El Concello de Sarria no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula el cierre de una fábrica del barrio de As Insuas de la villa sarriana. Así lo señaló el gobierno en el último pleno a raíz de una pregunta del PP.
El TSXG confirmó recientemente el fallo del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Lugo por el que anuló una resolución del 28 de diciembre de 2015 de la anterior alcaldesa por la que clausuró la actividad de Puertas Loyo. Contra esa primera sentencia el Ayuntamiento presentó un recurso, que fue desestimado por el TSXG. Ahora la administración podría interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, para lo que dispone de un plazo de 30 días desde que se le notificó el fallo. Sin embargo, el gobierno decidió no hacerlo.
Las dos sentencias fueron muy duras con el Concello. Le recriminaron que "no actuó correctamente" al no realizar ninguna comprobación antes de cerrar la fábrica de As Insuas por decreto de alcaldía tras la denuncia de un vecino.
Al no recurrir el Ayuntamiento, los propietarios de la fábrica podrían presentar ya una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la administración local por el cierre. A raíz de este, la empresa estuvo parada cuatro meses hasta que encontraron una nave a la que trasladarse, en el polígono de O Morelle. Por estas instalaciones tienen que pagar un alquiler, mientras que las del barrio de As Insuas son de su propiedad y no suponían una renta.
Por otro lado, en el último pleno también se abordó una moción del PP para que se finalicen las obras de la Rúa Diego Pazos. Este partido, al igual que PSOE y BNG, consideran que el Concello debe ejecutar las obras y no esperar a un proceso judicial para reclamar responsabilidades por los defectos en la calle, lo que podría alargarse en el tiempo. El gobierno sostuvo que la obra es "urgente", pero tiene un coste de 235.000 euros y deben buscar financiación.
La moción fue aprobada por unanimidad. No ocurrió lo mismo con otra petición del PP para que no se derribe el palco de Barbadelo, que fue rechazada. El gobierno aseguró que no se tirará.
