Los afectados por la caída de una grúa en 2002 acusan a las aseguradoras de ''chantaje''

Varios de los afectados por el desplome en noviembre de 2002 de una grúa de construcción sobre un emblemático edifico de la Calle Real de A Coruña, un accidente en el murieron dos ancianas, han acusado esta mañana de "chantaje" a las aseguradoras y han reclamado la "reparación íntegra de todos los perjuicios".

Tras acordar el pasado martes las responsabilidades penales del accidente, -tres meses de prisión por cada uno de los delitos de homicidio imprudente y daños, la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido esta mañana la última jornada de la vista por la causa civil.

Algunos de los afectados por el desplome de la grúa han rechazado la propuesta de las aseguradoras y han exigido la reparación "íntegra" de todos los perjuicios, lo que incluiría no sólo el importe de la rehabilitación y de los costes asociados, sino también el lucro cesante, los intereses de demora de hasta un 20 por ciento.

"Las víctimas no tienen ninguna culpa de lo que ha pasado", ha asegurado durante el juicio el abogado de la acusación particular, Antonio Astray-Chacón.

La fiscalía ha avalado una modificación al alza de las compensaciones.

La acusación particular ha denunciado la "mala fe" de las aseguradoras durante un proceso que se ha dilatado durante diez años.

A este respecto, algunos de los afectados han asegurado, en declaraciones a Efe, haber sido "chantajeados, maltratados y humillados" por las aseguradoras durante el proceso judicial.

No obstante, el inmueble más afectado fue el número 3 de la calle Real, cuyo quinto piso, en el que vivían desde hace medio siglo las dos ancianas, cuyos cuerpos sin vida fueron difícilmente reconocidos por los forenses, fue arrancado de cuajo por la pluma de la grúa.

La grúa, propiedad de la empresa Talleres Hércules, había sido instalada para las obras en un edificio contiguo, el número 6 de la calle Real, a cargo de la firma Construcciones Fermira.

El incidente, y la tardanza de la justicia, obligó a los afectados a afrontar el coste de la reparación de un inmueble de gran valor patrimonial -un edificio modernista construido a finales del siglo XIX y catalogado como patrimonio cultural- con un valor sólo en materiales de más de 300.000 euros.

Los afectados tuvieron que afrontar con su propio patrimonio el gasto lo que obligó a alguno de ellos a vender sus propiedades para sufragar los costes.

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