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La Subcomisión pide una revisión ''coherente'' de la Ley de Propiedad Intelectual

La Subcomisión parlamentaria para la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual ha instado al Gobierno a que realice "los cambios necesarios para restablecer el consenso social en torno a los derechos de autor" y recomienda mayores niveles de eficacia y transparencia en las entidades de gestión.

El documento de conclusiones y recomendaciones elaborado por la subcomisión, y consensuado entre diputados del PSOE, PP, CiU, PNV y ERC, exhorta al Ejecutivo a que presente en esta legislatura una revisión "sistemática y coherente" de la Ley de Propiedad Intelectual y a que busque una fórmula que evite que el canon digital repercuta en el consumidor final.

El informe de la subcomisión aborda tanto la problemática de la gestión colectiva como la de la copia privada y las medidas frente a las infracciones en internet, y recomienda en varias ocasiones que se sigan "las directivas y acuerdos de la Unión Europea, elaboradas en los últimos años" sobre la propiedad intelectual y los derechos de autor.

"Cualquier modificación de la vigente ley debe orientarse para que sirva de instrumento que contribuya plenamente a la consolidación de un creciente sector económico, que cree empleo de calidad, garantice la diversidad cultural propia del Estado Español y permita a nuestro país participar en los retos de la sociedad de la información", señala.

En materia de gestión colectiva de derechos de autor considera que "la actuación de estas entidades requiere unos mayores niveles de eficiencia" y destaca la necesidad de que "desarrollen estructuras de funcionamiento más eficaces y transparentes, en especial respecto al cumplimiento de las normas de competencia".

Por ello, la Subcomisión aconseja que se establezcan los mecanismos de control y medidas de transparencia que recomienda el Parlamento Europeo, entre ellas la publicación de tarifas y repertorios, balances de ejercicio, e información sobre los acuerdos internacionales con otras entidades de gestión y sobre los costes administrativos, de forma que resulten comprensibles para sus beneficiarios.

También aboga por incentivar la introducción de códigos de buenas prácticas y por la intervención de organismos de arbitraje y mediación para reducir la alta conflictividad que se da entre las entidades de gestión y los usuarios.

Respecto a la copia privada, que es el concepto gravado por el canon digital y una de las cuestiones más polémicas de este debate, la Subcomisión propone "un estudio detallado sobre el daño que la copia privada produce en el sector cultural" y buscar una fórmula que evite la repercusión de dicho canon sobre el consumidor final.

Seguir el modelo europeo
Se trata, siempre en el marco de la normativa europea, de "profundizar acerca de las fórmulas que podrían establecerse para estrechar la relación entre el beneficio que (la copia privada) produce al sector electrónico y la compensación a satisfacer", indica el texto. La Subcomisión también se remite a la normativa europea en lo que respecta a la problemática de las obras huérfanas.

Insiste el documento en que es crucial -sobre todo para los operadores- entender y asumir el cambio en los modelos de negocio provocado por la aparición de las nuevas tecnologías, aunque éstos "no podrán desarrollarse con la rapidez que sería aconsejable sin un mínimo de seguridad jurídica, que garantice una tutela efectiva para los derechos de propiedad intelectual en que se basan".

"La Administración tiene que fomentar estos cambios en todos los niveles asegurando, igualmente, que el marco jurídico resulta neutral para todos los operadores y no genera ámbitos de claro desequilibrio que sean, exclusivamente, aprovechados por alguno de los sectores presentes", añade.

Entre las medidas que habrían de promoverse figuran la estimulación de "nuevos modelos de negocio que permitan una amplia oferta lícita de contenidos, a precios accesibles y con una normativa clara", así como medidas que mejoren el coste y calidad del acceso a internet en España, acercándolo a los estándares europeos.

La subcomisión ha elaborado sus conclusiones tras escuchar a casi una treintena de comparecientes, entre ellos representantes de las entidades de gestión, la industria audiovisual, editores, cines, medios de comunicación, expertos en internet, compañías de telecomunicaciones y asociaciones de consumidores.

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