El detective de la residencia da a la jueza los informes de las trabajadoras

También entregó otra documentación y defendió que la investigación fue conforme a la ley  El alcalde ratificó la denuncia y el edil Benjamín Escontrela acudirá otro día a declarar
El edil Benjamín Escontrela. AEP
photo_camera El edil Benjamín Escontrela. AEP

El detective de la empresa InvestigaMás, contratado en 2019 por Benjamín Escontrela, entonces concejal de Servizos Sociais y responsable de la residencia de mayores Nosa Señora do Carme de Sarria, entregó este viernes en el juzgado diversa documentación, entre la que figuraron los nueve informes sobre las investigaciones a trabajadoras del geriátrico.

El profesional declaró este viernes como investigado ante el tribunal, por el que también pasó el alcalde, Claudio Garrido, como testigo. Además, estaba citado como investigado Escontrela, quien finalmente no acudió a declarar porque su abogado tenía un juicio en otro tribunal y acudirá otro día.

El Concello había dado traslado del caso al juzgado, que abrió diligencias previas para determinar si hubo malversación o falsedad. El regidor ratificó la denuncia.

Por su parte, el detective, que defendió que realizó el trabajo conforme a la ley, presentó los expedientes realizados para investigar bajas laborales de empleadas de la residencia. Según señaló, transcurridos tres años del trabajo no tiene la obligación de conservarlos, pero insistió en que él quiere "colaborar con la justicia y que se esclarezca" todo.

También entregó en el tribunal la documentación presentada por Escontrela acreditando su "interés legítimo" a la hora de realizar los contratos, entre la que figura su DNI, decreto en el que se le nombra presidente de la residencia y la documentación que acredita que las personas investigadas trabajan en el geriátrico, explicó. Además, indicó, presentó todas las facturas, el documento de entrega y recepción de los informes del edil, burofax de requerimiento de pago porque no se le abonaban los trabajos y el libro de registro donde quedan apuntadas todas sus investigaciones, el cual es diligenciado por la Unidad Central de Seguridad Privada, dependiente del Ministerio del Interior.

Tal y como apuntó, también aportó una grabación de una conversación telefónica, que fue admitida por la jueza como prueba. El detective aseguró que dará todo lo que el tribunal le solicite.

Él explicó que su negativa a remitir los informes al gobierno fue siguiendo la Ley de Seguridad Privada, que indica que estos serán entregados a la persona que los encargó. Según explicó, le fueron requeridos por el alcalde, pero que este "no entregó documentación alguna acreditando su interés legítimo". También aclaró que él no llamó telefónicamente al regidor, sino que fue este el que se puso en contacto con él.

El detective hizo hincapié en que "no espiamos a nadie, investigamos y lo hacemos de forma proporcional, idónea, necesaria y con arreglo a la ley". "Observamos los derechos fundamentales de los investigados", reiteró.

Denunció el "daño muy grave" que hicieron a su empresa al "cuestionar" su trabajo. Una vez que se resuelva el caso, anunció que emprenderá acciones legales "contra quien a sabiendas y malintencionadamente mintió y me creó un desprestigio profesional y personal". "Me siento ofendido yo y el colectivo de detectives", dijo.

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