El cambio en la Diputación de Lugo provoca que el poder del PP en las mayores instituciones locales se limite a la provincia orensana, donde Feijóo y Baltar II han establecido un equilibro
ANTES DE que se aprobase la Ley para la Reforma Política que abrió el camino de la Transición a la democracia, el 30 de octubre de 1976 el Gobierno de Adolfo Suárez restituyó el concierto económico de Vizcaya y Guipúzcoa, a las que el franquismo despojó de sus privilegios forales como “provincias traidoras” que no se sumaron al golpe militar de 1936 como sí hicieron Álava y Navarra, que conservaron el ahora de nuevo famoso cupo vasco y navarro, el mecanismo que permite a estos territorios no contribuir a la solidaridad pese a superar ampliamente la renta per cápita media española.
Un estatus similar al de las “provincias traidoras” es el que presentan en el seno del PP gallego Lugo y Ourense, cuyas organizaciones provinciales no apoyaron en primera instancia la candidatura de Feijóo para suceder a Fraga y sólo lo aceptaron cuando obtuvo una mayoría de compromisarios para el congreso de 2006. Al llegar a la Xunta en 2009 Feijóo despojó a Lugo y a Ourense de la cuota territorial que tuvieron en el fraguismo, mientras sí la mantuvo para las provincias que le avalaron, A Coruña y Pontevedra.
En el Consello de la Xunta de Feijóo ni se sienta, ni se ha sentado, ni por lo que parece se sentará nadie que represente al PP provincial de Lugo y Ourense. Hubo un conselleiro orensano, el ahora alcalde de As Burgas Jesús Vázquez, pero pertenece al sector ‘antibaltarista’, fiel a Feijóo y Rajoy. Más simpático es el intento de presentar como una cuota lucense al conselleiro de Economía, Francisco Conde, nacido en Monforte pero oriundo de la provincia de Monte Pío, pues su carrera política se desarrolló a la sombra de Feijóo, como asesor presidencial.
La ampliación del número de consellerías ha vuelto a confirmar la situación de las provincias desafectas, aunque en realidad la única que se le sigue resistiendo de verdad a Feijóo es la Ourense de los Baltar, el territorio que desde la moción de censura de la Diputación de Lugo del jueves es la isla popular en Galicia, la única provincia en la que el PP gobierna en una ciudad y también la única en la que tiene la diputación. Nunca había pasado, pues los populares, incluso en su peor momento, siempre habían conservado el poder en el palacio provincial de Pontevedra.
Justo cuando se votó la moción de censura en Lugo se oyeron bombas de palenque, que parecían lanzadas desde la muralla. Algún malpensado creyó que venían de la cercana delegación de la Xunta en Lugo pues la delegada, Raquel Arias, afín a Feijóo, podía querer celebrar la caída de su rival interna en el PP, la presidenta saliente, Elena Candia.
Pero el terremoto ese día se sentía en las delegaciones de Vigo y Ourense, con la destitución de sus respectivos delegados. En el caso de Vigo Feijóo siguió soltando lastre para el debate del estado de la autonomía del miércoles, como ya hizo al destituir a Rocío Mosquera en Sanidade y al quitarle Agricultura a Rosa Quintana, pues todo indica que la anterior delegada, Bravo Bosch, va a seguir imputada cuando declare ante la jueza de la operación Patos. Su caída arrastró al delegado de Ourense, Rogelio Martínez, también imputado.
Pero el relevo de Ourense muestra que hubo algún pacto entre Feijóo y Baltar II, quien tras aceptar al exconselleiro Jesús Vázquez como candidato a la alcaldía de la capital acabó por conseguir la defenestración de Rogelio Martínez, considerado un traidor a la causa ‘baltarista’. La nueva delegada, Díaz Mouteira, es una amiga personal de los Baltar, aunque Feijóo pretenda captarla, como hizo antes con tantos otros. En cualquier caso, en la isla popular de Ourense hay un nuevo equilibrio de fuerzas entre los dos bandos, pues el PP no puede permitirse una guerra civil en su único feudo.
La razón de Estado se impuso en el sumario de Angrois
Es de agradecer que Feijóo prescindiese el miércoles de la cansina letanía de “yo no comento las decisiones judiciales” y que se pronunciase con gran sinceridad sobre la decisión del juez Lago Louro de cerrar la instrucción del caso del Alvia, con el maquinista como único imputado y sin que los máximos responsables de las empresas públicas implicadas, Renfe y Adif, estén encausados, ni tengan que declarar como testigos.
"Si el juez, después de escuchar testimonios e informes técnicos, y de ver el alcance y contenido del accidente, llega a la conclusión de que el responsable es el maquinista, está coincidiendo con el sentir mayoritario de la sociedad", afirmó el presidente de la Xunta. En una primera lectura da la impresión de tratarse de una apelación a la justicia popular, pero popular de la gaviota, el símbolo del PP, la fuerza política dominante en Galicia desde 1981. Sin embargo, los antecedentes del caso indican que ese “sentir mayoritario” al que alude Feijóo debe ser más bien el que representan los dos grandes partidos, PP y PSOE, que desde el principio han mantenido un frente común para cerrar filas sin asumir responsabilidades políticas, centrar todas las culpas en la evidente negligencia del maquinista e intentar salvar el prestigio internacional de la alta velocidad ferroviaria española.
Hubo un pacto de Angrois. Fue el producto de la visita a la fatídica curva de A Grandeira el 25 de julio de 2013, al día siguiente del siniestro, del entonces secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, flanqueado por Elena Valenciano y Pachi Vázquez. Después, Rubalcaba se reunió con un grupo de compañeros en la sede local del PSOE, elogió el trato recibido por parte de la ministra de Fomento, Ana Pastor, y dio instrucciones para no usar la catástrofe de Angrois contra el PP. Fue un cierre de filas al que contribuyó también el PP al no atacar al anterior ministro, el lucense José Blanco, aunque no todos los cargos populares se atuviesen a tal limitación.
El peso de la razón de Estado, representada por los dos grandes partidos, centraba toda la responsabilidad en el despiste del maquinista y sacaba el foco de la otra cuestión esencial, la falta de seguridad automática en una línea ferroviaria con un diseño controvertido, si no chapucero. El primer juez instructor, Luis Aláez, se rebeló con un auto de agosto del 2013 en el que imputaba a la cúpula de Adif. El tiempo demostró que se precipitó, porque aún no tenía munición suficiente, aunque seguramente diese igual. La Audiencia Provincial de A Coruña anuló las imputaciones e instó a Aláez a seguir investigando. Después el sindicato de maquinistas, Semaf, aportó el correo del jefe de este cuerpo en Ourense en el que avisaba de la peligrosidad de la curva. Aláez volvió a imputar a los altos cargos y la Audiencia anuló su decisión. El juez cambió de destino y la causa la asumió Lago Louro a quien la Plataforma Víctimas Alvia 04155 acusa ahora de cerrar la instrucción sin haber leído el sumario y basándose en los informes de los dos peritos puestos por la Xunta, así como en la doctrina de la Audiencia.
*Artículo publicado el sábado 11 de octubre de 2015 en la edición impresa
