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El juez cita a toda la oposición por el salario de una trabajadora de Sarria

Los concejales de la oposición, durante un pleno en Sarria. AEP
Los concejales de la oposición, durante un pleno en Sarria. AEP

Los diez ediles deben declarar como investigados por el acuerdo plenario en el que fijaron la retribución tras una sentencia judicial. La junta de gobierno envió el tema a la Fiscalía en 2018

SARRIA. El juzgado citó a declarar a petición de la Fiscalía como investigados por supuesta prevaricación administrativa a los diez concejales de la oposición de Sarria (siete del PP, dos no adscritos y un independiente) por un acuerdo de pleno en el que fijaron la retribución de una trabajadora de Concello, a la cual una sentencia reconoció una subida salarial y el cobro de atrasos de cinco años.

Los ediles prestarán declaración en el juzgado sarriano el 18 de febrero, después de que la junta de gobierno de Sarria acordara enviar hace ahora un año el asunto a la Fiscalía. El secretario ya declaró como testigo el pasado mes octubre por esta misma causa.

Los hechos se remontan a 2016 cuando se produce el fallo judicial sobre el sueldo de la trabajadora. El gobierno planteó para la funcionaria, ahora del grupo A1, un complemento de destino nivel 26 y un específico de 17.000 euros al año, propuestos por un comité técnico. La oposición rechazó este último por considerarlo elevado y propuso una nueva valoración.

Los grupos de la oposición defienden que su actuación en este caso fue «legal» y estudian ahora querellarse contra el gobierno municipal

En pleno, en febrero de 2018, los diez ediles ahora investigados presentaron una moción en la que proponen fijar un específico de 8.000, que fue aprobada con sus votos. Un informe de secretaría considera que este acuerdo «carece da máis mínima motivación» y «non cumpre coa sentenza», según se recoge en el escrito que el Concello envió a Fiscalía.

En él se indica que en ese pleno secretaría advirtió a los concejales «do risco de caer nun suposto de prevaricación no caso de votar a favor dun asunto inxusto coñecendo a súa inxustiza».

Los concejales de la oposición defendieron el jueves que el acuerdo que tomaron en febrero de 2018 fue «legal», pues, según dijeron, el pleno es el órgano competente para establecer los salarios.

Desde el grupo del PP sostienen que cumplieron la ley y se basan en un informe de Abogacía del Estado que fue solicitado por el Concello el pasado año. Este documento considera que el acuerdo «respeta la normativa estatal» y el PP acusó al gobierno de «ocultar» este informe a la Fiscalía. «Non hai ningunha resolución administrativa ou xudicial que diga que o acordo non se axusta á lei e á sentenza», afirmaron. Anunciaron que estudiarán querellarse contra el gobierno por supuesta prevaricación por «non cumprir os acordos do pleno». Se refieren al que instaron a realizar una nueva valoración sobre la retribución de la trabajadora, pero no se realizó. También bajaran denunciarlo por presunta malversación.

El edil no adscrito Antón Fortes también amenazó con querellarse contra el gobierno. El concejal afirmó que hay informes técnicos «contradictorios» sobre el acuerdo del pleno. «Abogacía do Estado e Deputación danos a razón e secretaría non», dijo. Criticó que alcaldía no recurriera en su momento la sentencia sobre el sueldo de la trabajadora ni hiciera una nueva valoración del complemento específico. «Parece que tiña interese neste macrosalario», opinó.

El asunto fue a pleno siete veces

Junio de 2017. El gobierno lleva a pleno una propuesta de retribución salarial elaborada por un comité con un complemento específico (CE) de 17.000 euros. La oposición, con la abstención de Escontrela, vota en contra tras pedir que quedase sobre la mesa para mejor estudio.

Agosto de 2017. PP y no adscritos solicitan una nueva valoración al ver «excesivamente alto» el CE. La moción quedó pendiente a la espera de un informe jurídico.

Septiembre de 2017. Aprobada la moción para hacer una nueva valoración del puesto de trabajo.

Noviembre de 2017. La oposición anuncia una querella contra la alcaldesa (no la presentó) por incumplir el acuerdo plenario anterior.

Febrero de 2018. La oposición aprueba (con la excepción de Manuel Sangil, que se ausentó) un CE de 8.000 euros. El secretario dice que hay cinco informes en contra y advierte de posibles responsabilidades. La junta de gobierno local acuerda remitir al juzgado el acta del pleno.

Abril de 2018. Queda sobre la mesa el recurso de la trabajadora contra el acuerdo plenario que fijaba su sueldo. El bipartito anuncia que el acta del pleno irá al juzgado.

Junio de 2018. La oposición insta al pleno a que remita al juzgado y a la Fiscalía el informe de la Abogacía del Estado.

 

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