El Tribunal Supremo (TS) envió a la Audiencia Nacional el caso por presunta estafa en la venta de vehículos por el que en octubre de 2017 fue detenido en Sarria, entre otras personas, Javier Álvarez López, más conocido como O Alemán. La causa pasa al órgano judicial madrileño por, alegó, haber hasta el momento cien afectados procedentes de toda España.
El juzgado de primera instancia e instrucción de Sarria se inhibió en diciembre de 2018 y envió el caso al juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, que lo rechazó alegando que la estafa investigada no produce grave repercusión en el tráfico mercantil ni en la economía nacional o un perjuicio patrimonial a una generalidad de personas.
Se planteó entonces una cuestión de competencia negativa, tras lo que el Supremo considera, según recoge en un auto del pasado mes de diciembre, que le corresponde al tribunal con sede en Madrid la instrucción de esta causa. El Supremo argumenta que se trata de defraudaciones de "especial entidad", con hasta el momento "cien perjudicados" repartidos por todo el territorio, con "importantes perjuicios económicos" y generándose "grave repercusión en el tráfico mercantil" mediante la puesta en circulación de "numerosos" vehículos importados de Alemania "con manipulaciones en su kilometraje e importantes averías", apunta en la resolución.
Además, indica el Supremo, la finalidad de la norma competencial es, como apunta el Ministerio Fiscal, encomendar los asuntos de mayor trascendencia económica y complejidad de instrucción a los órganos especializados, centralizados y materialmente más dotados de la Audiencia Nacional y, por lo tanto, en mejores condiciones para realizar en menor tiempo y sin dilaciones una instrucción más completa y eficaz.
El Tribunal Supremo finaliza su auto destacando "la importancia del esfuerzo" realizado hasta ahora por parte del juzgado de Sarria para "apurar una instrucción que desborda sus posibilidades y competencias".
Entrega de dinero. Los automóviles fueron adquiridos por residentes en diversos puntos de España, los cuales ingresarían "importantes sumas de dinero" a las cuentas que les facilitarían los vendedores. Obtendrían el vehículo "con el kilometraje alterado", "con importantes averías" o bien no recibirían el coche, recoge el auto.
En ocasiones no tendrían nunca la documentación o les entregarían una provisional o duplicada, indica. Por ello, los hechos son calificados de estafa agravada, contra la propiedad industrial, falsedad documental, pertenencia a organización criminal y frustración de la ejecución.
