La Policía Nacional ha informado este jueves de que ha culminado una investigación, procediendo en el transcurso de la misma a la detención de una pareja como presuntos responsables de delitos estafa, intrusismo profesional, falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular.
Según traslada en un comunicado, la comisaría compostelana recibió una serie de informaciones sobre posibles estafas que se estarían cometiendo con el objetivo de legalizar la situación administrativa en España de extranjeros y aprovechar la situación de vulnerabilidad de las personas inmigrantes que querían regularizar su situación para residir legalmente en España.
Con el inicio de la pandemia por el covid-19 todos los trámites de extranjería se realizan con cita previa, teniéndose conocimiento que en diferentes puntos de España ya se había procedido a la detención de personas que se lucraban revendiendo citas previas para tramitar diferentes permisos de extranjería, todo ello debido a la dificultad de obtener una cita, ya que las oficinas de extranjería se vieron "desbordadas".
La Comisaría de Santiago de Compostela, dentro del dispositivo de Seguridad establecido con motivo de la celebración del año Xacobeo 21-22 sobre las diferentes áreas de investigación, mantenía a la Brigada Local de Extranjería y Fronteras en "alerta y vigilancia" sobre estos hechos.
Al tiempo, recibió una información del Ilustre Colegio de Abogados de Santiago, donde un ciudadano había formulado una queja, manifestando que en marzo del año 2020 había contratado los servicios de una abogada, supuestamente especialista en extranjería así como su pareja, para realizar los trámites relacionados con su regularización en España, habiendo realizado varios pagos y siendo rechazado su expediente por las autoridades españolas.
Con estos datos y en colaboración con la Fiscalía del Área de Santiago los agentes iniciaron una investigación tendente al esclarecimiento de tales hechos y bautizada como operación Papiro. Los investigadores lograron identificar a la supuesta mujer que manifestaba ser abogada y a la pareja de ésta y como no figuraban colegiados como letrados ejercientes en ningún Colegio de Abogados de España y mucho menos como representantes en materia de extranjería.
MÁS DE 100 AFECTADOS. Identificados los presuntos responsables, la línea de investigación se centró en averiguar el modus operandi de los mismos, personas que se hacían pasar por abogados especialistas en materia de extrajería realizando diversos trámites para la obtención y renovación de tarjetas de residencia, nacionalidades e "impulsos" de las mismas a ciudadanos afincados, sobre todo, en la provincia de A Coruña.
La investigación destapó que la pareja arresta da no disponía de despacho físico alguno y se servía de su presencia frecuente en bares, cafeterías y locales frecuentados por ciudadanos extranjeros de localidades como Ames, Ribeira, A Coruña, Santiago y otras zonas de influencia.
Cuando contactaban con ellos, les ofrecían sus servicios como abogados, aprovechándose de la vulnerabilidad y desconocimiento que muchas de estas personas tenían de las leyes españolas, de la burocracia que conlleva y beneficiándose de la situación generada por las medidas adoptadas con motivo de la covid-19, a unos precios fuera de rango de lo que se manejan en el entorno profesional.
Para dar más credibilidad a su actividad, concertaban sus citas a las puertas de organismos oficiales como Comisarías de Policía, Registro Civil, Oficinas de Extranjeros, manifestando además ser especialistas en tramitación de expedientes de nacionalidad, ofreciendo sus servicios para "darle un impulso" a su solicitud y realizando trámites de gestión de negocios regentados en su mayoría por ciudadanos extranjeros, estimando los investigadores en más de cien personas las afectadas.
ENTRE 50 Y 200 EUROS. Los cobros se realizaban en metálico, aunque en ocasiones también se realizaban mediante ingresos en cuentas bancarias a nombre de terceros y a través de la aplicación Bizum, oscilando las cantidades entre los 50 y los 200 euros por cada gestión realizada.
Los arrestados adoptaban medidas de seguridad para evitar ser localizados como cambios de domicilio, utilización de vehículos a nombre de terceros y citas en diferentes cafeterías.
La investigación, que no se da por concluida, fue realizada por funcionarios adscritos a la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Santiago de Compostela y los arrestados puestos a disposición del Juzgado de Instrucción Número 3 de Santiago.
