La familia de Samos que denunció la alteración de la sepultura en la que reposan tres antepasados suyos y otra persona muy cercana reclama que se reabra la tumba para poder constatar que los restos mortales de sus seres queridos continúan en el lugar.
Además, demandan que el nicho vuelva a su estado anterior, toda vez que se ha cambiado la lápida de mármol y se han retirado las inscripciones con los nombres de las personas fallecidas.
"Queremos tener la confirmación de que los restos siguen ahí y para eso hay que abrir", asegura la familia Vila Toirán, cuya sepultura en el cementerio parrroquial de San Martiño do Real apareció modificada y los restos movidos a la parte inferior sin que ellos, según declaran, supieran nada.
Por ello, formularon una denuncia ante la Guardia Civil en Barcelona, donde tienen su residencia, lo que dio pie a la apertura de unas diligencias previas penales en el juzgado de Sarria por un presunto delito contra el respeto a los difuntos, las cuales fueron archivadas provisionalmente al entender este órgano que se trata de un conflicto por la titularidad del nicho que corresponde al ámbito civil. Los afectados presentaron un recurso contra esta decisión.
Los hechos se remontan al mes de diciembre cuando tuvieron conocimiento por llamadas telefónicas de vecinos de que la tumba en la que entierran "desde el año 1948" había sido modificada.
Unos parientes lejanos solicitaron los servicios de una funeraria para que moviera los restos de los difuntos a la parte inferior, achicara agua y cambiara la lápida, donde ahora aparece el nombre de esta familia.
Según declararon en el juzgado, lo hicieron porque es de su propiedad, para reparar daños y con la intención de utilizarlo para sus enterramientos cuando llegue el momento.
Los denunciantes, por su parte, defienden que el nicho es suyo y dicen no entender que se puedan mover unos restos que corresponden a familiares directos a sus espaldas y sin que, según su versión, exista un título de propiedad de la sepultura ni permisos como el de Patrimonio o el del Obispado a mayores del de Sanidad, que sí consta, aunque figura con fecha posterior a la denuncia.
Pese a que el juzgado señala que no hubo delito contra el respeto a los difuntos y que los restos fueron tratados sin alteración y conforme a la legalidad vigente, a los denunciantes les quedan dudas porque, según afirman, no supieron del cambio hasta que ya estaba hecho, lo que fue para ellos una "sorpresa" y un "disgusto".
La situación les ha llevado a iniciar una batalla judicial que dicen que llevarán hasta el final . Quieren saber si hubo alguna petición de permiso al monasterio de Samos, como señala la otra parte, y que se les certifique que los restos de los difuntos siguen allí.
