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Trabajadores de Catisa siguen a la espera de pagos después de 8 años

La CIG denuncia lentitud en la liquidación de activos de la empresa para afrontar las indemnizaciones que reconoció un juzgado

SARRIA. Ocho años después de la sentencia judicial que les reconoce el derecho a percibir indemnizaciones, un grupo de trabajadores de Catisa y de Hormigones La Estrella, en su gran mayoría de Sarria, continúan sin cobrar la totalidad del dinero que les corresponde, según denuncia la CIG.

Los problemas comenzaron en 2010 y, un año después, el juzgado de lo Social número dos de Lugo declaró extinguidos los contratos de una treintena de operarios y condenó a ambas empresas, entonces del grupo Martínez Núñez, a abonarles una indemnización de 45 días por año trabajado, además de los salarios atrasados. En total, cerca de 1,2 millones de euros.

De esta cantidad, percibieron parte a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que abonó 30 días por año trabajado. El resto de la indemnización, pendiente de cuantificar, sigue sin ser ingresada y de ello hace ya ocho años.

Las primeras protestas por esta causa llegaron en 2013 y, en 2015, hubo incluso concentraciones por parte de los trabajadores ante la subdelegación del Gobierno, las cuales se repitieron en 2016 delante de los juzgados. Acusaron de este hecho a la "inoperancia" de las administraciones públicas y la demora en la justicia.

Según denuncia el sindicato, la situación no ha mejorado desde entonces e "indigna" a los afectados. "Nestes momentos está pendente de executarse a liquidación total dos activos da empresa para que, acto seguido, se poidan empezar a afrontar as débedas cos seus acredores, entre os que están os traballadores", señala Afonso Losada, responsable de construcción de la CIG.

La venta de esos activos "está a ser desesperadamente lenta", añade el sindicato, según el cual "se están a gastar os cartos recadados até o de agora en vixilancia, pagos á empresa liquidadora, gastos correntes, etcétera".

De la liquidación se encarga un juzgado de lo mercantil de Madrid, al que reclaman, al igual que a los administradores concursales, "axilidade e claridade".

"Os informes dos administradores chégannos con seis meses de retraso. Sabemos que se vendeu algunha nave, pero non temos comunicación oficial", critica Losada, quien asegura que los trabajadores "están fartos da situación e queren cobrar o que lles pertence e seguir coas súas vidas".

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