El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Lugo anuló las resoluciones del Ayuntamiento de Sarria por las que dio de baja de oficio a los beneficiarios de la póliza sanitaria del oficial de la Policía Local, por lo que tienen que ser readmitidos.
Los doce funcionarios más antiguos del Concello (entre los que está el agente) contaban con una póliza de Adeslas y el gobierno inició un procedimiento con el fin de integrarlos en el régimen de la Seguridad Social.
En noviembre de 2016 la alcaldesa dictó una resolución para que estos trabajadores justificaran que los beneficiarios de la póliza mayores de 16 años no se encontraban dados de alta en ningún otro sistema de previsión que preste asistencia sanitaria o en la Seguridad Social y que a los menores de esa edad se optase expresamente por mantenerlos en la póliza municipal o en la del otro progenitor.
En el requerimiento se advertía a los funcionarios de que, en el caso de no dar respuesta al Concello, este procedería de oficio a dar de baja a los menores del seguro.
La resolución fue notificada a los trabajadores. En el caso del oficial se trató de entregarla en su domicilio el 1 y 2 de diciembre de 2016, aunque no se encontraba en la vivienda. No consta que se dejara aviso de ningún tipo y posteriormente no se procedió a su notificación por edicto, apunta el fallo judicial.
El 30 de diciembre, el Ayuntamiento emitió un decreto por el que da de baja, con efectos del 1 de enero de 2017, a los beneficiarios de la póliza del agente, el cual se trató de entregar al funcionario en dos ocasiones, pero también sin éxito. Posteriormente, la administración local se la notificó por vía edictal a través del Boletín Oficial del Estado.
Tras ello, el oficial, defendido por el abogado Jesús García Bernardo, presentó un recurso contencioso-administrativo contra dichas resoluciones.
El juzgado considera que el Ayuntamiento incurrió en «una clara infracción del ordenamiento jurídico» porque no se ha llevado a cabo la notificación del requerimiento de acuerdo con las formalidades previstas en la ley.
Para el tribunal, «la omisión de ese fundamental trámite generó indefensión a la parte recurrente, al no haber gozado de la oportunidad de presentar la documentación requerida en virtud de un requerimiento que nunca recibió». Además, se le privó de la posibilidad de efectuar alegaciones y oponerse a la decisión del Concello de dar de baja a los beneficiarios de su póliza sanitaria, indica.
El juzgado estimó el recurso del oficial y anuló las resoluciones. Las actuaciones se deberán retrotraer ahora hasta el momento de la notificación del Ayuntamiento del requerimiento de noviembre.
