El juez impone medidas cautelares a José Luis Moreno para que no se fugue

Los peritos examinan si el productor ha cubierto los seis millones de fianza
El productor José Luis Moreno, en una imagen de archivo. EFE
photo_camera El productor José Luis Moreno, en una imagen de archivo. EFE
Los peritos designados por el juzgado que investiga la trama societaria de fraude fiscal y blanqueo supuestamente liderada por José Luis Moreno siguen examinando si el valor de las propiedades que presentó el pasado jueves para prestar la fianza hipotecaria cubren los seis millones de euros exigidos.

Mientras tanto, el empresario y productor cumple con el resto de medidas cautelares que le impuso el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, para rebajar el riesgo de fuga: comparecencias semanales en el juzgado más próximo a su domicilio, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España, han señalado a Efe en fuentes jurídicas.

Para determinar si Moreno ha cubierto realmente la fianza de tres millones de euros que le impuso el magistrado para evitar la prisión con las propiedades presentadas como aval, los peritos deben proceder a tasarlas y comprobar si el valor alcanza el doble de la cantidad reclamada, tal y como establece la ley al abonarse mediante aval hipotecario.

Hasta ese momento, que puede prolongarse unos días, el juzgado no dará la fianza no por constituida.

Los otros ocho investigados que pasaron junto a Moreno a disposición judicial tras su detención en la operación Titella han abonado sus respectivas fianzas de 10.000 o 200.000 euros en metálico o mediante aval bancario, salvo uno de ellos, que también lo ha hecho a través de fianza hipotecaria y por tanto los peritos deben igualmente examinarla, han indicado las citadas fuentes.

Se trata de Antonio José Salazar, uno de los supuestos responsables de la estructura societaria de esta trama y al que el juez le puso 200.000 euros de fianza para quedar en libertad provisional.

Sobre la implicación de Moreno en estos hechos, la Fiscalía cree que existen "suficientes indicios de la participación del imputado en conductas constitutivas al menos de estafas reiteradas, falsedad documental, contra la Hacienda Pública e integración en organización criminal".

El fiscal se negó a que se le rebajara la fianza como pedía el popular ventrílocuo debido a la capacidad económica que él mismo reconoció tener y que cuantificó en 23 millones de euros.

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