Un fondo de cohesión demográfico puede financiar servicios, no resuelve el envejecimiento
GALICIA se arruga. Y hace tiempo que la arruga dejó de ser bella, tanto para Adolfo Domínguez, un grupo que ha sufrido especialmente en estos años de crisis, como para los propios gallegos. Los que quedamos, se podría sintetizar sin ápice de ironía. Porque hace tiempo que la situación demográfica de esta comunidad provocó que se comenzasen a lanzar SOS sin tener muy claro el destinatario de las alertas. Del "hacen falta gallegos" que jaleó Manuel Fraga en los noventa para fomentar una natalidad ya entonces amenazada, pasamos ahora a propuestas que comienzan a tener sentido, aunque todavía siga sin estar muy claro quién será el receptor. Al menos, hasta dentro de unos meses, cuando al fin La Moncloa tenga inquilino.
Y algo hay cierto en estos día de zozobra electoral. A buen seguro que la crisis demográfica no ocupará apenas espacio en la agenda de los partidos que concurrirán a las urnas el 26-J. Ni siquiera tiene el hueco que se merece un asunto tan crítico en los programas electorales. En las propuestas manda el cortoplacismo, enemigo íntimo de esta crisis silenciosa.
En los preliminares de la campaña nos hemos topado con algo de luz. Y se hizo en Santiago, en la reunión del Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos, que celebró su quinta cita anual. Asturias, Cantabria, Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, La Rioja y Extremadura comparten similares problemas demográficos con la comunidad gallega, convertida junto con los vecinos asturianos en paradigma dentro de la ya envejecida Europa. Núñez Feijóo lanzó el guante: la creación de un fondo de cohesión, dentro del sistema de financiación autonómica, que pondere el envejecimiento, y reconozca económicamente el esfuerzo que desde las propias comunidades se realiza para luchar contra la crisis demográfica, con medidas de fomento de natalidad, caso de Galicia.
El envejecimiento de la población y su dispersión son, precisamente, dos variables a las que desde hace mucho se apela desde la comunidad gallega, ya sean instituciones o colectivos académicos, para reclamar más fondos al Estado. Y Feijóo ahora utiliza un dato rotundo: el coste de la sanidad para una persona de ochenta años equivale al de tres jóvenes de 18 años. Es el coste de los servicios sociales un argumento difícil de rebatir. Pero tan importante como esa variable es el reparto mismo de esos servicios, que también conlleva un coste asociado, derivado de la dispersión poblacional. No habrá igualdad entre la Galicia urbana y la rural mientras el acceso a esos servicios no sea similar en uno y otro rincón.
Por todo ello, el modelo pendiente de financiación autonómica puede contribuir a restañar las heridas demográficas, pero no las cauterizará. España lleva sin reformar el sistema desde 2009, y su reapertura, llena de amagos, siempre ha estado condicionada a los vaivenes políticos y la conveniencia de Madrid, como demostró la posición de Mariano Rajoy ante el problema catalán: nada de abrir melones a destiempo. También en esto hay mucho de cortoplacismo.
Siendo importante la incorporación de variables como el envejecimiento de la población o su dispersión al futuro sistema de financiación autonómica, queda mucho por hacer sin recurrir a Madrid. Y sin parchear la situación (cheques bebé, rebajas fiscales, bonos guardería), Galicia debe lograr un doble objetivo que resulta transversal al problema de la población: ser más atractiva. Para que se creen empresas y las que hay crezcan, porque con ello habrá más puestos de trabajo y se atraerá mano de obra. Atractiva para que el talento joven, el más capacitado, y a la vez más capaz para tener descendencia, apueste por quedarse y no marcharse. Galicia debe cautivar a la inversión extranjera tanto como a cualquier ciudadano de la UE para residir o a cualquier inmigrante para trabajar. Ese es el reto.
