo. También la regulación de las organizaciones de productores lácteos y las interprofesionales. Todo ello para dotar de transparencia a un sector que ha pasado del campo a la selva con el final de las cuotas, sin la claridad prometida, sin que se pueda planificar una oferta mínimamente ajustada a la demanda y, en definitiva, sin que se vea reforzado el papel de cooperativas y productores, la parte más débil de una cadena que tiene en la gran distribución su eslabón más sólido.

El sector lácteo camina solo, con la industria por un lado y los productores por otro, surcando dos sendas paralelas que en ningún momento se tocan y mucho menos se cruzan. Y por muy bienvenido que pueda llegar a ser el papel de la Administración gallega como árbitro, hace falta más. Mucho más. En Madrid y en Bruselas están los despachos donde se juega esta partida improvisada, con cartas marcadas para los más fuertes. Una comunidad que aglutina a más de la mitad de las explotaciones que hay en España, y concentra más del 40% de la leche de todo el sector en un país con déficit de producción, no se lo puede permitir. Está en juego el futuro del campo gallego.

El otro decálogo de los municipios gallegos

¿SON los municipios realmente dueños de su destino? ¿Y en Galicia? Este tipo de interrogantes son los que plantea un nuevo decálogo para el municipalismo gallego, ajeno a avatares electorales, pero cuyo alumbramiento es muy oportuno. Lo firman los integrantes de la Red Localis, de nueva creación, y vinculados a la Universidade de Vigo. Los autores, Concepción Campos, Alberto Vaquero y Santiago Lago, plantean un debate sereno, partiendo de la base de que las siete grandes ciudades gallegas concentran más de un millón de habitantes. Y todo ello sin tener en cuenta las áreas de influencia. Como contraste, seis de cada diez concellos gallegos tienen menos de 5.000 habitantes. Partiendo de este dibujo, el decálogo propone una revisión seria de la planta local. ¿Es posible un pacto autonómico o estatal para abordar esto con las experiencias recientes?

También plantean una redefinición de las competencias de los ayuntamientos, «cuyo perfil después de la última reforma local les sitúa como simples administraciones ejecutoras de un nivel superior».

La difícil evaluación entre los municipios a la hora de prestar servicios, y la financiación, «con un sistema fiscal implantado en la década de los cincuenta o sesenta y que apenas se ha revisado más allá de retoques», son otras de las cuestiones que están sobre la mesa. En este sentido, la inhibición fiscal de muchos municipios gallegos, que dependen de las subvenciones de la Xunta y de los servicios que prestan las diputaciones, merecen un replanteamiento. Y, por supuesto, un desarrollo urbanístico abordado como un medio, y no como un fin.

VALERIANO MARTÍNEZ. Un plan estratégico que arranca con buenas intenciones

QUEDARSE corto en las promesas y largo en los hechos. Ese debería ser el objetivo último del Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020, cuyo autor, Valeriano Martínez, es consciente de la importancia capital que tiene la planificación a medio plazo. El conselleiro de Facenda ha presentado un borrador que apela a unas cuantas buenas intenciones, y que se abrirá a la sociedad a través de consultas y debates para concretar sus ejes, una vez definidos. Aquí hay un cambio sustancial, precisamente esa participación y debate que se prentende suscitar entre determinados colectivos. El plan deberá incorporarse a los presupuestos del próximo año, lo cual implica que el tiempo es limitado para esas consultas que plantea Martínez. Habrá que esperar al detalle, a la letra pequeña, para comprobar si realmente ese plan estratégico implica un cambio de modelo, como dice la Xunta. Con buscar otras pautas de crecimiento sería suficiente.

MIGUEL ANTOÑANZAS. Viesgo se hace con el control total de Barras Eléctricas

COMO las piezas de un puzzle que siempre encajan, en el mismo mes Gas Natural Fenosa ha destinado 260 millones a la compra de Gecalsa, un grupo de renovables con presencia en Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía, y a la vez ha firmado la venta de su participación en Barras Eléctricas, que pasa a manos del que ya era su accionista mayoritario, Viesgo. Miguel Antoñanzas, primer ejecutivo de Viesgo y de Begasa, firmó la operación para adquirir el 44,9% de Begasa a Gas Natural por algo más de 97 millones. El accionista de control, pues, se hace con la totalidad, en una operación que tiene mucho que ver con una revisión tranquila del mapa eléctrico. Que sea para bien, y sobre todo para garantizar la mejora constante del suministro a los casi 170.000 clientes que tiene la histórica compañía repartidos por Lugo y su provincia.

Un sector lácteo huérfano
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