La corporación de Sarria aprobó en un pleno extraordinario introducir una modificación en la ordenanza del Ibi por la cual se declaran de especial interés y utilidad pública municipal todas aquellas construcciones rústicas indispensables para el desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Según el gobierno, esta declaración permitirá a los dueños de las edificaciones acceder de forma más sencilla a una bonificación del 95% en el impuesto de bienes inmuebles.
La medida fue aprobada por unanimidad, pero con duras críticas por parte de PP y PSOE, que la calificaron de "paripé". Según ambos partidos, esta bonificación en la cuota del Ibi ya venía establecida en una ordenanza municipal que está en vigor desde el año 2015, por lo que vieron en la propuesta del gobierno una mera declaración política para "intentar lavar a cara" ante el "catastrazo".
El alcalde, Claudio Garrido, defendió que hace años se impuso un gravamen "injusto" al campo y sostuvo que esta modificación tiene como fin "definir claramente que los inmuebles relacionados con el uso agrícola y ganadero tienen derecho a esa bonificación".
En su opinión, algo fallaba en la ordenanza existente porque apenas había solicitudes para acogerse a esta opción de rebaja.
El portavoz del BNG, Efrén Castro, mostró el apoyo de su grupo a la propuesta del gobierno. Tras reconocer que la normativa vigente ya contempla esta posibilidad de bonificación, indicó que el acuerdo adoptado "aporta claridade na interpretación e fai que sexa máis sinxelo pedir a bonificación, con só figurar no catastro como construción agraria". "Nós defendemos que o rural teña menos carga impositiva porque tamén ten menos servizos", insistió.
Desde el PP, su portavoz, José Antonio García, acusó al alcalde de "facer que fai" con esta propuesta. "É unha declaración política para tapar vergonzas que non cambia o marco legal", afirmó García. Para este partido, se trata de una "farsa" con la cual el gobierno intenta desviar la atención de las 4.000 propiedades afectadas por una subida de los valores catastrales.
Los populares entienden que la medida aprobada ayer no tendrá mayores ventajas y que lo realmente efectivo sería rebajar la cuota del Ibi al mínimo legal, como propuso en un pleno anterior, en el cual fue rechazada su moción en este sentido.
La portavoz socialista, Pilar López, fue también muy crítica con la propuesta llevada a pleno, en la que apreció "demagogia política" y "tomadura de pelo". Tras reprobar que no estuviese presente el interventor, vio innecesaria la celebración de esta sesión extraordinaria, que costará "500.000 pesetas" a las arcas municipales, incluyendo las comisiones previas, afirmó.
López expuso que otros sectores, como aquellos que operan en el Camino de Santiago, también podrían ser considerados de interés especial y puso en duda que el cambio en la ordenanza aprobado este miércoles entre en vigor dentro de este año, lo que, según su versión, causaría un perjuicio a los interesados en acogerse a la bonificación de cara al próximo ejercicio.
