La oposición defiende la legalidad del sueldo que fijó para una trabajadora

Los concejales de la oposición de Sarria defendieron ayer en el juzgado la legalidad del acuerdo del pleno por el que fijaron la retribución de una trabajadora del Ayuntamiento y anunciaron que pedirán el archivo de las actuaciones. Los ediles declararon como investigados por supuesta prevaricación administrativa por este asunto después de que el gobierno mandara el caso a Fiscalía.

Comparecieron ante la jueza nueve de los diez concejales de la oposición (seis del PP, dos no adscritos y un independiente), todos ellos defendidos por el mismo abogado. Por su parte, el edil Manuel Sangil es el único que cuenta con otro letrado, que solicitó la suspensión de la declaración por estar de baja médica. Por ahora no hay una fecha para la comparecencia de este concejal, quien se apartó del PP en los últimos tiempos.

Los nueve ediles sostuvieron en el juzgado que estuvieron «dous anos intentando cumprir» con la sentencia del juzgado de lo Social, la cual data de 2016 y reconoce una subida salarial a la trabajadora (del Centro de Información á Muller) y el cobro de atrasos.

El gobierno planteó para la funcionaria, ahora del grupo A1, un complemento de destino nivel 26 y uno específico de 17.000 euros al año. Este último fue propuesto por un comité de valoración, cuestionado por la oposición por considerar que sus integrantes tenían «intereses» en el asunto. Ante ello, rechazó la cuantía de 17.000 euros al considerarla elevada y «moi nociva» para los intereses del Ayuntamiento, por lo que pidió otra valoración.

Al no hacerse propusieron un complemento de 8.000 euros, que fue aprobado con sus votos en el pleno hace un año. Tras ello, el gobierno envió el asunto a la Fiscalía al considerar el acuerdo nulo, «sen a máis mínima motivación» y que no se cumple con la sentencia, según un informe de secretaría.

La oposición defendió que no estableció el complemento arbitrariamente, sino que se basó en un estudio de la Diputación. Argumentó que el complemento está por encima de la media de otros trabajadores con igual función de Galicia y que es el mismo fijado al tesorero del Concello sarriano.

ABOGACÍA DEL ESTADO. Los ediles alegaron también que da la razón a su propuesta un informe de la Abogacía del Estado, el cual denuncian que fue «ocultado» a Fiscalía por parte del gobierno y que ayer mismo entregaron a la jueza. Para el portavoz del PP, José Antonio García, de contar el tribunal con dicho informe no habrían llegado a tener que declarar como investigados y acusó a la alcaldesa de «falsear» parte del expediente al no enviar a la Fiscalía este documento «transcendental».

También aportaron las actas de plenos en los que se abordó el sueldo de la trabajadora, los datos de los complementos específicos de empleados de otros Concellos con la misma función que la funcionaria de Sarria y una declaración de la alcaldesa en redes sociales en la que decía que «xa conseguín que toda a oposición estea investigada por prevaricación».