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Reforma por accidente

Frente a patronal y sindicatos, la reforma laboral retrata una clase política incapaz de pactar
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, tras la aprobación de la reforma laboral. EFE
photo_camera Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, tras la aprobación de la reforma laboral. EFE

Un aparatoso error y dos traiciones propiciaron esta semana que triunfase la reforma laboral en el Congreso al tiempo que fracasaba la negociación política de Yolanda Díaz. Atendiendo al resultado, y sobre todo al espectáculo ofrecido para sacar adelante la norma, la derrota puede hacerse extensiva a prácticamente toda nuestra clase política, con contadas excepciones. De todo ha habido en estos meses, cuando un pacto inédito y muy trabajado alcanzado entre Gobierno, patronal y sindicatos mayoritarios parecía despejar el futuro de miles de trabajadores corrigiendo y enmendando, que no derogando, la reforma laboral de 2012 del PP de Mariano Rajoy.

De la mesa de diálogo social a los pasillos del Congreso. Ese ha sido el recorrido de la norma hasta ser finalmente validada por la mínima. Del acuerdo al sofoco. Tiempo habrá para analizar reequilibrios de fuerzas entre las alianzas de unos y otros, con una legislatura que parecía encarrilada con los apoyos de investidura. También para escuchar las razones de quienes se niegan a apoyar con sus votos una norma que quieren empresarios y trabajadores, que esa es otra. El pacto que es posible entre patronos y sindicatos con el Gobierno resulta inviable, pura ficción, cuando se traslada al escaño, donde solo hay luces cortas que permiten superar la siguiente curva de intereses y peajes.

En este tiempo, hasta se han retorcido las palabras. Corregir y enmendar. No derogar. ¿Puede ser posible? Vayamos al pacto de gobierno firmado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en diciembre de 2019. Pues el punto 1.3 del acuerdo dice claramente que "derogaremos la reforma laboral". Pero lo coloca como el enunciado de un epígrafe en el que especifica con detalle lo que van a derogar, que coincide en gran parte con los cambios que ahora nos trae la norma aprobada. Por ejemplo, se comprometieron a derogar "la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales". Dicho y hecho. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Derogación? ¿Un sí pero no? ¿A medias? ¿Solo un poco? Lo cierto es que en este tiempo Yolanda Díaz ha jugado a contentar a todos, casi al despiste, cuando realmente se deroga parte de un articulado legislativo, como sucede con otras grandes reformas en este país.

Aquí falló el fondo y la forma. Despedir en España sale igual de barato que antes

Primer error el de aludir a la derogación de la reforma de Rajoy, porque ni mucho menos lo es en su integridad lo que ha salido esta semana en el Congreso. Aquí falló el fondo y la forma. Despedir en España sale igual de barato que antes. Ahí, en ese aspecto, nada cambia. Era la línea roja de la patronal de Garamendi. Y se ha respetado.   Con la reforma de Rajoy y Fátima Báñez, la indemnización por despido improcedente se reducía para los contratos indefinidos de 45 a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, cuando hasta esa fecha, 2012, año en que se aprobó esa reforma, estaba en 42 meses. Nada ha cambiado ahora. Es como si finalmente Nadia Calviño, la tecnócrata que siempre mira a Bruselas, hubiera vencido en silencio frente a la alharaca de Yolanda Díaz y sus aliados de ocasión, que al final tampoco resultaron serlo del todo. Ni mucho menos.

¿Y en qué mejora la reforma laboral las condiciones de los trabajadores? ¿Por qué Garamendi y los empresarios la apoyan y el PP y Vox la repudian mientras a Ciudadanos le gusta? Con la excepción de la CEOE, quizá tenga muy poco que ver con cuestiones relacionadas con el mercado laboral. ¿El PP de Rajoy la hubiera apoyado? Lo cierto es que, en síntesis, esta reforma trae más estabilidad al mercado laboral, y tiene algún objetivo claro más allá de que a partir de ahora los contratos serán indefinidos por defecto. Por ejemplo, es un intento claro de intentar remediar la precariedad, el abuso de la temporalidad, la exclusión de los jóvenes, la asimetría en la negociación colectiva o el despido como palanca de ajuste. También devuelve poder a los sindicatos, evidente, con la prevalencia del convenio sectorial sobre los de empresa, por ejemplo.

 En definitiva, lo que se aprobó esta semana cambia condiciones de negociación y contratación, pero no de despido. Media patronal quería que el Congreso tumbase la reforma y medio PP aprobarla tal y como estaba. Eso lo dice todo. Pero, sobre todo, esta reforma laboral retrata a una clase política incapaz de pactar como hacen empresarios, sindicatos y Gobierno. Triste. 

Juan Carlos Escotet. Abanca gana más, pero su negocio también sufre

Abanca sigue al acecho. En plena transformación del sector, la entidad de Juan Carlos Escotet afronta por un lado el problema de la exclusión financiera de determinados municipos y, por otro, la búsqueda de músculo para competir. Mira, de un lado, a rivales como Ibercaja. De otro, a esos municipios del interior, sabiendo que una de las patas de su pasivo son precisamente las pensiones de los gallegos. Abanca gana más, crece en depósitos y créditos, integra a otras entidades, pero también sufre. Su beneficio atribuido fue de 323 millones en 2021, con lo que dobla el conseguido un año antes. Sin embargo, el resultado de explotación, propio de su actividad bancaria, cae un 13%, hasta 185 millones.

Valentín González Formoso. Un líder para el PSdeG que sabe mucho de energía

Valentín González Formoso no solo acumula cargos. También experiencia. Cuando habla de energía es mejor escucharlo con atención. Y no solo por haber tenido que convivir durante años con Endesa y su central térmica. Líder de los socialistas coruñeses, alcalde de As Pontes, presidente de la Diputación de A Coruña, el nuevo secretario general  del PSdG llega al puesto con un hatillo en el que también sobresale su actividad profesional, relacionada con la energía. Por eso habla con conocimiento cuando se sienta con los trabajadores de Alcoa y pide a la Xunta máxima agilidad para acompañar la transición con la tramitación de los PPA, los parques eólicos que alimentarán la futura Alcoa.