Un vecino denunció al Ayuntamiento de Sarria en el juzgado por un presunto delito de prevaricación por omisión por no demoler un muro en la parroquia de Ferreiros.
A raíz de ello el tribunal acaba de pedir que el Concello le informe a la mayor brevedad posible sobre el estado del expediente relativo a las obras del cierre y a los escritos del denunciante. También solicita que se aclaren las actuaciones que fueron realizadas por la administración local desde que tuvo conocimiento de la existencia de la querella del vecino por prevaricación administrativa, que data de finales de 2017.
Los hechos se remontan a hace más de una década, después de que el sarriano llevara ante el Ayuntamiento las obras del muro de cierre de una finca de Ferreiros. El 16 de enero 2009 la junta de gobierno local resolvió que los trabajos "non se axustan á licenza concedida".
Según el expediente, se construyó un muro de cierre en hormigón con una altura variable de 1,20 a 2 metros y rematado con una valla metálica de altura también cambiante, no cumpliendo el permiso municipal. Este, con fecha de 2005, era para un muro perimetral de hormigón de contención de tierras y un cierre de malla metálica de un metro de altura, recoge la resolución de la junta de gobierno local.
Ante esta situación el Concello requirió en aquel momento a los propietarios para que en el plazo de tres meses procedieran a ajustar el muro a la licencia concedida. Les informaban, además, de que si no lo hacían el Ayuntamiento procedería a la ejecución forzosa de la demolición del muro.
Para ello podría llevar a cabo la ejecución subsidiaria y pasarle el coste de la actuación a los dueños o bien imponer multas coercitivas reiterables hasta que los propietarios lo derribaran.
El propietario recurrió la resolución de la junta de gobierno e incluso llegó al juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Lugo, que confirmó el acuerdo tomado por el Concello sarriano en enero de 2009.
DENUNCIA. Ante estas resoluciones el demandante viene reclamando desde el año 2011 que se ejecute la resolución, "sin ningún éxito, desconociéndose las razones de esta actitud contraria a derecho, que viene a suponer un trato de favor al incumplidor de la normativa urbanística, y una clara prevaricación, por cuanto, siendo conscientes de la ilegalidad de su actitud, se mantienen en la misma", afirma en la denuncia que remitió al juzgado de primera instancia e instrucción de Sarria.
Añade que presentó "multitud de escritos" en el Ayuntamiento para que se tomaran las medidas oportunas, sin éxito. También, dice, advirtió al Concello de que si no cumplía la resolución de la junta de gobierno de 2009 presentaría una querella en el juzgado, como así acabó haciendo.
La denuncia no se dirige contra un responsable en concreto, pues indica que es "difícil" precisar quién o quiénes son los responsables de la situación. Antes de tomar declaración como investigada a ninguna persona, al objeto "de evitar la denominada vulgarmente pena de banquillo a personas que desempeñan funciones o cargos políticos", instó a que el juzgado pida una serie de información al Ayuntamiento, según recoge la demanda.
Solicita que aclare qué funcionarios y autoridades han tenido relación directa con el expediente a que se refiere la querella desde la sentencia del contencioso-administrativo número 2 de Lugo, que data de 2010. También reclama que el Concello explique las actuaciones llevadas a cabo para ejecutar la resolución de la junta de gobierno y si impuso multas coertivas, las cuantías y, en su caso, las labores realizadas para su exacción por la vía de apremio.
