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IU-ICV y el PSOE pactan garantizar la Ley de Memoria Histórica

El PSOE respaldará una moción de censura presentada por IU-ICV que pide la modificicación de la Ley de la Memoria Histórica para que garantice la responsabilidad pública e institucional en las labores de búsqueda y exhumación de fosas de las víctimas.

Así lo explicaron el diputado de ICV, Joan Herrera, y el portavoz socialista, José Antonio Alonso, tras la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, aunque la moción deberá salir adelante en el pleno de la tarde del martes.

El acuerdo insta al Gobierno a garantizar "la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo", de manera que si no lo garantizan las autonomías sea la Administración central la que lo haga subsidiariamente.

Con este enmienda, explicó Alonso, se restituye la memoria de las víctimas y se da satisfacción a sus familias, además de evitarles el "via crucis" que, según Herrera, atraviesan en la actualidad para localizar los restos de sus desaparecidos.

Según dijo Herrera, los cambios que se requieren en la moción se corresponden con los artículos del 11 al 14, que en su redacción actual no garantizan esa responsabilidad pública, un "fallo estrepitoso" de la norma.

Al respecto, Alonso afirmó que el PSOE no dudará en pactar "cualquier mejora que permita un desarrollo mejor" de la Ley de la Memoria, puesto que hay que restituir la dignidad de las miles de personas que siguen enterradas en cunetas y, en esta cuestión, "no hay margen para ideologías ni partidismos".

Difícil aplicación
Herrera, no obstante, se mostró cauto sobre la modificación de la legislación ya que, aunque la moción salga adelante en el pleno, es consciente de que "luego costará que el Gobierno la cumpla", ya que hasta ahora "le cuesta desarrollar la Ley de la Memoria".

En todo caso, de ser aprobada esta moción constituirá una "pequeña victoria", puesto que será una "herramienta" para exigir al Gobierno que garantice la ayuda pública a las víctimas y también para que "quede claro" que la investigación de los crímenes del franquismo "nunca puede ser considerada delito", en una evidente alusión a las querella interpuesta contra el juez Baltasar Garzón.

Y sobre los recursos que tendría que aportar el Estado, Herrera señaló que serían "anecdóticos", por lo que la crisis no puede ser excusa para ni objeto de "demagogia" para no resarcir la dignidad de las víctimas.

Otros aspectos que se incluyen en el acuerdo es transformar y potenciar la Oficina para las Víctimas, dar a conocer el mapa integrado de fosas, y conmemorar de forma solemne una declaración del Congreso de condena expresa de los diputados al régimen franquista y de apoyo a las víctimas del régimen.

Quedan fuera del acuerdo, no obstante, constituir un día anual de conmemoración de los represaliados, o crear una Fiscalía especial para estos crímenes y un Alto Comisionado para atender a las víctimas.

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