El grupo de gobierno de Sarria responsabilizó este martes a la oposición del retraso en el pago de facturas a proveedores por importe de más de 300.000 euros, las cuales no podrán ser abonadas, según su versión, hasta el mes de junio.
La alcaldesa socialista, Pilar López, y el resto de miembros de su gobierno (faltaba José Manuel López) ofrecieron una rueda de prensa en la que acusaron a los diez concejales de la oposición (siete del PP, dos no adscritos y uno de IG) de "boicotear" estos pagos, "antepoñendo o seu odio ao goberno aos intereses dos sarriaos".
La polémica viene motivada por el último pleno, en el cual el gobierno en minoría presentó varios reconocimientos extrajudiciales de crédito, los cuales quedaron sobre la mesa con los votos de los diez concejales de la oposición, que pidieron la retirada del orden del día para mejor estudio y una reunión previa con intervención.
El gobierno de Sarria, en situación de minoría, trabaja con los presupuestos prorrogados desde su llegada en 2015
Según el gobierno, con la decisión de "non aprobar" esos reconocimientos de crédito, obligan a los proveedores a acudir al juzgado si quieren cobrar antes de seis meses, situación que afecta "a máis de 200 familias". Se trata de facturas del año 2016, "que quedarán sen pagar como mínimo ata que a liquidación do ano 2017 estea rematada, algo imposible de facer ata o mes de xuño do 2018. Síntoo polos provedores, pero este goberno ten as mans atadas", afirma Pilar López, según la cual "a ningún cordo se lle puidese pasar pola mente que isto puidese suceder, xa que na historia deste Concello, fose quen fose o que gobernase, nunca tal cousa pasou".
¿Por qué no se convoca un pleno extraordinario para presentar de nuevo a aprobación esos reconocimientos de crédito? Según la tesis del gobierno, no hay tiempo material porque toda la tramitación (incluida exposición pública) debería estar finalizada a 31 de diciembre. Argumenta también que no fue posible tratar este punto en un pleno anterior porque no estaba aprobada la cuenta general de 2016 y que ahora habrá que esperar a la liquidación de 2017.
El equipo de gobierno sostiene que los reconocimientos extrajudiciales de crédito son un procedimiento "habitual", de modo que durante el anterior mandato del PP se aprobaron "sete iguais" y el pasado año otro por más de 800.000 euros "correspondentes na súa maioría a facturas do 2015" del gobierno precedente.
Con respecto a la falta de información denunciada por la oposición, alega que el expediente estuvo disponible en la sede electrónica unos diez días. El reconocimiento de crédito llevado a pleno cuenta también con reparos de intervención por fraccionamiento del contrato pero, según el gobierno, son similares a los que había en 2014, 2015 y 2016, que se subsanarán con la incorporación de la plaza de un técnico para sacar a licitación los contratos pendientes.
Por último, opina que la oposición podría abstenerse sin asumir responsabilidades y la acusa de "bloqueo ao goberno sen importarlle en absoluto os veciños".
El gobierno de Sarria, en situación de minoría, trabaja con los presupuestos prorrogados desde su llegada en 2015, sin que haya presentado hasta ahora ninguna propuesta al pleno. Según dijo este martes, pedirá ayuda a la Diputación para elaborar nuevas cuentas, para las cuales sigue sin fecha.
