A NADIE nos gusta pagar multas de tráfico o comprar el petróleo a países que no respetan los derechos humanos, pero si la siniestralidad viaria ha bajado ha sido principalmente gracias al endurecimiento de las sanciones —las campañas de concienciación y el hecho de que hace tiempo que se le haya dado categoría de problema de salud pública también ha ayudado— y la mayoría no renunciamos al coche y no preguntamos de dónde viene el carburante cuando vamos a surtir. Tampoco nos gusta la industria armamentística, pero queremos seguridad en nuestras casas y en nuestras calles, que nuestra Policía disponga de medios cuando los necesita y que los terroristas estén lo más lejos posible. Queremos pagar los menos impuestos posibles y, a la vez, tener muchos y buenos servicios públicos.
La reflexión viene a cuento de las posturas que a veces políticos y ciudadanos de a pie adoptamos frente a algunos temas. Esta semana, Lugonovo consideró «un feito moi gravoso» que el Concello recaudara el año pasado dos millones de euros en multas de tráfico. «Esixe unha explicación pormenorizada por parte do executivo», afirmó la formación, «non só polo montante da cantidade recadada» sino también «polas singularidades que se dan nalgúns medios dos que dispón o Concello para sancionar», precisó.
La verdad es que resulta sorprendente que se recaudara esa cantidad. Es noticia cada vez que un policía es visto sancionando coches encima de la acera o en pasos de peatones. Cabe deducir, entonces, que la gran mayoría de las multas son fruto de los excesos de velocidad detectados por el fotorrojo y Peajes a los que no gusta mirar los radares que hay en la Ronda da Muralla, y en Duquesa de Lugo y Avenida de Madrid de forma alterna, además del radar móvil que de vez en cuando presta la DGT.
La exigencia de Lugonovo era oportuna porque, pese a que hace tres meses que este periódico advirtió de que una sentencia del Supremo anulaba sanciones de fotorrojo por ser un mecanismo que carece de controles metrológicos, el gobierno mantenía que estos no eran necesarios y que el funcionamiento del aparato era legal. Esta semana cambió de opinión y «por prudencia» decidió apagarlo. No ve necesaria la misma «prudencia» con las multas impuestas en el tiempo que transcurrió desde la sentencia y va a tramitarlas. Seguramente bastará con que algún afectado recurra su sanción para que el Concello acabe teniendo que devolver el dinero recaudado a los conductores.
El caso del fotorrojo sirve como ejemplo de los muchos discursos hipócritas que tenemos en el día a día y como prueba de que a veces la clave está en el término medio. El fotorrojo y los radares sirvieron para reducir la velocidad en la Ronda da Muralla, donde, recordemos, en la última década hubo dos muertos por atropello y varios heridos graves consecuencia de velocidades más propias de una carretera que de una ronda urbana. Si la velocidad se sedujo no fue porque nos entrase sentidiño, sino porque el bolsillo y los puntos del carné nos duelen. Claro que una cosa es recurrir a la vía punitiva si no queda más remedio y otra, hacerlo al margen de la legalidad o con afán lucrativo. No es el caso de la Ronda, pero los radares no suelen estar en los tramos de carreteras más peligrosos sino donde es más fácil coger desprevenidos a los conductores.
Resulta llamativa también la obsesión que Age y Ace-EU tienen con las instalaciones que el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (Inta), dependiente del Ministerio de Defensa, ha montado en el aeródromo de Rozas y con los proyectos que se están gestando en el lugar. El principal es el centro de investigación y experimentación aeronáutica, una iniciativa de la Xunta en la que ha logrado embarcar al Inta y para la que se busca socio privado. La función del centro será el desarrollo de drones para usos civiles. El negocio de los aviones no tripulados está generando grandes expectativas a nivel mundial, en campos como la vigilancia forestal y hasta el transporte de órganos para trasplantes, entre muchos otros. Pero claro, por Rozas también pasan a veces aviones militares —la última, para obtener en el Inta la certificación necesaria para introducirlos en el ámbito civil— y eso, para algunos, lo cubre todo de sospecha. Eran aviones de fabricación israelí que fueron utilizados en Afganistán para misiones de vigilancia y obtención de información, según informó el Inta, pero para Age y Ace todo lo que suene a milicia, armas y países en guerra huele mal. Como a cualquiera, es obvio, el problema es que no vivimos en un mundo feliz y, si hay gente que atenta contra la vida y las libertades, cualesquiera que sean, yo quiero que haya quien la combata. Y por desgracia, no siempre llega con la palabra.
