El juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sarria archivó la causa contra la alcaldesa, Pilar López, y su antecesor en el cargo, José Antonio García, por una supuesta desobediencia a la orden de derribo parcial de un edificio en el centro de la villa. Ambos habían testificado en el tribunal como investigados después de que la Fiscalía interpusiera una denuncia por un presunto delito de desobediencia.
La jueza considera que "no aparece debidamente justificada la perpetración del delito" que dio lugar a la formación de la causa. Por ello, decretó el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra López y García, quienes se mostraron satisfechos con el archivo. Contra el auto se puede interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación dentro de los tres días siguientes a su notificación o recurso de apelación directo en los cinco después.
La Fiscalía presentó el pasado octubre una denuncia en la que recuerda que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Lugo emitió una sentencia en el año 2010 por la que se ordena al Ayuntamiento ejecutar de forma subsidiaria los decretos de 1997 y 2003 y, en consecuencia, acometer las demoliciones necesarias en el edificio.
Dado que el fallo no fue ejecutado el fiscal considera que desde el Concello se tuvo una conducta "totalmente pasiva". Por ello, indicó en la denuncia que se podría tratar de un delito de desobediencia y pidió que declararan como investigados la alcaldesa y su predecesor. Ambos acudieron al juzgado el pasado mes de enero y declararon que cumplieron la ley con respecto al inmueble.
TRÁMITES. La regidora señaló entonces que desde que tuvo constancia del caso actuó y presentó una certificación con todos los trámites que realizó en su mandato para cumplir con la sentencia. Entre las gestiones llevadas a cabo está la aprobación del proyecto de derrumbe del edificio y la reciente adjudicación del proyecto de reconstrucción del inmueble. De todos estos trámites dio cuenta al juzgado, señaló ayer Pilar López.
El anterior alcalde también indicó ante el tribunal que durante su gobierno se llevaron a cabo todas las tramitaciones. Explicó, además, las gestiones realizadas en su mandato, en el que, dijo, sacaron a licitación y adjudicaron el proyecto de ejecución de las obras de demolición parcial del inmueble y adaptación a la licencia concedida y los proyectos de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud.
