Tanto el PP como el PSOE han recurrido ante el Concello de Sarria el acuerdo plenario adoptado en enero a propuesta de la alcaldía por el cual se solicita a la empresa adjudicataria del servicio del agua que se ocupe de la gestión de la nueva potabilizadora, la depuradora del matadero y el abastecimiento de los núcleos de Manán, A Veiga, Ferreiros y Vilapedre, así como tres fosas sépticas.
Ambos partidos presentaron extensos recursos cuyo contenido es prácticamente literal en los dos casos, en los que invocan los mismos preceptos legales para pedir la nulidad del acuerdo adoptado con los votos a favor del grupo de gobierno de Camiña Sarria y Galicia Sempre, en contra del PP y la abstención de BNG y del único concejal del PSOE que se encontraba en la sala tras la expulsión de la portavoz socialista y exalcaldesa.
Alegan que, con este acuerdo, el Concello está promoviendo una modificación del contrato del agua que no procedería porque las propias cláusulas de la concesión preveían que la empresa se hiciera cargo de estas instalaciones. De este modo, dicen, se estaría dando un marco legal para el encarecimiento del servicio en Sarria.
Sostienen también que "se está pidiendo que se asuman una serie de instalaciones de carácter privado sin que concurra el consentimiento de los vecinos y propietarios de estas, lo que constituye una propia ilegalidad".
El gobierno local defendió la necesidad de incorporar al ciclo integral del agua el abastecimiento de esos cuatro núcleos por razones de salud pública
Además, acusan al alcalde de cambiar durante el pleno la propuesta sometida a votación, pasando de una "modificación" del contrato a una "incorporación". También culpan al secretario de no realizar advertencias de "ilegalidad" en este momento.
Por parte del gobierno, defendieron en aquel pleno la necesidad de incorporar al ciclo integral del agua el abastecimiento de estos cuatro núcleos por razones de salud pública dado que el Concello ya tuvo que pagar multas por esta causa. Consideraron también "irresponsable" que durante varios años no se actualizase el IPC.
El acuerdo aprobado fue comunicado a la empresa para que se pronunciase al respecto. En su contestación acepta hacerse cargo de las instalaciones propuestas pero con una revisión de precios. Dice que le costaría 57.800 euros más al año, lo que, unido a la actualización del IPC desde 2015, supondría un incremento del 11,96% en las tarifas para este ejercicio.
El Concello tendrá que dilucidar ahora si procede o no la revisión del equilibro económico del contrato, asunto que podría derivar en una auditoría o en recursos en caso de disconformidad.
