La sentencia emitida por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula la declaración de impacto ambiental de la piscifactoría de Rinlo (Ribadeo), en el contencioso administrativo interpuesto por Adega contra la resolución de la Xunta del último gobierno de Fraga, sienta, según los ecologistas un precedente para la anulación de otros proyectos acuícolas, como el de Cabo Touriñán.
La historia de dicha sentencia, con fecha del pasado 23 de septiembre, se remonta al año 2005, cuando miembros del grupo ecologista paralizaron las obras. Fueron demandados por ACUINOR, la empresa constructora, y absueltos posteriormente. El TSXG decidió la paralización cautelar de las obras y, finalmente, la anulación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), hecha por la Xunta, y las licencias de obra y actividad del proyecto. Es la primera vez que la Red Natura ve reconocida su protección por el alto tribunal gallego.
Adega resaltó que la sentencia judicial reconoce que la construcción de la planta de Rinlo afecta al Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de la playa de As Catedrais, y supone la fragmentación y degradación de los hábitats protegidos allí presentes.
Para la asociación ecologista, las repercusiones del fallo del TSXG van más allá del caso de Rinlo. Aseguran que ''la sentencia señala en su fundamentación, argumentos extrapolables a muchos otros proyectos y actividades que no fueron objeto de una tramitación ambiental ajustada a las leyes que protegen la Red Natura''.
La planta de Touriñán
Así, Adega afirma que la planta de cabo Touriñán ''a pesar de estar incluída en la Red Natura y afectar a hábitats prioritarios el último gobierno Fraga aprobó el proyecto con una DIA favorable'', obviando ''las afecciones críticas señaladas en el Estudio de Impacto y el informe contrario de la Consellería de Política Territorial'', que dirigía el lalinense Xosé Cuíña.
Por ello según Adega, la argumentación en la que se basa la sentencia del TSXG sobre la planta de Rinlo es aplicable al caso de Touriñán, ya que la construcción de la planta acuícola -anulada por el Gobierno Bipartito en la pasada legislatura por su impacto ambiental- afectaría 120.000 metros cuadrados de hábitats prioritarios.
Fins Eirexas, secretario ejecutivo de Adega, criticó la "fijación enfermiza" de la Xunta, presidida por Alberto Núñez Feijóo, por recuperar la planta de Touriñán y lamentó las "chafarralladas" ambientales "perpetradas" por el Gobierno de Fraga, al que acusó de elaborar declaraciones de impacto ambiental "fraudulentas" y "a medida. El récord mundial de Declaraciones de Impacto Ambiental fraudulentas lo tiene el actual conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández", según afirmó Eirexas.
El secretario ejecutivo de Adega explicó, además, que el plan sectorial elaborado por el antiguo conselleiro de Pesca Enrique López Veiga durante el último gobierno de Manuel Fraga -según Adega "en vigor" tras la anulación del Plan Acuícola del Bipartito-, podría ser también invalidado como consecuencia de la sentencia de Rinlo. Eirexas destacó que este plan sectorial no señalaba los hábitats prioritarios, ocupaba un 30 por ciento de los mismos y confundía las denominaciones de los LIC. Esto demuestra "el desprecio que la Administración siente por la legislación vigente", apuntó la presidenta de Adega, Adela Figueroa.
