El ministerio fiscal solicitó este jueves una pena de dos años de prisión y 3.360 euros de multa para un hostelero sarriano —O.L.D., de 32 años de edad— como autor de un delito contra el medio ambiente en su modalidad de emisión indebida de ruidos. El hombre, que regentó durante dos años un pub en la Rúa Gregorio Fernández, está acusado de poner la música de su local a un volumen tan elevado que ocasionó problemas de salud a varios vecinos, algunos de los cuales tuvieron incluso que abandonar su domicilio y buscar otro sitio donde vivir.
El ministerio fiscal explicó que el acusado alquiló el bar La Oficina en enero de 2016 y mantuvo su actividad hasta diciembre de 2018. Así, "con consciente desprecio por la salud de terceras personas y con conocimiento de que su actividad podría estar causando perjuicios a los vecinos de la zona por el fuerte ruido provocado por la música", incumplió lo dispuesto en el Decreto 106/2015 sobre contaminación acústica de Galicia, en el RD 1367/2007 y en la Ordenanza Municipal de Limpieza y Protección Medioambiental, "manteniendo hasta altas horas de la madrugada un volumen de emisión de sonido procedente del local superior al máximo permitido por estas normas para horario nocturno".
Tras multitud de quejas vecinales por este motivo, la junta de gobierno del Concello de Sarria le abrió un expediente sancionador y el 23 de mayo de 2018 le dio un plazo de tres meses para corregir las deficiencias que se recogían en el informe de la técnica municipal, que instaba al hostelero a "modificar la actividad a cafetería, respetar el horario de cierre y reducir la producción de ruidos". El acusado incumplió estos requerimientos, por lo que el 8 de junio le precintaron los equipos de música y otros aparatos que se encontraban en el interior del establecimiento.
Aun así, según la versión de la Fiscalía, el acusado "siguió manteniendo hasta altas horas de la madrugada un volumen de emisión de sonido procedente de su local superior al máximo permitido, valiéndose de ordenadores portátiles o conectando mecanismos a los televisores del establecimiento, desoyendo las continuas advertencias efectuadas por los agentes de la Policía Local que se personaban reiteradamente en el lugar". La acusación pública alegó además que el acusado bajaba el volumen cuando llegaba la Policía y lo volvía a subir en cuanto se marchaba, "hechos por los que se siguió el oportuno procedimiento por desobediencia", matiza.
Tal y como recoge el escrito de acusación, todas estas infracciones generaron "grave riesgo para la salud psíquica y física de los vecinos", algunos de los cuales tuvieron que abandonar su domicilio "ante la insoportable situación en que los había sumido el acusado". Al menos cinco afectados sufrieron trastornos de ansiedad y de tipo depresivo, por lo que estuvieron a tratamiento médico. Para ellos, la Fiscalía pide indemnizaciones que suman 51.000 euros, de los que sería responsable civil subsidiario el dueño del local.
Actualmente, el establecimiento que regentaba el acusado, en el número 36 de la Rúa Gregorio Fernández, se encuentra cerrado.
