El pleno de Sarria aprobó este viernes, al segundo intento, los salarios del grupo de gobierno para este mandato, que se reducen en 8.350 euros con respecto a la propuesta inicial y mantienen la retribución de 45.000 euros al año para el alcalde, Claudio Garrido. En total, los sueldos del gobierno de Camiña Sarria supondrán a las arcas municipales 76.650 euros al año, la misma cantidad que se aprobó al inicio del pasado mandato. El regidor ingresará 45.000 euros por una dedicación exclusiva, que también tendrá la concejala Geni Valcárcel, retribuida con 16.650 euros. Por su parte, el edil Félix Seijas percibirá 15.000 euros por una parcial.
En un primer intento, el gobierno propuso sueldos que sumaban 85.000 euros anuales y que fueron rechazados por toda la oposición en un pleno en el mes de julio. Ayer planteó en una sesión extraordinaria una reducción hasta igualar los 76.650 euros del último mandato, para lo cual rebajó la retribución de los dos ediles, que era en inicio de 20.000 euros, manteniendo la del alcalde.
Garrido agradeció a sus compañeros de Camiña Sarria el haber aceptado esta rebaja y defendió de nuevo que su salario es igual al que tenía como inspector veterinario de la Xunta de Galicia. La propuesta de sueldos fue aprobada con los seis votos de Camiña Sarria, el del edil de Galicia Sempre y el del concejal del BNG —faltaba en el pleno su compañera nacionalista—. Los seis representantes del PP votaron en contra y los dos del PSOE se abstuvieron.
Dos ediles de Camiña Sarria se rebajan el sueldo para que el montante final sea de 76.650 y no afecte a la remuneración del alcalde
El portavoz del BNG, Efrén Castro, explicó que su voto era a favor por "coherencia", al tratarse de una cantidad global igual a la de los últimos años. No obstante, consideró que no se debería utilizar como justificación para los sueldos de los políticos lo que percibían en su anterior dedicación y se mostró partidario de alcanzar un acuerdo global sobre salarios, algo complicado en Sarria por su particular tesitura política, dijo.
El PP, a través de José Antonio García, se mostró contrario a la propuesta del gobierno porque, según indicó, el sueldo del alcalde sube "un 40%". Además, sostuvo que Claudio Garrido se apoya "nunha mentira, porque vai cobrar máis como alcalde que nas súas circunstancias persoais, xa que entra na xubilación", afirmó.
Este último aspecto también fue puesto de manifiesto por la socialista Pilar López. Según su versión, el alcalde se jubilará en octubre y, en esa condición, pasaría a percibir 39.000 euros, menos de lo que cobrará como regidor. También consideró "injusta" la rebaja a cuenta de los otros ediles. El aludido argumentó que "un jubilado cobra por no trabajar y estar en el sillón de la alcaldía no es un descanso. Cobro lo que corresponde cobrar, tengo una profesión que me la he ganado", dijo.
El pleno también aprobó, con la abstención del PP, el pago de facturas de 2018 por importe de más de 1,3 millones y el proyecto para suprimir 14 pasos a nivel. Además, salió adelante, con abstención de PP y PSOE, una modificación de crédito de 1,2 millones.
El pleno no estuvo exento de dardos entre grupos, que dejan entrever lo que deparará el mandato. Así, el PP apreció "compincheo" entre gobierno y BNG, insinuando que llegaron a un acuerdo sobre salarios a cambio de pasar por alto cuestiones de la gestión de los nacionalistas. Tanto BNG como Camiña Sarria lo negaron.
Efrén Castro señaló que el BNG no está para bloquear aunque no gobierne y apoyará asuntos que considere de interés para Sarria. Por su parte, Garrido instó a García a "no sembrar dudas" y "ponerse a estudiar" cuando le entregan documentación. "Vostede non é ninguén para mandarnos estudar. Rebaixe este ton de prepotencia con nós porque non estamos no seu colexio", replicó el popular.
Regla de gasto
También hubo sus más y sus menos entre Pilar López y Garrido, quien pidió a la socialista "hacer el favor de callar" en dos ocasiones. López mostró temor a que el uso del remanente de tesorería para la modificación de crédito afecte a la regla de gasto. Según el interventor, no se cumple desde 2016.
