Un total de 53 personas solicitaron acogerse a la eutanasia en Galicia desde la aprobación de esta ley en el mes de junio de 2021, de las cuales se aplicaron 17 prestaciones de ayuda a morir, según se puso de manifiesto este jueves durante la segunda sesión de las Jornadas Jurídicas Román García Varela del Concello de Sarria.
Este foro, dedicado en esta decimosexta edición a los retos del Estado de Derecho en el siglo XXI, reunió en la casa de la cultura a destacados expertos que analizaron temas como las posibilidades de reforma del sistema tributario español dentro del contexto de crisis económica actual o las cuestiones jurídicas y éticas que envuelven a la eutanasia.
Sobre este último aspecto habló, entre otros, la anestesióloga y presidenta de la Comisión de Garantía e Avaliación da Eutanasia en Galicia, Nieves Molins, quien ofreció datos sobre las solicitudes recibidas, con una media de resolución de "55 días". Al margen de las 17 prestaciones de ayuda realizadas, hubo casos de personas que fallecieron durante el proceso, revocaciones de la petición y denegaciones, señaló la ponente, quien explicó también el papel del médico responsable, la importancia de que el paciente conozca sus alternativas o la dificultad que supone en ocasiones determinar el sufrimiento dado no solo el componente físico sino el psicológico, asistencial o social.
Sobre la eutanasia, que la ley regula en caso de enfermedad grave e incurable o padecimiento grave, crónico e imposibilitante, disertaron también el magistrado del Supremo Antonio del Moral, el expresidente del TSXG Miguel Ángel Cadenas y el profesor de Ciencias Políticas y Sociología de la USC Xosé Luis Barreiro, en una mesa redonda moderada por la jueza decana de Lugo, Olalla Díaz.
Previamente, el magistrado Fernando Ledesma condujo otro debate sobre la reforma del sistema tributario con la participación de la presidenta-directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Isabel Valldecabres; el rector de la USC, Antonio López; el magistrado en excedencia Joaquín Huelin y el letrado Javier Ortega, del bufete Montero Aramburu.