"La riqueza de un país es proporcional a su población activa", recordó esta semana en la cumbre de Santiago el demógrafo galo Gérard-François Dumont.Y la realidad nos dice, según datos del propio Instituto Galego de Estatística (IGE), que en 2015 un total de 652.477 residentes en Galicia percibía pensiones contributivas de la Seguridad Social. En otras palabras, uno de cada cuatro gallegos es pensionista. La población activa gallega, que no llega a los 1,3 millones, es la más baja desde 2006. La tasa de actividad, que no es más que la suma de la población ocupada y la parada, no llega en Galicia al 54%, la más baja de España tras Asturias, otro de los estigmas demográficos del conjunto nacional. ¿Tendrán algo que ver las oportunidades que ofrece un país con su situación y expectativas demográficas?
Novagalicia y el papel de los empresarios
DOS grandes y sonoras ausencias se pudieron contar entre la nómina de grandes empresarios gallegos que decidieron apostar en su día por la regalleguización de Novagalicia Banco, invirtiendo unos 70 millones de euros. Se trataba de nada menos que Amancio Ortega y su entonces exmujer, Rosalía Mera. Todas las miradas, y las dudas, se dirigieron entonces al presidente de la entidad, José María Castellano Ríos, encargado de pilotar el rescate de las antiguas cajas. Y en su nombre muchos encontraron las respuestas a la ausencia de Ortega y Mera, dos de las grandes fortunas europeas. Ambos, Ortega y "Caste", habían cerrado de mala manera su exitosa trayectoria en Inditex.
Al comprobar ahora cómo la Justicia por dos veces da la razón al Fondo de Reestructuración Ordenada de la Banca (FROB), en otras palabras, el Banco de España, frente a unos inversores que lo perdieron todo, son muchos quienes reclaman una mayor implicación de esos grandes patrimonios en el devenir de la economía gallega y sus bancos. Es cierto que una apuesta en clave de país, como la definieron los Fernández Somoza, Jove, Rivera, Añón, Tojeiro y compañía, podía tener otro final más allá de una simple "operación acordeón", reduciendo a cero el capital del banco. Sería muy positiva la presencia minoritaria en el accionariado de la renacida Abanca de ese grupo de accionistas, ahora escaldados. Pero de ahí a que los empresarios compren bancos...
El clan Ortega haría muy bien en implicarse más en Galicia, y hacerlo en lo que sabe, la moda. Los bancos para los banqueros. Y si algo nos ha enseñado la crisis es que no andamos sobrados de esa especie.
Xoaquín Fernández Leiceaga, candidato socialista a la Xunta de Galicia
La propuesta fiscal del candidato a la Xunta por el PSdeG
HA tenido que salir raudo el flamente candidato socialista a la presidencia de la Xunta para apagar el fuego originado en su grupo parlamentario, que entró al trapo de una propuesta del BNG para que Galicia asumiera el modelo de cupo vasco y su concierto económico. Y si de algo sabe Xoaquín Fernández Leiceaga es precisamente de fiscalidad territorial. Su propuesta, porque así lo ha escrito, pasa por un acuerdo estable para un sistema de financiación más equitativo y con reglas iguales para todos, incluidos los territorios forales y Canarias, que deberían asumir progresivamente el modelo común. Fernández Leiceaga se queda con más transparencia en las cuentas públicas autonómicas y con una reforma en profundidad de la administración general del Estado para adecuarla al reparto territorial de competencias. También aboga por evitar la centralización innecesaria. De ahí al cupo vasco hay un buen trecho.
Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura en funciones
La ministra gana tiempo ante la crisis del sector lácteo
ES el sector al que ha dedicado más tiempo desde que está en el ministerio, que no es mucho. Así lo asegura Isabel García Tejerina, la titular de Agricultura en funciones, cuando aborda la situación de los ganaderos y los precios de la leche. La ministra confía en julio como fecha clave para que el comisario europeo de Agricultura impulse nuevas medidas para el sector. Vaya, en julio, justo después de las elecciones. Desde su departamento insisten en que los precios caen con más suavidad en España que en la Unión Europea. En abril bajó un 3% el precio de la leche a escala nacional, por un 13% en Europa. La última ministra que habló de aterrizaje suave en los precios de algo fue la de Vivienda, la extremeña María Antonia Trujillo, con Rodríguez Zapatero en La Moncloa. Lo hizo justo un año antes de que estallara la mayor crisis inmobiliaria que se recuerda.
