LAS NEGOCIACIONES entre el PSOE y Lugonovo para tratar de formar una coalición de gobierno en el Concello de Lugo no habían empezado de forma oficial, pero sí había habido exploraciones, conversaciones informales en las que las partes empezaban a dejar ver sus posiciones, a hablar del papel que podrían jugar determinadas personas en ese hipotético gobierno o a esbozar líneas de acción prioritarias y posibles metodologías de trabajo. El acercamiento entre ambas formaciones fue in crescendo desde el inicio de mandato. Lugonovo es el principal apoyo del gobierno, al que ha respaldado en asuntos cruciales como el presupuesto municipal y el plan para dar un giro a la política de personal del Concello con el nombramiento de un director general, y se trataba de dar un paso más, de intentar ampliar, definir y formalizar esa colaboración que de facto ya existe.
Las partes parecían dispuestas a tratar de explorar un acuerdo, aunque previamente Lugonovo tendría que obtener la aprobación de la asamblea –en el grupo municipal no parece haber diferencias– y hasta ahora el asunto no había sido tratado, ni siquiera por los órganos de coordinación.
Lugonovo se replantea su estrategia por el temor a una hipotética imputación de la alcaldesa
Las aproximaciones políticas suelen realizarse tras periodos electorales y no antes, pero en este caso, las partes –especialmente el PSOE– consideraban que el momento podía ser oportuno, porque además serviría para enviar a la ciudadanía el mensaje de que la izquierda es capaz de entenderse. Además, en ese marco de colaboración que mantienen, chocarían los enfrentamientos partidistas que se verían abocados a protagonizar en la campaña electoral de otoño.
Sin embargo, todo parece haber cambiado en los últimos días, y no por diferencias entre las partes. El enfriamiento ha llegado de fuera, en forma de querella.
La denuncia penal de CSIF contra el exalcalde José López Orozco; la actual regidora, Lara Méndez, y una funcionaria –la persona que está previsto que asuma la nueva dirección general– por haber mantenido a esta en el puesto de letrada asesora durante varios años en comisión de servicio, sin convocar la plaza, como establecieron diversas resoluciones judiciales, parece ir mucho más allá de un litigio laboral e incluso de intentar frenar el nombramiento de la directora general de recursos humanos, cuya línea de trabajo iría, supuestamente, en dirección contraria a los intereses que defiende el sindicato. Lugonovo ha tenido mucho que ver en el paso dado por el gobierno –fue de los primeros en señalar públicamente la necesidad de cambiar la política de personal y esa revisión fue una de las condiciones que puso para aprobar el presupuesto– y, aunque el apoyo sindical y de la plantilla a la medida es amplio, también hay quien ve amenazada su posición, y más aún si la nueva formación política siguiera adquiriendo protagonismo.
CSIF atribuye a los demandados presuntos delitos de prevaricación, malversación y enriquecimiento ilícito, respectivamente, por el complemento salarial que cobra la funcionaria, superior al que le correspondería en su puesto original, en Contratación. Expertos jurídicos dudan de que la denuncia pueda tener encaje penal, e incluso recorrido judicial, puesto que la sentencia es firme desde febrero y el gobierno ya había dado orden al servicio de Personal para que la ejecutara, aunque en realidad esta es una obligación del servicio –según establece el reglamento municipal– y así procede en el resto de casos. Además, desde 2014, la letrada ejerce bajo adscripción, modalidad que el gobierno ve legal puesto que en su día fue informada favorablemente por Personal y no fue impugnada.
El propio sindicato dice que es una "querella de mínimos" y, a la par que la registraba en el juzgado de guardia –el 2, aunque ahora tiene que ir a reparto–, anunciaba su disposición a "negociar con buena fe para alcanzar una solución a la difícil y caótica situación que –según el propio sindicato admite– se vive en el Concello en personal".
Sin embargo, la querella ya ha tenido consecuencias. Lugonovo parece estar pensándose sus movimientos.La formación impidió que José López Orozco fuera alcalde por sus imputaciones y si Méndez llegara a verse en esa situación, tendría difícil explicar su presencia en el gobierno. Otra cosa es que siguiera apoyándolo puntualmente, en la oposición constructiva que viene realizando hasta el momento. Claro que una nueva imputación de Lara Méndez no parece fácil. La alcaldesa estuvo cinco años bajo investigación por un error judicial, por lo que seguramente nadie tomará una decisión similar a la ligera, sin buen fundamento. Y como dice algún compañero de partido que durante los primeros meses de mandato de Méndez se llevaba las manos a la cabeza y ahora aplaude sus pasos y hasta ve "necesaria" la "ruptura" que está realizando con épocas pasadas, en esta querella quizás hay "moita auga para tan pouca ola". Aunque, quién sabe, en el juzgado uno sabe cómo entra, pero no cómo sale.
