UNO A VECES se pregunta para qué queremos gobernantes y si el sistema nos protege o nos pone a los pies de los caballos. Demasiadas veces, en realidad. Quizás por eso, que el país lleve más de dos meses sin gobierno (con gobierno en funciones) no parece que quite el sueño al común de los ciudadanos. Por eso o porque están hartos de la escasez de entendimiento político y del exceso de latrocinio (presunto o demostrado) y han decidido desconectar y buscarse la vida como cada uno buenamente puede. Porque si algo parece claro con la sucesión de acontecimientos que se han producido en las últimas semanas en Lugo es que, en muchas ocasiones, el ciudadano está solo. Y que, cuando toca asumir responsabilidades, todo el mundo mira hacia otro lado.
Un agresor sexual se movió por la ciudad y cometió varios ataques a pesar de que la Policía Nacional tenía fundadas sospechas de quién era y pruebas que, con el estudio necesario, lo podrían haber confirmado. Toda esa información llegó, como no podía ser de otra manera, al comisario jefe, pero inexplicablemente no se le detuvo hasta cinco meses después, a raíz de la denuncia presentada por una de sus víctimas, a la que violó.
Si los hechos ya ponen los pelos de punta, que tres días después de que esta presunta negligencia se hubiera hecho pública no haya habido ni una sola reacción administrativa, política o social (con la excepción de la petición de explicaciones que este sábado hizo el BNG), pone de manifiesto otro hecho aún más preocupante: instituciones y sociedad están muertas. El comisario se ha ido de vacaciones, la Subdelegación del Gobierno alega que no fue informada y el resto, a hacer su vida. Aquí lo que preocupa es si va a nevar el fin de semana.
Y siendo este uno de los hechos más graves que se ha producido recientemente, no es el único ni el peor. Una mujer fue asesinada por su pareja hace unas semanas en Becerreá a pesar de que, según fuentes conocedoras del caso, que aún está bajo secreto, no solo había dado señales de que se sentía amenazada, sino que puso su situación en conocimiento de al menos dos instituciones públicas y de una asociación de ayuda a mujeres. Tenía miedo, pidió ayuda y un hombre y el sistema la mataron.
Sin llegar a estos extremos, a diario los ciudadanos viven kafkianas e insoportables situaciones de indefensión. En teoría, la Administración debería funcionar por sí sola, al menos en lo ordinario, pero en ocasiones no resuelve ni sin Gobierno ni con él. De lo que se desprende que el problema no está solo en los políticos.
Los vecinos de la rúa Castelao tuvieron que esperar un año y cinco meses, que se dice pronto, a que la Policía Local interviniera como debía ante el sistemático incumplimiento del horario de cierre de un pub y las consecuencias que eso tenía para el vecindario, como gritos en la calle, pulsaciones de timbres, vómitos, orines y cristales rotos ante las puertas de los edificios... Desde noviembre de 2014, los afectados hicieron casi 40 denuncias y la Policía no abrió expediente al pub hasta este mes, cuando el problema y la falta de actuación quedó en evidencia en los medios de comunicación. Lo que, además, permitió conocer el limbo en el que están atrapadas este tipo de denuncias desde la entrada en vigor de la nueva ley de seguridad ciudadana.
La Xunta esgrime que la nueva norma excluye del concepto de seguridad ciudadana las infracciones referidas a temas de espectáculos y actividades recreativas, y como en Galicia tampoco hay una ley específica en esta materia, el Gobierno gallego sostiene son la competencia es de los ayuntamientos. Si estos son quienes conceden licencia de actividad, son quienes tienen que velar por que se desarrolle según las condiciones autorizadas, arguye la Xunta.
Algunos concellos no comparten esa interpretación y otros no tienen medios para hacer esa labor de tramitación y sanción, de manera que siguen remitiendo las denuncias a la Xunta, quien acto seguido las devuelve a los ayuntamientos. Y en el medio, los ciudadanos. Unos hacen negocio infringiendo la ley y otros sufren las consecuencias sin que nadie asuma responsabilidades. Al parecer, nadie es competente.
Tampoco nadie es responsable (o, mejor dicho, nadie asume ni sufre consecuencias, salvo los ciudadanos) por el hecho de que gran parte de las obras públicas acaben con sobrecoste. La Fiscalía lucense archivó esta semana la denuncia del PP por el desfase presupuestario de la reforma del antiguo hotel Miño que lleva a cabo la Diputación para sede de la Uned. La Fiscalía no apreció indicios de malversación de caudales públicos ni de prevaricación administrativa porque la institución provincial justificó las modificaciones de proyecto y presupuestarias. La Fiscalía sí constata que "el anteproyecto que sirvió de base para la adjudicación no es el que resultó desarrollado posteriormente", por la "diferencia entre las previsiones iniciales y las obras que realmente se hacían necesarias". Concluye que "se podría exigir un mayor rigor", pero el reproche judicial es todo el castigo que la Diputación y la Uned van a recibir y toda la compensación que los ciudadanos van a tener por un incremento de gasto público sobre el que siempre quedará alguna sombra de duda. Como en tantos otros casos.
Los sobrecostes en obras públicas son moneda corriente. En la provincia los hubo en todos los grandes proyectos de los últimos años (Hula, A-8, puerto seco de Monforte, museo interactivo de Lugo...), sin que en ningún caso llegaran a quedar claras las razones. Si hubo negligencia en la planificación o en la contratación, si fue intencionada (hay empresas que logran obras en concursos públicos con rebajas asombrosas y después consiguen ampliaciones por procedimientos negociados donde, en buena lógica, parten con ventaja), si realmente hubo contratiempos que eran impredecibles o si los encarecimientos fueron propios del paso del tiempo, por el retraso que acumularon muchas obras. ¿De quién fue la culpa? Qué más da, total, el dinero es de todos.
Artículo publicado en la edición impresa de El Progreso del domingo 28 de febrero de 2016
