Hecha pública la condena a Ana Torroja: 1,5 millones de euros por fraude

El Juzgado de lo Penal número 5 de Palma ha hecho pública hoy la condena firme a Ana Torroja que dictó el pasado 9 de abril, cuando la cantante admitió haber cometido delitos fiscales en 2003, 2006 y 2007 y pactó pagar a Hacienda 1,5 millones de euros a cambio de que se retirasen las peticiones de penas de prisión.

Torroja, que ya ha devuelto unos 700.000 euros al fisco, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado en el juicio que se celebró el 9 de abril en los Juzgados de Palma, que ha quedado plasmado en la sentencia hecha pública hoy.

La sentencia firme dictada por la magistrada, Margarita Morro, condena a la artista como "autora responsable de tres delitos contra la Hacienda Pública", con las circunstancias atenuantes de reparación del daño, confesión y colaboración con la Justicia.

Los tres delitos admitidos son por el IRPF de 2003, 2006 y 2007, por los que ha sido condenada a 5 meses de cárcel por cada uno de ellos, sustituidos por sendas multas de 3.000 euros.

Además, por el fraude de 2003 pagará 121.241 euros de multa, por el de 2006, otros 134.361 y por 2007, 222.244 euros.

También ha sido inhabilitada para contratar con la administración, solicitar subvenciones o beneficios fiscales por 18 meses por cada delito.

La excantante de Mecano tendrá que pagar, en concepto de responsabilidad civil, la cuantía total de las cuotas que defraudó, que asciende a 796.411 euros (202.068 euros en 2003, 223.935 en 2006 y 370.407 en 2007), así como los intereses de demora.

Torroja se ha comprometido además a pagar las cuotas correspondientes al IRPF de 2004 por la vía administrativa, de manera que abonará otros 118.733 euros con sus correspondientes recargos.

La jueza la ha condenado al abono de las costas judiciales, que en el caso de la Abogacía del Estado ascienden a unos 30.000 euros.

La cuantía total a pagar por Torroja que recoge la sentencia supera los 1.422.000 euros, a los que falta añadir el recargo por las cuotas de IRPF de 2004 pendientes de liquidación, de manera que alcanzaría los 1,5 millones.

La sentencia absuelve al abogado Gabriel Feliu y al asesor Octavio Fernández de la Reguera, contra quienes tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Abogacía del Estado retiraron la acusación.

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