La fábrica sarriana Puertas Loyo, que en el año 2015 fue clausurada por el Ayuntamiento de Sarria en el barrio de As Insuas, ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial contra esta administración. Solicita 142.821 euros de indemnización por los perjuicios que le ocasionó aquella decisión, decretada por la entonces alcaldesa, Pilar López, y anulada por un juzgado de Lugo, en una sentencia que ratificó el pasado año el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
La petición de responsabilidad patrimonial se basa en que el Concello de Sarria acordó en su día "el cierre y clausura de una actividad empresarial que se desarrollaba desde hacía más de 40 años, existiendo preceptiva licencia y sin la más mínima comprobación de la actividad que se estaba llevando a cabo". En este sentido, los reclamantes insisten en que el cierre de la fábrica se decretó "sin la existencia de elemento probatorio alguno, tal y como los órganos jurisdiccionales reprocharon".
Denuncian también que no se continuase la tramitación del expediente administrativo incoado porque, de haberlo hecho, "el propio Concello debería de haber acordado la posibilidad de continuación de la actividad".
Según argumentan, el cierre de la fábrica les ocasionó "graves perjuicios". En concreto, obligó a trasladar toda la estructura fabril a unas nuevas instalaciones, en régimen de alquiler, que tuvieron que ser acondicionadas previamente para esta actividad, con un coste estimado en 44.662 euros.
LUCRO CESANTE. A mayores, indican que durante parte del año 2016 tuvieron que estar parados, de modo que sus ingresos se redujeron en casi un 50 por ciento con respecto a los ejercicios anteriores. Durante los dos años siguientes, añaden en su reclamación, la empresa también dejó de obtener ganancias por el deterioro del peso comercial en el nicho de mercado en el que opera, cuantificándose el lucro cesante entre 2016 y 2018 en la suma de 58.158 euros.
A estas cantidades se añade el "evidente daño moral" que ocasionó la clausura a la familia propietaria, por el cual se solicita una indemnización de 40.000 euros.
El escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial considera que el comportamiento del Ayuntamiento de Sarria "ha sido y es ampliamente reprochable" al tiempo que recuerda que hubo varios debates plenarios en los cuales se advirtió de las consecuencias que podría acarrear la orden de cese de esta fábrica.
