La junta de gobierno local de Sarria acordó solicitar a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) que elabore el proyecto para finalizar las obras de Ponte Ribeira.
El documento quieren que sea redactado de acuerdo con las directrices del gobierno, es decir, respetando el caudal hidráulico recogido en el plan de encauzamiento y protegiendo el estribo izquierdo, indicó la concejala del Camino de Santiago y cultura, Reyes Abella.
El Ayuntamiento demanda a la Confederación que elabore el proyecto como "organismo responsable" de la obra y de este bien público. Reclama que asuma la responsabilidad y las competencias que tiene en la materia.
La solicitud a la CHMS de que redacte el nuevo proyecto se produce después de que el Concello acordara en la anterior junta de gobierno rescindir el contrato a la adjudicataria de los trabajos de Ponte Ribeira. Esta decisión se tomó porque la dirección de obra presentó una propuesta de modificación del proyecto que conlleva un aumento en el coste de los trabajos, pasando de los 392.074 euros en la que fue contratada a los 553.273. Supone un incremento del 41,11% , lo que supera el 20%, porcentaje a partir del que se debe rescindir un contrato.
ESTRUCTURA. Estos trámites son un contratiempo más en la historia del viaducto. El gobierno baraja reabrirlo con una estructura provisional que permita el paso de peatones y habilitar el tráfico de vehículos en un único sentido.
Ponte Ribeira lleva ya cortada cerca de cinco años, de forma que está cerrada al paso de automóviles y viandantes. Además, por este viaducto discurre el Camino.
El puente fue cortado en 2014 para reformarlo dentro de las obras del encauzamiento, aunque poco después el juzgado sarriano paralizó los trabajos tras una denuncia de la Plataforma polo Río por un supuesto delito contra el patrimonio histórico. En 2016 se archivó la causa, lo que supuso el levantamiento de la paralización de las obras. Ya en 2018 fueron adjudicados los trabajos, pero un informe de secretaría consideraba nula la contratación. El Concello quería costearlos con una aportación de 150.000 euros de la Diputación y la cuantía restante con el dinero procedente de la venta de un piso en Madrid que dejó en herencia al Ayuntamiento José Sánchez Arias.
