Caamaño a la Xunta: ''No defender el gallego es incompatible con mantener nuestra esencia como pueblo''

"Tolerancia, aunque sea difícil, para pacificar y acatar la ley". Es lo que ha pedido el ministro de Justicia, el gallego Francisco Caamaño, en relación con el conflicto generado con el arranque del nuevo curso y la entrada en vigor del nuevo decreto que regula la presencia de la lengua gallega en la enseñanza, aprobado por la Xunta que preside Alberto Núñez Feijóo. El socialista ha pedido al profesorado que se niega a dar sus clases en castellano que acaten la ley, si bien ha destacado que la política lingüística emprendida por el actual Ejecutivo gallego "no es la más adecuada".

"Defender nuestra lengua es posible dentro del respeto a la legalidad", ha aseverado, reclamando a la Xunta que haga un esfuerzo "de convivencia real" y que cambie en su norma "todo lo que haya que cambiar". "Defender el gallego no es incompatible con saber castellano o inglés, pero si no existe gallego eso sí es incompatible con algo: seguir manteniendo nuestra esencia como pueblo", ha afirmado Caamaño, para apelar acto seguido al "respeto" para "desatascar" una situación que se ha traducido en una lluvia de críticas y varios recursos judiciales contra una norma que permite, por ejemplo, que se imparta la materia de Matemáticas en inglés, pero no en gallego.

En la sede de la RAG, de donde salió el primer 'no' al decreto
Caamaño se ha pronunciado en estos términos justo antes de mantener una reunión con la Real Academia Galega, institución que viene de ser premiada por su labor 'haciendo país' y una de las que ha presentado un recurso en contra del decreto aprobado por Núñez Feijóo y al que este ente dio su voto en contra ya cuando era todavía un borrador. Fue una oposición "clara y sin pedantería" que la RAG hizo llegar a la Xunta en el mes de enero, justo después de la presentación en sociedad del borrador del texto, que recorta la presencia del gallego en las aulas.

Por aquel entonces la comisión de la RAG encargada de analizar el borrador del 'Decreto Feijóo' decidió no hacer público el contenido de su trabajo hasta este lunes "por cortesía", para que los medios y los ciudadanos no lo conociesen antes que el propio presidente. Pero se adelantaron algunas pinceladas. Entre ellas, el ya previsible resultado.

Así las cosas, la comisión, integrada por Víctor F. Freixanes, Xosé Luís Axeitos, Manuel Rivas, Francisco Fernández Rei y Xesús Ferro Ruibal, aprobó por unanimidad un texto en el que pretenden que "todos" se sientan incluídos, sobre todo el personal del mundo de la enseñanza. El texto, asegura un miembro del ente, "está redactado con claridad y sin pedantería científica". Y repasa el amplio abanico de esferas en las que el decreto causaría efectos negativos de salir adelante, recomendando modificaciones para corregir esos efectos.

El desacuerdo con el texto era previsibles, ya que varios miembros de la RAG anunciaran públicamente su rechazo. "Disparate total", "irresponsable", "dejadez de responsabilidades", "folclórico" o "decorativo" son algunos de los calificativos que académicos como Margarita Ledo, Manuel Rivas o Ramón Lorenzo dedicaron al texto de Feijóo.

Sin embargo, en la reunión mantenida con Caamaño, el presidente de la RAG, Xosé Lois Méndez Ferrín, no ha hablado sobre el decreto, algo que ya hizo antes de sentarse en el sillón de mando de este ente en una entrevista concedida a este periódico, en el que repitió el término 'trapallada' para definir la norma con la que la Xunta derogó otra vigente, aprobada por el Gobierno bipartito.

En esta ocasión, Ferrín ha pedido la colaboración del Ministerio de Justicia para que se unifiquen los criterios en el registro civil "y que todos los gallegos que quieran tener su nombre en su lengua lo tengan sin ningún tipo de discusión". Además, ha señalado que el objetivo inmediato de la institución que preside tiene que ver con la financiación, y pasao por exigir a los partidos con representación en el Parlamento español que la RAG "no reciba ni un céntimo menos que la Academia vasca o el Instituto de Estudios Catalanes".

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