A Ulloa e Melide
Prisiones pide revisar protocolos ante casos como el de Monterroso
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El director de Monterroso: "Los vídeos son un montaje"
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha incoado un expediente disciplinario a los tres funcionarios de vigilancia interior que tenían asignado el turno de este miércoles el día 8 de agosto de 2021, jornada en la que se subieron a redes sociales varios vídeos en los que aparecen presos realizando actividades prohibidas, como la utilización de una máquina de tatuar o simular estar consumiendo pastillas y otras sustancias estupefacientes.
A efectos de calificación, los tres agentes se enfrentan a una falta considerada grave por no haber llevado "a cabo debidamente las tareas de observación y vigilancia, en tanto que varios internos residentes en dichos departamentos hicieron durante esa este miércoles uso de un objeto prohibido como es un teléfono móvil", según se indica en el expediente disciplinario.
Estos funcionarios se enfrentan así a una sanción que les podría acarrear hasta tres años de suspensión, lo que ha irritado "por desproporcionada, arbitraria e injusta" a la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP). Por este motivo, y como medida de apoyo a los compañeros expedientados, este sindicato ha convocado para este miércoles, a las 10.30 horas, una concentración a las puertas de la prisión.
La APFP cuestiona el modo de actuar de Instituciones Penitenciarias en este caso y, además de defender la "profesionalidad" de sus compañeros, se pregunta si realmente existe "constancia" de que si el día en el que se grabaron los vídeos fue realmente el mismo en el que se subieron las imágenes a las redes, porque de no ser así "no estarían esos tres compañeros trabajando".
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Desde el sindicato también cuestionan la objetividad del informe, cuando indica "falta de rendimiento" de los expedientados, cuando ese tipo de falta debería ser algo "constante en el tiempo y no un caso puntual", aseguran desde la APFP.
El sindicato denuncia que esta campaña contra los funcionarios de prisiones está orquestada "desde el Ministerio del Interior" para que renuncien a sus reclamaciones de equiparación salarial.
La APFP defiende además el trabajo de los funcionarios de Monterroso que, "pese a tener 27 puestos vacantes sacan su trabajo adelante con diligencia" y como ejemplo compara el número de móviles incautados, que es similar al del Centro de Teixeiro con una población reclusa cinco veces superior, "27 por 35 en 2019 y 43 por 45 en 2020", aseguran.
