El Ayuntamiento de Sarria levantó la suspensión de licencias, medida que fue decretada en diciembre de 2015 al ser aprobado de forma inicial el plan especial de protección del casco histórico y del Camino de Santiago a su paso por la villa y que se deja ahora sin efecto al transcurrir dos años.
La suspensión afectaba a las licencias de obras en el ámbito de delimitación y que suponían la modificación de la ordenación urbanística vigente, según recogió entonces el Diario Oficial de Galicia. Sin embargo, no se veían damnificadas las obras (mayores o menores) compatibles con las normas subsidiarias del planeamiento municipal y con el plan especial, sin alteración de superficie o volumen, así como la implantación de actividades siempre y cuando el uso previsto fuera compatible con los dos documentos urbanísticos.
El plan especial del casco histó- rico se encuentra pendiente de su aprobación definitiva. El gobierno anunció que lo llevaría al pleno del pasado mes de noviembre, pero no lo hizo por falta de informes, aseguró en aquel momento. Cuando sea tratado en la sesión probablemente no saldrá adelante, pues el pasado año toda la oposición votó a favor de una moción presentada por el PP para anular este documento urbanístico.
El plan especial generó polémica, pues, según la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, impide ejecutar las obras en Ponte Ribeira. Por ello, reclamó que se anulara o retirara el viaducto del documento, lo que rechazó el gobierno local. Este asegura que se pueden llevar a cabo los trabajos y que Patrimonio también indica que el proyecto del puente y el plan son compatibles.
Los trámites para dotar a Sarria de un plan especial comenzaron en el año 2010, cuando salió a licitación. En 2011 fue adjudicado por 270.000 euros, de los cuales 242.000 corresponden a una subvención de la Xunta.
Ya en noviembre de 2015 fue aprobado de forma inicial por parte de la junta de gobierno local, tras lo que salió publicado el anuncio en diciembre de ese mismo año, con lo que comenzó la suspensión de licencias. Al mismo tiempo se abrió un plazo de dos meses para presentar alegaciones. En ese tiempo se recibieron 66, de las que fueron aceptadas el 65%.
En abril de este año la junta de gobierno local lo sometió a aprobación provisional y ahora solo está pendiente de su visto bueno definitivo, el cual tiene que ser dado por la corporación municipal en un pleno.
