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El juzgado rechaza el recurso de Pilar López contra el Concello por la luz

Pilar López Yáñez. VILA
Pilar López Yáñez. VILA
La exalcaldesa presentó una demanda contra el acuerdo plenario que ratificaba el decreto de alcaldía para pedir una ayuda de 3,2 millones. El fallo avala la resolución del Ayuntamiento

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Lugo ha desestimado el recurso presentado por la exalcaldesa de Sarria, Pilar López Yáñez, contra el Concello por un acuerdo plenario adoptado en diciembre de 2019, el cual ratificaba un decreto de alcaldía para pedir una subvención de 3,2 millones de euros para renovar el alumbrado público.

La jueza concluye que aquella decisión del pleno, adoptada con los votos del grupo de gobierno y el apoyo del BNG, fue "ajustada a derecho", por lo cual desestima la pretensión de nulidad del acuerdo que planteaba la demandante.

Según recoge la sentencia, el alcalde de Sarria dictó un decreto el 29 de octubre de 2019 para solicitar al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae) una ayuda para renovar las instalaciones de alumbrado exterior, aprobar la memoria de las obras y comprometerse a reservar crédito suficiente para este fin.

Al mes siguiente, el 15 de noviembre, el Idae requirió al Concello para que, en el plazo de 15 días, subsanase algunos defectos en la solicitud. Esos fallos fueron corregidos en otro decreto de alcaldía del 2 de diciembre, ratificado por el pleno el 26 de ese mismo mes. Finalmente la subvención, de 3,2 millones, fue concedida.

La exregidora socialista sostenía en su demanda que el alcalde carecía de legitimidad para dictar el decreto del 2 de diciembre por ser una competencia del pleno. Según su argumentación, sería nulo tanto el decreto como el posterior acuerdo que lo ratificaba.

El juzgado, no obstante, desestima estas alegaciones. Concuerda en que el asunto afectaba a una competencia del pleno, pero también considera "indiscutible" que la normativa habilita al alcalde para adoptar ciertos acuerdos por razones de urgencia, como ocurrió en este caso, dado que el Idae había dado 15 días al Concello para presentar más documentación.

"En definitiva, el sometimiento a un plazo perentorio con las consecuencias perjudiciales que supondría su incumplimiento justifica el dictado de la resolución por razones de urgencia", dice.

Y añade: "esa resolución sí fue llevada a pleno y fue oportunamente ratificada y, en consecuencia, dicho acuerdo sí es ajustado al ordenamiento jurídico".

La demandante alegaba también la falta de un informe de intervención, pero el juzgado determina que había una certificación emitida por este funcionario que "supliría" esa ausencia. De igual modo, rechaza las quejas por falta de recepción previa de la documentación llevada al pleno.

La jueza, en contra de lo que planteaba el Concello, entiende que Pilar López sí estaba legitimada para presentar el recurso, tanto en su condición de concejala como de vecina, y por tratarse, además, de un asunto decisorio dado que, sin el acuerdo tomado por el pleno, no se hubiese podido obtener la subvención. Tras aclarar estos extremos, concluye que su demanda contra el Concello debe ser rechazada porque el acuerdo impugnado fue "ajustado" a la ley.

El juzgado impone a la demandante las costas procesales, con un límite de 500 euros. La sentencia no es firme y cabe interponer recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

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