La anterior concesionaria del servicio de limpieza del colegio Frei Luis de Granada de Sarria reclama al Ayuntamiento una indemnización de 12.295 euros por "incumplimiento de contrato", así como la devolución de la fianza que entregó en el año 1980 —44.000 pesetas (264,45 euros)—, más los intereses legales correspondientes desde entonces.
Según explica, el 5 de septiembre de 1980 el Concello le adjudicó de forma definitiva la limpieza por un millón de pesetas, aunque ya venía ofreciendo el servicio en el centro desde su apertura, hace unos 40 años. La empresa indica que entonces se le concedió el contrato por dos años, pero las cláusulas fijaban que se le podría prorrogar por anualidades sucesivas y en idénticas condiciones. Y así fue y se le venía renovando de forma tácita, manifiesta.
Lo mismo ocurrió el 20 de septiembre de 2016, pues no hubo "requerimiento alguno para el abandono del servicio previamente a la reconducción tácita", señala en un escrito registrado en el Concello. Para la firma, la administración municipal también estuvo de acuerdo con la renovación del contrato, ya que continuó abonando el servicio hasta que decidió resolverlo.
La empresa asegura que el 15 de noviembre del pasado año recibió una comunicación firmada por la alcaldesa en la que se le señala que desde el 1 de diciembre el servicio que prestaba lo llevaría a cabo la empresa que resultó adjudicataria en un concurso. La firma considera que su contrato estaba en vigor al menos hasta el 4 de septiembre de 2017 y, por ello, remitió el 25 de noviembre de 2016 un escrito al Concello a este respecto. Sin embargo, "no ha obtenido respuesta", manifiesta.
RESOLUCIÓN "NULA". Para la antigua concesionaria, la administración local resolvió el contrato "de forma unilateral e ilegal, sin procedimiento alguno" y cree que la resolución es "nula". Por ello, el pasado lunes la empresa registró un nuevo escrito en el Ayuntamiento, en el que reclama la indemnización de 12.295 euros.
Estas son las pérdidas que la antigua concesionaria asegura que tuvo entre el 1 de diciembre de 2016 y el 4 de septiembre de este año, cuando finalizaba el contrato. En esta cuantía se incluyen sueldos, tasas de la Seguridad Social y consumos de explotación, entre otros conceptos. Además, denuncia que no le devolvió la fianza que depositó en su momento y reclama su reembolso, más los intereses.
