El juzgado contencioso administrativo número 2 condenó al Ayuntamiento sarriano a finalizar el derrumbe del cierre de una finca de Vilar de Sarria y a reclamarle a los propietarios el coste de la actuación, para lo que le da un plazo de dos meses.
Dicho muro fue levantado sin licencia municipal, por lo que los dueños debían demolerlo y al no hacerlo el Concello tendría que derribarlo de forma subsidiaria. Así se recoge en varios acuerdos de la junta de gobierno local tomados entre 2014 y 2017. En febrero de 2018 el Ayuntamiento levantó parte de ese cierre, pero el denunciante, Eugenio Márquez, aseguró que las obras no fueron realizadas en su integridad y presentó una demanda en el juzgado.
También se insta al Concello a reclamar a los propietarios del muro el coste de la actuación
Un informe pericial encargado por el demandante señala que se ejecutaron de forma "parcial", pues no se retiró la malla y los pilares en el primer y último tramo del cierre de la parcela. También indica que no se quitaron los árboles y que la distancia a la que están los ejemplares no cumplen el retranqueo exigido. No se restableció, además, una gavia que existía y falta eliminar algunos restos de cierre y de cemento.
Por el contrario, el informe de un técnico municipal afirma que las obras "cumplen fielmente" los acuerdos adoptados en su día. El juzgado cree que dicho documento está "desvirtuado" por el presentado por el demandante. Por ello el tribunal estima que se deben ejecutar las obras como dispone el informe del denunciante.
El Ayuntamiento, además de acabar de demoler el muro de cierre de la finca, debe retirar unos árboles y restablecer una gavia
El juzgado también considera que el Ayuntamiento debe reclamar a los propietarios de la finca el coste de los trabajos de demolición realizados en febrero de 2018, así como el importe de los que están pendientes de ejecutar. No obstante, el juzgado rechaza la petición del denunciante de que el Concello reclame a los propietarios de la finca el pago de multas coercitivas, pues el proceso ya está en marcha, señala la sentencia.
La polémica de este cierre se remonta a 2011, cuando Eugenio Márquez acusó a unos vecinos de ocupar con el muro parte del camino público de Barreiros y tapar una gavia con un relleno de tierra, de forma que en época de lluvias el agua llegaba a sus propiedades.
