El simultáneo estallido de las crisis internas de PSdeG, En Marea y BNG eleva la moral del PP, pero la clave reside en si los conflictos se enquistan o si se aparcan ante las autonómicas
LA ESTRIDENTE pero leal y, en todo caso, siempre poco eficaz oposición volvió a trabajar esta semana con intensidad para que Feijóo conquiste en octubre su tercer mandato, como si quisiera esforzarse en garantizarle lo que el presidente de la Xunta no tiene asegurado. Tras el 26-J se regresó a la que casi es la tónica habitual en Galicia, con la agenda política marcada por las trifulcas del centro-izquierda.
Se consolida así el cuadro en el que, frente a la parálisis de su Gobierno para afrontar los problemas estructurales y coyunturales de Galicia, Feijóo se ha convertido en el habilidoso gestor de las heridas internas de sus rivales. Pero hay dos novedades respecto a la situación de los dos últimos años. Por una parte, el PP recuperó el 26-J parte de su voto perdido, aunque sin llegar al 44% que es el umbral mínimo histórico para obtener una mayoría absoluta en Galicia. Con el 41% de las generales los populares ahora están en mejores condiciones para beneficiarse del caos de su rivales. Y en éstos la crisis interna ya es generalizada, como se vio esta semana con la revuelta de dos tercios de los diputados autonómicos socialistas, la batalla campal en Podemos-Galicia en plena frase de traumática resaca de En Marea y con un BNG en el que la UPG se va quedando más sola que nunca.
En el PSOE el candidato ganador de las primarias, Fernández Leiceaga, y la gestora que dirige la heredera de Besteiro, Pilar Cancela, mostraron que no sólo no han cerrado ninguna de las heridas que dejaron las elecciones internas, sino que cada vez les cuesta mantener su precaria alianza, fraguada por su común rechazo al liderazgo de Abel Caballero. Leiceaga aún no ha conseguido formar su comité de campaña, para tener una estructura propia, y ahora afronta el riesgo de que la sombra de Besteiro pese en las listas autonómicas más que la suya propia y mientras las provincias del sur están dominadas por los críticos. Pero éstos gestionaron muy mal la batalla por el senador socialista de designación autonómica que se nombrará el martes. Será de nuevo Modesto Pose, pese al rechazo que suscita entre la gran mayoría de los diputados socialistas que erraron al proponer como alternativa a un Méndez Romeu que había anunciado su retirada tras perder las primarias.
En el PSOE pesa la falta de legitimidad de la dirección provisional que dirige Pilar Cancela. Y donde podría haber próximamente también una gestora es en PodemosGalicia, si la mayoría de la actual ejecutiva dimite para derribar a la secretaria general, Carmen Santos. Ésta, elegida en abril, dilapidó en pocas semanas el capital político que había ganado en las primarias por su delirio de postularse a la presidencia de la Xunta y su sumisión ante Carolina Bescansa, lo que le ha abocado a quedarse en minoría. Tras la anterior caída de Breogán Riobóo se comprueba que Podemos-Galicia es una ficción, porque los verdaderos referentes gallegos del partido morado son los amigos de Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, de Esquerda Unida, y Tone Gómez-Reino, además del alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro. El único que milita en Podemos es Gómez-Reino, que se ha especializado en las conspiraciones contra los sucesivos líderes gallegos.
En el Bloque un grupo de militantes encabezados por el anterior portavoz nacional Xavier Vence, ha proclamado en un manifiesto el fin del ciclo del BNG, lo que debilita aún más a la UPG para conseguir su difícil meta de entrar en el próximo Parlamento.
Todo este panorama eleva la moral del renacido PP. Sin embargo, el momento para resolver las cuitas internas es justo éste, después de las generales y antes de que se convoquen las autonómicas. El problema reside en que nada garantiza que los conflictos de la oposición no vayan a continuar.
La gran coalición del silencio naufraga en Angrois
Cuando el 9 de octubre las víctimas de Angrois se manifestaron ante los juzgados de Santiago aprovechando el enjambre de cámaras que seguían el juicio del caso Asunta la de los supervivientes y los familiares de las 80 personas muertas en la catástrofe ferroviaria parecía una causa perdida. Y resultaba sintomático que fuesen a intentar hacer oír su voz gracias al despliegue mediático que generó el terrible asesinato por sus padres de la hija adoptiva de Rosario Porto y Alfonso Basterra, un suceso que se mantuvo en la agenda de la prensa, las radios y las televisiones de una forma más intensa y constante que el accidente del Alvia.
Las víctimas de Angrois, con su portavoz Jesús Domínguez a la cabeza, protestaban contra el cierre de la instrucción con el maquinista como único imputado que acababa de decretar el juez Andrés Lago Louro, quien se hizo cargo del sumario tras el cambio de destino de Luis Aláez, que vio por dos veces como la Audiencia de A Coruña tumbaba sus naturales intentos de investigar a responsables de seguridad y altos cargos de las empresas públicas encargadas de la vía y de los trenes, Adif y Renfe, respectivamente.
Con esos antecedentes, los recursos de las víctimas y del abogado del maquinista ante la Audiencia de A Coruña parecían condenados al fracaso. Sin embargo, el pasado 27 de mayo la Audiencia anunció que ordenaba la reapertura de la instrucción, para indagar las deficiencias en la prevención de los riesgos de la curva de Angrois, lo que debería provocar que se investigue a alguien más que al maquinista, cuya obvia responsabilidad ya reconoció desde el primer instante.
No parece nada descabellada la teoría de Domínguez de que en el cambio de criterio de la Audiencia influyó el informe de la Agencia Ferroviaria Europea que, si bien se conoció esta semana, estaba listo desde hace meses. Se trata de un duro dictamen que descalifica por no independiente el trabajo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferrorivarios (Ciaf), dependiente, como Adif y Renfe, del Ministerio de Fomento. El texto de la Ciaf había servido de base al juez Lago y a la Fiscalía para asumir la que fue desde el principio la tesis del Gobierno, que el único responsable era el conductor, sin que imporse el hecho de que estaba desconectado el sistema de seguridad que pudo haber parado el tren, el Ertms, ni que el jefe de los maquinistas de Ourense hubiese advertido con antelación de la peligrosidad de la curva, en la que, ante la falta de un sistema automático, el error humano resultó fatal.
Con la ayuda de Ana Miranda, del BNG, las víctimas lograron que la UE publicase por fin el informe, que deja en una posición muy comprometida a la ministra de Fomento, Ana Pastor, como lo revela su elocuente silencio. Feijóo intentó defenderla recordando que ella estaba en la oposición cuando se abrió la vía, en evidente alusión al socialista José Blanco. Pero pese a estas escaramuzas en Angrois funcionó desde el primer momento una gran coalición del silencio, a través del pacto de PP y PSOE, acordado por Pastor y Rubalcaba, para preservar el prestigo internacional de la alta velocidad española, centrando toda la responsabilidad en el maquinista. Esa estrategia es la que ahora, tres años después, ha quedado desbaratada.
