El polémico edificio de la Rúa da Calexa de Sarria desapareció en 2023

Tesorería descubrió un agujero económico en la contabilidad del matadero que supera los 200.000 euros en cuatro años
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photo_camera Trabajos de demolición del edificio cuando estaban en su tramo final. VILA/AEP

Las estupendas vistas de Sarria que se obtienen desde el mirador de la antigua prisión comarcal lucen más despejadas al ejecutarse durante 2023 el derribo del polémico edificio de siete plantas de la Rúa da Calexa, un inmueble inacabado que tenía la licencia caducada y que constituía todo un ejemplo de feísmo por su gran volumen y por encontrarse en una calle estrecha y junto al Camino de Santiago.

Fue en marzo cuando el Concello concedió licencia a Inversiones Inmobiliarias Canvives para derribar este controvertido bloque y poner fin a un "aberración urbanística, consentida porque tenía permiso municipal, pero que nunca se debió producir", en palabras del alcalde, Claudio Garrido.

La licencia para el edificio, previsto para 48 viviendas pero que solo llegó a ejecutarse en un 35%, data de 2006, en una época de gran auge de la construcción en Sarria como prueba el hecho de que solo en aquel año se concedieron permisos para 422 viviendas.

El inmueble se levantó en una calle de solo diez metros de ancho, amparándose en que las normas subsidiarias del planeamiento de los años 80 preveían una vía de 21 metros que no llegó a ejecutarse.

En 2008, el bloque de A Calexa fue objeto de una denuncia anónima, al parecer de un peregrino, por su impacto visual en el Camino, lo que motivó que Patrimonio impusiese al Concello una multa de 60.000 euros por dar licencia sin el permiso previo de este organismo, que consideró necesario ese trámite por la afectación a la ruta jacobea debido a la gran altura y al volumen de la edificación.

Años después el edificio salió a subasta pública en 6,5 millones, pero no hubo ningún postor.

Con la licencia caducada desde 2019, el Ayuntamiento negoció con Canvives una demolición que ahora le permitirá disponer de otras 20 viviendas de la misma promoción que se encuentran en un bloque diferente, de menor altura y con frente a la calle Frei Luis. Esos pisos nunca habían podido obtener la licencia de primera ocupación por figurar en el mismo proyecto, permiso que ha sido concedido por el Concello una vez derribada la parte conflictiva del inmueble.

La empresa encargada de la demolición, Excavaciones J. Carreira, trabajó en el lugar durante más de seis meses, labores que se vieron dificultadas por la calidad de la construcción y su buen aislamiento. De hecho, aseguró que este edificio era el mejor ejecutado entre los cientos y cientos que derribó en su dilatada trayectoria.

Esas calidades hicieron que la obra durase más de lo previsto y que el coste inicial, calculado en unos 280.000 euros, se incrementase alrededor de un 25%.

Los trabajos movilizaron un brazo de 30 metros de altura, entre otra maquinaria, y se desarrollaron sin incidencias salvo la caída de unos cascotes que causaron daños en una casa próxima cuya reparación asumió el seguro.

El derribo está ya concluido y el solar quedará como zona verde para uso del edificio colindante de la misma propiedad, poniendo así fin a 15 años de impacto visual. Queda ahora por ver qué ocurrirá con otro inmueble de gran altura en la misma Rúa da Calexa, también inacabado desde hace años y con la licencia caducada.

                      Las instalaciones del matadero municipal de Sarria.
Las instalaciones del matadero municipal de Sarria. AEP

La desaparición del Garañón sarriano fue una de las principales noticias de 2023, en el que también corrieron ríos de tinta al destaparse un agujero en el matadero municipal que supera los 200.000 euros en los últimos cuatro años.

Fue el servicio de Tesorería del Concello quien descubrió el día 31 de julio la existencia de "desajustes" entre los sacrificios realizados y las tasas liquidadas, a raíz de una reclamación de la Organización Profesional de la Carne de Vacuno (Provacuno), que percibe un euro por cada res sacrificada.

El Concello ordenó entonces eliminar los pagos en efectivo con albaranes que los particulares hacían desde mucho tiempo atrás, estableciendo la obligación de realizar los ingresos en las cuentas del Ayuntamiento previa emisión en todos los casos de factura.

Se acordó también revisar las cuentas precedentes para determinar la cantidad que podría haber dejado de ingresar el Concello, centrándose en los últimos cuatro años por ser el plazo en el que no estarían prescritos los ingresos pendientes de cobro. De este modo se supo que faltaban unos 200.000 euros solo en ese período.

La gravedad de la situación llevó a celebrar un pleno extraordinario solicitado por los tres partidos de la oposición, en el cual se aprobó, con la abstención del gobierno, la creación de una comisión de investigación. En esa sesión plenaria se conoció, además, que las tasas que se cobraban desde hacía años no correspondían a la ordenanza vigente sino que se aplicaba otra más antigua.

Este caso generó reproches de la oposición por "falta de xestión" al gobierno, que aseguró que lo que hubo fue un "problema de control" sobre el cobro de los tributos por parte de Tesorería.

Desde el Concello se enviaron requerimientos a particulares que hicieron uso del matadero entre los meses de octubre y diciembre de 2019, cuyos albaranes constan como impagados, para que confirmasen mediante una declaración responsable si habían abonado ese importe y de qué modo. Hubo de momento 28 contestaciones y todos declararon haber pagado en metálico, indicando más de la mitad que lo hicieron "directamente ao repartidor/transportista".

El alcalde se mostró partidario de enviar el expediente a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas, pero por ahora la comisión de investigación no tomó una decisión.

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